18 de Setiembre de 2006
Mientras los gobiernos que han reconocido o felicitado al presidente electo de México, Felipe Calderón, no reaccionan frente al persistente desconocimiento del Jefe de Estado que deberá jurar el 1 de diciembre por el opositor López Obrador, una crisis de seguridad mayor sigue formándose en México.
Peor aún, si, mientras ese proceso va acompañado de la comisión continuada del delito de rebelión (la constitución mexicana lo establece en su artículo 136), la autoridad mexicana no es capaz de restablecer el orden político en ese Estado. Y mientras el señor López Obrador -y sus seguidores- vulneran el orden constitucional al proclamar un “gobierno paralelo”, los miembros del sistema interamericano se inhiben de recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática que los faculta, como al Secretario General de la OEA, a realizar una apreciación colectiva de los hechos en el marco del Consejo Permanente de ese organismo. Y para completar el escenario de la inacción, la prensa se limita a dar cuenta de los hechos y, eventualmente, de restarles importancia segura de que la convocatoria del Consejo Nacional Democrático que pretende ampliar la influencia del sedicioso López Obrador irá perdiendo apoyo (The Economist).
En un contexto en que el vacío de poder es temido tanto como el poder ilegal que pueda instalarse en él y teniendo en cuenta la dimensión del potencial expansivo de las crisis mexicanas, la desatención colectiva a la peligrosa erosión de la autoridad en ese Estado es una omisión que puede costar caro a los ciudadanos de ese país y desestabilizar a la región en su conjunto y al sistema internacional.
En el primer caso, aunque el apoyo a López Obrador vaya disminuyendo, su irresponsable voluntad de desafío y la fuerza de su radicalización no pueden ser subestimadas. En efecto, un político despechado que convoca a un millón de personas en el centro de la capital mexicana que lo reconocen como el “presidente legítimo”, que se compromete a fundar una “nueva república”, que es “autorizado” a formar gobierno, a recaudar impuestos y a ampliar la “resistencia civil” sin que la autoridad reaccione ciertamente constituye una amenaza interna que procura la confrontación civil. Desconocer ese hecho objetivo es tan irresponsable como abandonar a la ciudadanía al peligro de la violencia colectiva si el conflicto se sigue escalando. Especialmente en un escenario nacional donde las fuerzas subversivas no brillan por su ausencia y en que los agentes organizadores de amenazas globales (los carteles de narcotraficantes, p.e.) desean asegurarse la debilidad del Estado.
Por lo demás, la naturaleza geopolítica de México (limítrofe con Estados Unidos y con inmediata proyección sobre Centroamérica y la cuenca del Caribe) da cuenta de su extraordinaria capacidad de transmisión de inestabilidad si ésta se aposenta en su territorio (especialmente en un contexto de creciente ingobernabilidad centroamericana). Ese potencial se incrementará si López Obrador cuenta con socios externos en Suramérica cubriendo así la totalidad del Hemisferio. Y éstos ya existen en los gobiernos de Venezuela y de Bolivia (ambos son los únicos en la región que no han felicitado o reconocido al presidente electo Felipe Calderón) cuyos titulares tienen ostensible experiencia en el golpe de Estado de masas. En este caso, el rechazo del presidente Chávez al reconocimiento del señor Calderón ha sido especialmente duro a pesar de su origen anecdótico (el apoyo a López Obrador tiene una base en la campaña “antichavista” que realizó el señor Calderón). Aquél se da en un contexto de antinorteamericanismo agravado en el marco de la cumbre NO-AL realizada en la Habana y en la forja de la “alianza estratégica” de Venezuela con Irán perfeccionada durante la visita del presidente Ahmadinejad a Caracas. Si el movimiento de López Obrador se asimila a los propósitos antisistémicos chavistas, la relación con Irán constituirá uno de los hilos conductores globales más perversos de la crisis mexicana.
El otro es el que puede derivar del paso de la actual sensación de incertidumbre que los agentes económicos mexicanos prefieren soslayar a un cuadro de inestabilidad mayor generado por incremento del riesgo político y energético (reflejable en un incremento de los precios de petróleo) y la reducción de la inversión (México es el primer receptor de inversión extranjera de América Latina). Una combinación de mayor desaceleración económica combinada con un alza del precio del crudo catapultada por un factor de riesgo político inmanejable es, ciertamente, la receta perfecta para generar incertidumbre en Estados Unidos e inestabilidad mayor en América Latina.
Frente a este escenario, las autoridades de México y del sistema interamericano están en la obligación de actuar. El señor López Obrador debe ser persuadido de las serias consecuencias de sus acciones.
