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  • Alejandro Deustua

La Crisis Ecuatoriana

18 de abril de 2005



Como si los países andinos quisieran confirmar las peores expectativas sobre su inestabilidad política y de seguridad, Ecuador sigue ahora a Bolivia en un grave quebrantamiento del orden interno. Por la amplitud temporal de la crisis ecuatoriana y su dimensión institucional la pregunta pertinente es menos cuán intesamente afecta ésta las condiciones de gobernabilidad del Ecuador y más cuán estructuralmente arraigado está el problema. Sin lugar a duda, la magnitud de la crisis de liderazgo que vive ese vecino –como casi todos en la subregión- es tan intensa que puede subordinar el impacto de los otros estratos del problema.


Así podría decirse que una economía que creció a 6.3% el 2004 (CEPAL), con exportaciones de alrededor de US$ 6 mil millones impulsadas por la extraordinaria demanda de petróleo y un fuerte concurso de inversión extranjera directa (más de US$ 1000 millones anuales desde el 2001) debería poder manejar sus desequilibrios a pesar de las limitaciones de la dolarización. Y, en efecto, eso es lo que ha venido ocurriendo: crecimiento con reducción de la inflación y fortalecimiento fiscal respaldado activamente por el FMI.


Como en el resto de los países andinos, sin embargo, los buenos números no mitigan las expectativas de los pequeños participantes del mercado y, mucho menos, las de los excluidos. Especialmente cuando éstos son mayoría (65% de pobreza).


Pero éste es un problema tan general, se dirá, que no basta para definir la magnitud del problema actual focalizado en la calidad del liderazgo poítico. Menos aún cuando Ecuador puede manejar mejor los desequilibrios sociales en tanto es un país de regionalismos relativamente mejor organizados que el resto del escenario andino (y que, además, se gestionan, como en Quito y Guayaquil, con importante reconocimiento y apoyo populares).


Esa respuesta no tiene en cuenta, sin embargo, que los excluidos hoy no sólo se movilizan más y mejor sino que el influjo de la violencia, proveniente de Colombia, puede arraigarse en ellos como forma de protesta.


Por lo demás, como éste es un problema compartido entre los países andinos quizás tampoco sea percibido como uno que explique suficientemente la crisis ecuatoriana. Lo mismo puede decirse de la crisis de los partidos. Especialmente si su decaimiento es compensado por las alianzas que éstos tejen entre sí y por la capacidad de organización de la sociedad que tiene otros actores hasta hace poco emergentes y hoy establecidos: la CONAIE, uno de los más activos aglutinadores sociales.


Pero esa reacción no percibe que los liderazgos de esos partidos, exceptuando a la Sociedad Patriótica y al Partido Roldosista- mantienen una puja con el oficialismo que parece ligada a lo que éstos entienden como el intento de excluirlos del escenario político desde la última campaña electoral (especialmente en el caso de Izquierda Democrática y de la Democracia Cristiana). El distanciamiento del gobierno está vinculado acá a la capacidad de sobrevivencia partidaria y tiene, por tanto, esa gravedad.


En un análisis superficial, la concentración en la crisis de liderazgo subordina estos temas. Especialmente si de él dependió, en buena cuenta, la cohesión nacional (el presidente Gutirérrez alcanzó niveles de aceptación de 60% hoy derrumbados a la sexta parte) y si éste fue ofrecido en el 2002 para luchar contra la corrupción, la búsqueda de equidad a través de una nueva aproximación económica y la superación de la influencia de la típica “componenda partidaria”. Esa oferta, viniendo de un miembro de la fuerza armada –institución intensamente respetada en el Ecuador- que se negó a reprimir a la población durante el levantamiento contra Jamil Mahuad-, ganó para éste la presidencia.


