La convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para considerar la presencia de grupos de las FARC en territorio venezolano, que afecta la seguridad nacional de Colombia, ha levantado sospechas por su oportunidad. Como las ha levantado también la iniciativa del Senado chileno para participar como observador en las elecciones venezolanas.
Sobre lo primero se puede decir lo siguiente. Dado que el 7 de agosto asume Juan Manuel Santos la presidencia colombiana y éste ha adelantado su propósito de aproximarse a Venezuela y de diversificar su política exterior, la iniciativa del Presidente Uribe pareciera buscar impedir que esa agenda se despliegue a costa de la lucha contra las FARC al tiempo de resolver cuentas pendientes entre los señores Santos y Uribe, se dice. La primera imputación proviene del gobierno venezolano, pero es también expresada por la oposición colombiana; y la segunda, la suscriben publicaciones bien informadas como The Economist.
Y es verdad que la práctica indica que el presidente saliente debe hacer sitio al presidente entrante en lugar de enfrascarse en una contienda internacional. Especialmente si el presidente electo ha sido ministro de Defensa del presidente saliente y, por tanto, ha compartido el peso de la lucha contra el narcoterrorista con él.
Aunque en el oscuro escenario de la contrainsurgencia es difícil dilucidar las rencillas que surgen en los procesos que llevan a éxitos o fracasos (la captura de Abimael Guzmán ha evidenciado ese fenómeno en el Perú), es sensato intentar algunas explicaciones alternativas para dilucidar este hecho.
La primera parte del hecho de que la lucha contra las FARC sigue siendo un interés vital de Colombia y que debiera serlo para el resto del continente. Independientemente de que el presidente Santos desee una aproximación con Venezuela, el hecho es que la tolerancia ideológica que el gobernante venezolano con el grupo narcoterrorista nunca ha sido cuestionada y que la presencia de altos mandos de las FARC en Venezuela ya ha sido probada (p.e. con la captura de altos mandos de la FARC en territorio por agentes colombianos en acto imputado de ilegal). Y también es una evidencia que el cruce de la frontera por esas fuerzas es clamorosa. En consecuencia la aproximación de Santos a Venezuela sólo se puede explica por el deseo de minimizar los altos costos de la guerra (no para debilitar la lucha) y para mejorar la inserción externa de Colombia. Uribe desea que esto quede claro para todos.
Por lo demás, si la magnitud de la presencia de la organización narcoterrorista en Venezuela ya debe ser de conocimiento de los gobiernos con interés en este asunto, de lo que no hay certidumbre es sobre la posición de los Estados miembros de la OEA sobre la materia en circunstancias de cambio de gobierno en Colombia y de alteración progresiva de la correlación de fuerzas en la región. Como tampoco hay certeza de cuán comprometidos están los socios de Colombia en apoyar a ese Estado ni hasta dónde llega la disposición denegatoria del problema por los gobernantes menos complicados en el escenario (para empezar, no son pocas las potencias regionales que se niegan a calificar a las FARC como organización narcoterrorista prefiriendo términos como alzados en armas o guerrilleros).
La presentación colombiana ante la OEA permitirá esclarecer, de alguna manera, esa situación, reafirmará en la agenda de la OEA la dimensión de la amenaza que las FARC plantean y dejará constancia, una vez más, de la responsabilidad del gobierno venezolano en esta materia.
Sobre lo primero, la propuesta colombiana de constituir una comisión internacional de verificación que acuda a Venezuela, en un plazo de 30 días, para constatar la presencia de las FARC en 39 puestos en territorio venezolano no zanjará la cuestión. Lo probable es que, en el contexto de la renuencia de los países hemisféricos a involucrarse en la lucha directa contra las FARC, esa comisión no se constituya. Sin embargo, para saber quién está dónde habrá que evaluar los argumentos que se esgriman para oponerse a esa comisión.
En este punto es claro que los países del ALBA no sólo se negarán en redondo sino que atacarán al presidente Uribe dejando, en consecuencia, al presidente Santos margen para la negociación. Quizás sea esto lo que busca el presidente Uribe: perder su última batalla diplomática para organizar los parámetros de las futuras negociaciones internacionales que planteará el presidente Santos así como asegurar a los colombianos que no habrá laxitud con las FARC.
Desde esta perspectiva, la responsabilidad del presidente Chávez no podrá ser evadida con el pretexto de la creación de la atmósfera adecuada para la normalización de relaciones diplomáticas con el futuro gobierno de Santos. Pero si esa responsabilidad ya está probada, el punto es cuán eficaz puede ser al respecto la iniciativa colombiana en la OEA.
A favor de Chávez se inclinará el empleo del pretexto de la hostilidad externa para cohesionar a sus seguidores en las próximas elecciones parlamentarias del 26 de setiembre. Sin embargo, si a raíz de la crisis económica que padece Venezuela (junto con Haití, Venezuela es la único país de la región que decrecerá este año según la CEPAL), el electorado prochavista se mostrara menos convencido, el planteamiento colombiano en la OEA podría cohesionar más bien a la oposición. Sobre todo cuando Chávez insiste en alzarse con todo el poder (como lo demuestra la confiscación de Globovisión que, probablemente, tampoco sea un dechado de virtudes).
Para que la oposición tenga alguna oportunidad en esas elecciones, éstas deben ser limpias dentro de lo posible en Venezuela. Ese resultado dependerá, en no poca medida, de la atención externa. Pero ello puede prestarse a errores y excesos. Y éste es el caso del Senado chileno que ha decidido enviar observadores sin tomar en cuenta las normas de la OEA ni el requerimiento de aceptación del país donde se realiza la elección. Quizás por ello, el gobierno chileno ya ha tomado distancia de este planteamiento aunque, por su origen, lo suscriba.
Si bien ello agregará presión sobre Chávez, es posible que ese gobernante, acostumbrado a actuar bajo presión, responda con una disposición a incrementar la fragmentación regional y a intervenir en terceros países. Y al hacerlo, el problema colombiano, que es de la lucha contra las FARC, se diluya en el contexto regional. Por ello, el gobierno chileno debe replantearse su aparente disposición a jugar un rol de activismo liberal en la región. Si esa disposición existe, debe que ser articulada por el Ejecutivo, no por el parlamento. Si este último se hace de la iniciativa en política exterior, ésta sería el complemento perfecto de la diplomacia de los pueblos del gobierno boliviano y el caos sería su destino.
Si para enfrentar a las FARC el gobierno colombiano requiere de mayor participación regional, una campaña de alianzas antiterroristas –que, por alguna razón no se ha emprendido- es imprescindible. Para ello se requiere de negociaciones bilaterales que bien pueden encontrar en la OEA un foro de decantación. De la misma manera, para atajar al autoritarismo chavista, una red de Estados articulados –no de parlamentarios- es la mejor alternativa para contener a Chávez y a sus socios. El planteamiento del presidente Uribe ante la OEA abre una ventana a esas dos alternativas.
