19 de octubre de 2021
Desde que, en 2004, una iniciativa venezolana-cubana estableció el ALBA como una “alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran”, los intentos de intervenir en los asuntos internos de los vecinos (y de entorpecer la relación de éstos entre sí y con el mundo) no han cesado.
El pretexto intervencionista, explícito en la formulación pero sórdido y subterráneo en la práctica, fue la referencia trasnacional a “los pueblos” antes que al vínculo internacional que corresponde a los Estados. Sin embargo, los gobiernos afectados de la época no desarrollaron políticas de contención de esa influencia creyendo que para ello bastaba la modernidad de su curso liberal.
Y cuando Evo Morales instrumentó el postulado anterior anunciando que la conducta externa de Bolivia se regiría por la “diplomacia de los pueblos”, la tendencia intervencionista del ALBA, restringida entonces a Venezuela y Cuba, añadió al “Estado Plurinacional” como socio operativo. Quizás Morales fue el primero en cancelar oficialmente la distinción entre la diplomacia internacional y la transnacional. Y la naturaleza expansionista de esa “diplomacia” encontró en el Perú su primer objetivo concreto.
La primera aplicación formal de ese instrumento en el país (no nos referimos ahora a la que corresponde al narcotráfico) estuvo a cargo de embajadores bolivianos que se hicieron notar menos por intentos de mejorar los términos de la relación bilateral que por sus campañas de proselitismo ideológico en el interior del país (más adelante, el ex-canciller Choquehuanca llevaría esa campaña a universidades limeñas con gran despliegue escenográfico y de oratoria milenarista, la que llegó al extremo de intentar la explicación astrológica de la wiphala!!!!.
Frente a esta anomalía la Cancillería peruana tampoco reaccionó adecuadamente. Al fin y al cabo, las capacidades peruanas no sólo eran superiores sino que se racionalizaba en el hecho de que Bolivia necesitaba más del Perú que a la inversa. En consecuencia, el intervencionismo del vecino se hizo constante cuando su objetivo era ya el de la “plurinacionalización” de la región.
Luego de que la nueva constitución boliviana estableciera el “Estado Plurinacional” (en vigencia desde el 2009) con vocación de refundación plena (lo ocurrido en Bolivia hasta esa fecha sería recordado pero quedaba constitucionalmente cancelado por la nueva era) su autopercepción identitaria (la de los pueblos originarios) y geopolítica (el centro de Suramérica) devino en algo más que una afirmación académica preestablecida.
La implicancia diplomática y geopolítica del hecho para el Perú fue llevada, con preocupación por algunos de nosotros a los medios, pero allí se consideró que el avance liberal del Perú estaba por encima de esa circunstancia mientras que se descartaba la significación geopolítica como mero anacronismo.
Pero he aquí, que doce años después esos mismos medios (Panorama. p.e.) reportan, con escándalo neonato, que el MAS boliviano (el partido fundado por Morales) tiene una sede en el Cusco, denominada MAS-IMSP (Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos). Sus representantes locales, luego de un intenso trabajo boliviano de activo proselitismo fundado en un muy fuerte componente cocalero, ha solicitado al presidente boliviano Luis Arce que designe como Cónsul de su país en esa ciudad peruana al ideólogo y propagandista Cecilio Ilasaca.
El discurso proselitista de ese personaje tiene claro que las libertades republicanas occidentales deben ser reemplazadas por las nativistas. Además la diplomacia interestatal “colonialista” debe ser sustituida por el contacto directo entre los “pueblos” con el propósito de ampliar el ámbito del “Estado plurinacional” cuya dinámica debe expandirse a todo el Perú (empezando por la Macro-región Sur), Chile y Argentina. El expresidente boliviano Jorge Fernando Quiroga explica al respecto, que el marco en que procede el MAS es el del Grupo de Puebla (foro también conocido por la Cancillería peruana frente al cual tampoco ha reaccionado de manera adecuada).
Este esquema habría sido tratado por Morales y el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el presidente Castillo (quien invitó a Morales a la ceremonia de toma de posesión del cargo el 28 de julio pasado recibiéndosele con tanta deferencia que procedió éste a atestiguar la consolidación del sindicato de Castillo -el Fenate-).
Esta situación de injerencia manifiesta es agravada por la disposición del gobierno peruano a expresar aquiescencia al modus operandi externo de Morales –que, como es evidente, es el jefe político del partido que ejerce el gobierno del MAS y no sólo un agente social- sin que la Cancillería tampoco exprese opinión o sugiera rechazo alguno. Ese aval no sólo atenta contra el interés nacional sin que recuerda la forma cómo Fidel Castro paseó por Chile prolongando escandalosamente una invitación oficial del gobierno de Allende con las consecuencias del caso.
La pasividad de Torre Tagle al respecto se suma a la reciente vulneración de los principios que guían nuestra política exterior al haber reconocido el gobierno al dictador Maduro y, por tanto, fracturado la posición peruana de defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos.
Estos hechos deben ser explicados.