Pero el divorcio entre la oferta electoral y la ejecutoria del gobierno fue inmensa e inmediata. El presidente Gutiérrez se convirtió rápidamente a la ortodoxia económica por razones de realismo político alejándose de la CONAIE y del movimiento Pachacutik (en este caso, no evaluamos las bondades o carencias de estos movimientos) , se alió con el Partido Roldosista y con su antiguo rival, el millonario Álvaro Novoa y finalmente promovió una inconstitucional reforma de la Corte Suprema que levantó los cargos contra un expresidente al que se le imputa prácticas corruptas del mayor calibre y que fue echado del cargo por incapacidad mental.


El líder no sólo terminó haciendo lo contrario a lo que había prometido sino que, a falta de mayoría parlamentaria, se vinculó con un prófugo de la justicia al que había servido como edecán. La crisis de liderazgo dejó de ser un problema de percepciones para devenir en uno de métrica. Ésta alcanzó proporciones extraordinarias con la sustitución de casi todos los miembros de la Corte Suprema por otros que protagonizaron la amnistía cuestionada. El síntoma de la concentración de poder, tan reiterado en la subregión, se puso en evidencia.De allí que su alto perfil tenga la capacidad de ensombrecer el resto de la problemática ecuatoriana.


Pero la que no puede ocultar es la la crisis intsitucional que ha complicado al conjunto del Estado. El encandeamiento perverso de cooptaciones interinstitucionales es acá descalificador por donde se le mire: el Ejecutivo arremetió contra el Poder Judicial acusándolo de disfuncional, corrupto y coludido con los partidos; el Congreso avaló la medida a través de la alianza con el Partido Roldosista; y se nombró una nueva Corte Suprema que permitió el impune retorno del imputado expresidente Bucaram.


La percpeción de que el presidente Gutiérrez acumulaba poder al estilo Fujimori y Chávez se confirmó con la misma rapidez con que el mismo Congreso dio marcha atrás luego de que el Presidente hiciera lo mismo al calor de la protesta popular. Salvo por subordinación de la Fuerza Armada a la presidencia, la crisis de Estado fue total. A ésta concurren ahora hasta los poderes provinciales (el caso de la alcaldía de Quito y las protestas en Guayaquil).


Y, siéndolo, ha puesto una vez más en evidencia el deterioro del régimen colectivo de defensa de la democracia representativa en la Comunidad Andina y la OEA que, como en el caso boliviano, no es aplicado ni invocado.


Aunque a la dimensión de la crisis del Estado ecuatoriano se agregue un factor coincidente (la crisis se inicia contemporáneamente con el excepcional retiro de Abdalá Bucarama y se agudiza con el retorno de este peculiar caudillo), este factor ilustrativo sólo dramatiza la magnitud del problema institucional y estatal ecuatoriano a lo largo de los últimos siete años por los que han transitado seis presidentes. Aunque éste se fundamente en denominadores comunes con el conjunto andino -la incapacidad del Estado de responder a las demandas sociales, la crisis de representación y la insuficiencia de políticas económicas que no incluyen con mayor rapidez a los postergados-, la incapacidad estatal ecuatoriana no puede ser eludida.


Y menos cuando ésta tiene serias connotaciones de seguridad especialmente vinculadas a la presencia en la frontera de fuerzas de la narcosubversión colombiana que ya emplea territorio ecuatoriano como extensión del propio.


A la luz de los hechos, la CAN y la OEA no pueden dejar de ofrecer su apoyo al Estado ecuatoriano en dos fases. Primero para contribuir a contener el problema desde fuera –lo que implica una llamada de atención al presidente Gutiérrez- al tiempo que se relegitima el mecanismo de defensa colectiva de la democracia en la región. Y después, para ayudar a restablecer la capacidad del Estado, lo que implica el patrocinino de reformas estructurales que bien podrían ser aplicadas también al resto de la subregión.


Salvo que se prefiera esperar que Ecuador encuentre por sí sólo un frágil equilibrio que puede volver a quebrarse mientras surge una crisis similar en otro país andino para terminar de dar la razón a quienes perciben a la subregión como esencialmente inviable.

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