El gobierno chileno ha presentado a su Congreso una Estrategia de Seguridad y Defensa cuya publicidad, a la vez que debate, despierta legítimas dudas en sus vecinos.
A pesar de que ese documento (según la versión obtenida del portal del Ministerio de Defensa de Chile) tiene muchas de las características de un libro blanco (cuya función principal es generar confianza y/o disminuir el grado de incertidumbre en los interlocutores), éste va más allá de esa intención. La presentación de intereses, capacidades, escenarios y tipo de interacción busca la aprobación del Legislativo y, por tanto, la asignación de recursos destinados a implementar la política de seguridad y defensa de Chile. La multidimensionalidad y alcance de propósitos y objetivos de esa Estrategia sugieren que, a pesar de la revisión de la ley reservada del cobre, ese presupuesto seguirá siendo mayor. En consecuencia, seguirá agregando capacidades a una infraestructura y proyección de fuerza que ya es predominante en el Pacífico Sur.
Buena parte de ese status contrasta, sin embargo, con la insistencia de la Estrategia en la cooperación internacional, la responsabilidad colectiva, la confrontación cooperativa de amenazas y riesgos trasnacionales comunes, el compromiso con la estabilidad internacional al amparo de la ONU (especialmente en operaciones de mantenimiento de la paz) y la buena relación lograda con Argentina.
Por lo demás, la Estrategia parte de la premisa de que la probabilidad de conflicto convencional interestatal es muy baja en la región (nivel que, según el texto, es necesario no escalar) y que las amenazas y riesgos trasnacionales que enfatiza son derivaciones, localizadas o no, de las disfunciones de la globalización.
De esas premisas surgen, sin embargo, dos afirmaciones que deben esclarecerse y que, mientras tanto, merecen la atención vecinal. Primero, que el escenario de conflicto ha mutado del ámbito interestatal al intraestatal. Segundo, que habiéndose adelgazado adicionalmente el delgado límite existente entre la defensa y la seguridad, el nuevo escenario estratégico requiere la acción conjunta de las instituciones correspondientes.
La primer afirmación es preocupante porque la Estrategia chilena no distingue el ámbito restringido del conflicto intraestatal (que se gestiona en el ámbito de la soberanía y jurisdicción nacionales) del conflicto trasnacional. Y, en consecuencia, asume que Chile puede definir por cuenta propia tanto esas amenazas y riesgos como las respuestas correspondientes.
Ello es especialmente preocupante porque entre esas amenazas se encuentra el narcotráfico cuyas fuentes la Estrategia ubica en la vecindad del “Norte Grande” (donde el Plan Frontera Norte Segura debe actuar con medios complejos). Aunque no se menciona al Perú ni a Bolivia, es evidente que son estos países las fuentes principales de esa amenaza cuyo nivel y respuesta acorde podrá ser decidida unilateralmente por Chile.
Más allá de la responsabilidad que cabe al Perú para erradicar al narcotráfico y cancelarlo como amenaza directa a la subsistencia del propio Estado, el caso es que la Estrategia no enfatiza al respecto la prioridad de la cooperación que sí propone en otros ámbitos.
Como es evidente, esta materia, que es definida por Chile como la peor forma del crimen organizado, debe ser discutida en los ámbito bilateral y multilateral correspondientes y de manera distinta a las amenazas y riesgos derivados de otras fuentes no convencionales de conflictos reconocidos por ese Estado como son el acceso al agua, a la energía y a los recursos naturales.
En un marco de tal complejidad, se requiere evaluación y confrontación específicas de amenazas ambiguas para superar el riesgo de la dispersión de esfuerzos (que es una tendencia reconociblemente orientada al fracaso).
Especialmente cuando por toda respuesta a estas amenazas se apela a una “solución integral” asumiendo al respecto que basta con la correcta asignación de roles para solventar los graves problemas de oscuridad en el planeamiento, la separación de escenarios yuxtapuestos y la identificación de agentes hostiles que se mimetizan socialmente.
Desde la perspectiva externa de un vecino como el Perú, la especificidad razonable es aquí aún más necesaria cuando la aproximación “integral” lleva a Chile a proponer como solución estratégica a la confrontación de la amenaza no tradicional la unificación de la defensa y la seguridad articulando fuerzas bajo un comando integrado. Éste es el segundo gran problema que presenta la Estrategia chilena.
La primera conclusión al respecto es que ese esquema lleva eventualmente a la plena militarización de la Estrategia. A ello se agrega el riesgo mayor que supone el concurso público-privado y de la sociedad civil reclamado por ella sin una adecuada diferenciación de los campos de responsabilidad de cada quién. Al integrar de esta manera los escenarios de seguridad y de la defensa frente a una amenaza no convencional Chile se encuentra frente un extraordinario “overshooting” en el esfuerzo de defensa.
En el caso específico de la preocupación chilena por el narcotráfico, ese “overshooting” implica el incremento de la magnitud del problema antes que su acotación en tanto a las interacciones que articulan los agentes agresores se suman las de los agentes que se defienden de la amenaza. De esta manera se tiende a ampliar el escenario cuya naturaleza ha sido definida como trasnacional. Y en él los que pretenden defenderse pueden atacar. Esa opción estará más al alcance de la mano si los que se defienden consideran como opción la “acción preventiva” sin definirla.
El mismo riesgo se presenta para la confrontación de las otras amenazas no convencionales clasificadas dentro del esquema integral de la Estrategia chileno. Ello genera inseguridad en el vecino de no mediar la especificación de la materia y la cooperación debidas. El problema se complica más si se considera que el planeamiento estratégico chileno se realizaría en función de las capacidades de la fuerza antes que en función de las necesidades de la amenaza. Dado que éstas son inciertas, dice la Estrategia, Chile deberá contar con las capacidades adecuadas a la incertidumbre.
En una situación de superioridad militar chilena, el incremento de esas capacidades aumentará aún más la asimetría en el Pacífico Sur en materia de defensa sin ninguna atención al balance. Más aún, cuando la Estrategia pretende asegurar medios para la acción distante que, si bien parece describirse como orientada a operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU, también puede ser reorientadas a otros propósitos. Especialmente cuando se plantea que el requerimiento del conflicto convencional es anticiparlo, lograr rápida superioridad en el terreno, acción a larga distancia y triunfo en el corto plazo.
El Perú debe plantear su propia estrategia de seguridad y defensa. Al hacerlo, debe lograr clarificar con Chile los problemas que presenta la Estrategia de ese vecino y asegurar también el concurso occidental (Estados Unidos, Unión Europea y Brasil) que Chile convoca para su propio esfuerzo de seguridad y defensa.
