Si la crisis económica brasileña encuentra su génesis en la crisis norteamericana del 2008 repotenciada por la caída de los precios de las materias primas y por las repercusiones universales de la desaceleración china, ésta no se aleja de la causalidad externa de la fuerte desaceleración de las economías latinoamericanas (0.5% de crecimiento este año). Pero su componente interno de excesivo gasto y su interacción con la gran crisis política catalizada por el escándalo de corrupción de Petrobras tiene ciertamente una especificidad extremadamente preocupante que agrava los problemas de la región y repercute en la relación bilateral de los socios regionales del Brasil.
En efecto, si la crisis económica de ese país tiene un componente estructural que ha afectado al conjunto de economías emergentes (que han derivado de motores del crecimiento global a ser consideradas como riesgo colectivo), la dimensión particular crisis brasileña no puede esconderse entre los pliegues de ese problema sistémico (que incluye, por ejemplo, la fuerte erosión del status de los BRICS).
Y no puede hacerlo porque la recesión de la primera economía regional expresada este año en una contracción de -1.3%, déficit de cuenta corriente de -4.4%, inflación que bordea el 10% y devaluación de 27% en lo que va del año (Infobae) refleja también una cuestionable gestión interna.
Si bien el inicio de su corrección ortodoxa organizada por el ministro de Hacienda, Joaquín Levy, es una buena noticia, ésta viene siendo obstaculizada por la falta de credibilidad de la Presidenta Rousseff cuya gestión es aprobada por menos del 10% de la ciudadanía (60% de la cual desea que sea sometida a juicio político por el escándalo de Petrobras y sus inmensas repercusiones). Como se sabe, éstas ya abarcan a las presidencias de las cámaras legislativas e incluyen a las mayores autoridades del partido de gobierno (el PT) y de su aliado (el PMBD).
De otro lado, si bien de la purga judicial en marcha puede brindar al Estado brasileño la posibilidad de la renovación de la clase política, el hecho de que la candidata del PT haya sido reelecta apenas en octubre pasado dice mucho de la profundidad social que tiene la crisis política.
Y si ésta abarcara a la política exterior del Estado tan importante en la legitimación de la barbarie venezolana, en la disfuncionalidad del ALBA y en la fragmentación del consenso liberal latinoamericano, podemos estar frente a un problema mayor. Especialmente cuando su impacto va más allá porque si la política exterior brasileña considera a Suramérica como un factor de identidad externa, ésta está hoy también contaminada.
Por lo demás, los vecinos liberales del Brasil (como los de la Alianza del Pacífico) ciertamente no pueden sentirse beneficiados por la puesta en evidencia de las condiciones internas de la crisis de la potencia regional en tanto éstas influyen (pueden hacerlo) en los términos de la relación bilateral.
Si bien esas relaciones son interestatales, es claro que la calidad de los gobiernos a cargo tiene un rol en esas relaciones como lo tienen sus agentes no estatales (en este caso las grandes empresas constructoras y mineras mucha de las cuales están involucradas, a través de sus directivos mayores, al caso Petrobras).
En el caso de la “alianza estratégica”, suscrita entre el Perú y Brasil en el 2003 (cuando el ex –presidente Lula –jefe del PT- gobernaba Brasil), la afectación de la imagen de los agentes económicos encargados de implementar parte de los términos de esa “alianza” ciertamente tiene un impacto en los fundamentos de la misma.
Si éstos se refieren a la relación económica y al desarrollo infraestructural de los corredores viales IIRSA y ambos están directa o indirectamente vinculados a algunas de las empresas cuestionadas (que son las de mayor presencia en el Perú), esos canales de relación quedan afectados (salvo en el caso del aún inacabado proceso conjunto de supervigilancia amazónica).
Y lo están porque, si bien es cierto que en el Perú existen alrededor de 70 empresas brasileñas, las más potentes están ligadas a los proyectos de desarrollo carretero IIRSA y a grandes proyectos de desarrollo hidroenergético, portuario y de irrigación entre otros áreas (América Economía).
Estos fundamentos deben ser potabilizados en tanto forman parte principal del stock de inversiones brasileñas en el Perú (alrededor de US$ 6 mil millones) que quizás sea el componente más importante del aún poco denso tejido de interdependencia entre los dos países.
En efecto las exportaciones peruanas al Brasil no supera el 4% ó 5% del total (en el 2014 las exportaciones peruanas con ese destino sumaron apenas US$ 1593 millones cuando el total de las exportaciones peruanas de ese año fue de US$ 38.5 mil millones (Mincetur).) A ese escaso monto se llegó luego de que el acuerdo de libre comercio que forma parte de la “alianza” (que se suscribió en el marco del MERCOSUR) quintuplicara, se dice, los intercambios previos al 2003.
Por lo demás, el tipo de comercio desarrollado con el Brasil es tipo Norte-Sur en tanto el Brasil exporta al Perú principalmente bienes de capital e insumos y el Perú vende, en lo sustantivo, materias primas con algún grado de procesamiento.
En ese marco, se puede afirmar que la relación más importante es la que articula la inversión brasileña en el Perú. Todos quisiéramos que ésta fuera impecable.
