El mensaje presidencial ha sido abundante en el detalle de la gestión del Ejecutivo y optimista en la prospectiva económica: el Perú seguirá creciendo al tiempo que mantendrá el control de la inflación. Sin embargo, el componente externo del incremento de los precios no ha sido bien presentado al tiempo que se ha marginado la obligación de activar la escasa capacidad de gestión colectiva externa en la materia.
Hasta hace poco, la demanda oficial de optimismo frente a la complicación creciente de la economía internacional tendía a disminuir la influencia de la alerta activada por diversos agentes públicos al respecto. No obstante que aquélla se sustentaba en informes de organizaciones comprometidas con un enfoque ortodoxo de la economía (el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, etc), el requerimiento oficial de optimismo atenuaba la capacidad destructiva de los desequilibrios económicos internacionales, del desbalance cambiario o del riesgo de nuevas burbujas financieras (como el de la de las hipotecas de vivienda norteamericanas y su vínculo bancario).
Cuando a ello se sumó el extraordinario incremento de los precios del petróleo y de los alimentos, la sensación colectiva de que la economía seguía “blindada” impidió un adecuado debate público sobre la materia. Ello fue quizás motivado por la hipersensibilidad de nuestros agentes económicos a realidades menos favorables y a su propensión a la extrema volatilidad de expectativas.
Si una racionalidad tuvo este comportamiento, éste podría encontrarse en la debilidad de los cimientos de confianza en nuestros mercados a pesar de la buena calificación de los mismos (el grado de inversión, por ejemplo) y en la percepción presidencial de esa fenomenología: no obstante crecer a 9% el año pasado, las autoridades reclamaban más optimismo todavía sin aludir a los requerimientos de prudencia generados por el deterioro del mercado externo.
El límite a ese aliento oficial ha provenido del impacto inflacionario del incremento desmesurado de los precios internacionales (que, según algunos economistas, no es el componente principal del incremento de la inflación nacional). Éste ha llevado al Presidente a atribuir a las “empresas y los países petroleros” la declaración de una “guerra contra los pueblos” a la que se suman los que han cambiado la producción agropecuaria hacia el etanol.
Estas son palabras mayores que contrastan con el manejo circunspecto de la economía (que es más que un calificativo de estilo) y que, como en el caso del exceso de optimismo, no corresponde a la realidad. La economía internacional no atraviesa por una “guerra” sino por una crisis generada en las economías centrales, impulsada por el incremento de la demanda de las economías emergentes y complicada intensamente por la acción descontrolada de los agentes financieros (tanto en la creación de burbujas hipotecarias como en el incremento de los precios petroleros y de alimentos).
Que ello también impacte en las economías pequeñas es más una muestra de la insensatez del concepto que postula la desvinculación de ciertas economías nacionales del sistema internacional que de la acción deliberada de ciertos Estados para conquistar o dañar a economías menores. El concepto de guerra económica empleado en el mensaje presidencial puede ser muy impactante para enmarcar los problemas nacionales y la acción redistributiva correspondiente, pero no ayuda a comprender la realidad de la crisis (que incrementa fuertemente nuestras vulnerabilidades) ni a tomar medidas preventivas externas.
Entre estas últimas están las de la promoción de la cooperación internacional en un contexto fuertemente asimétrico (la guerra, siendo la esencia del juego de suma 0, no admite la cooperación entre todos los involucrados). Y si ésta no ha tenido éxito hasta ahora (allí están los fracasos del G7 y, ahora, de la Ronda Doha), sigue siendo imprescindible a pesar de la indisposición de las potencias mayores.
Su viabilidad, siendo escasa, es aún real si los Estados que tienen voto en los foros internacionales, aunque sus economías no sean influyentes, se esmeran más y mejor en lograr mínimos resguardos de equilibrio económico, de prevención de tendencias proteccionistas, de regulación de ciertos agentes financieros y de reorganización de ciertas instituciones multilaterales.
El Perú puede contribuir regional y globalmente a ello con el concurso de Estados afines siempre que sea consciente de la seriedad del momento, tenga mejor predisposición para la diplomacia económica y no deje todo abandonado a lo que depare el mercado y sus expectativas. El gobierno seguramente comparte este punto de vista.
