La conflictividad convencional contemporánea, que internacionalmente no es extrema, muestra nuevamente hoy a los Estados la necesidad de contar con regímenes ad hoc de solución de controversias en escenarios jurídicamente precarios. Uno de éstos es el Ártico, donde a falta de régimen especial, la Convención del Mar proporcionará la normatividad requerida para evitar que Estados con intereses contrapuestos recurran sólo al poder para satisfacerlos.
En ese espacio geográfico contienden hoy potencias tan disímiles como Rusia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, entre otras, por territorio y recursos (posiblemente el 25% de las reservas globales de gas y petróleo no exploradas según el International Herald Tribune). Esos recursos serían hoy más accesibles por la más fácil aplicación de tecnologías exploratorias en un escenario de deshielo.
En el caso de Rusia, parte del lecho marino ártico es considerado como extensión de su plataforma continental. Como muestra del consecuente reclamo de soberanía esa potencia reemergente acaba de culminar exploraciones por debajo del casco polar y hasta de plantar una bandera en la plataforma marina.
Según el mismo diario, el Primer Ministro de Canadá acaba de realizar un recorrido de algunos días por esa región para mostrar también presencia del Estado y preocupación por el control de los pasos entre Europa y el Asia.
Y Dinamarca, que no es una gran potencia, también ha reaccionado aduciendo vinculación de una extensa cordillera subártica con Groenlandia. Para probar su derecho ha anunciado más actividades exploratorias.
En ese contexto, Estados Unidos ha enviado un barco guardacostas para mapear el escenario y no perder participación en el eventual reclamo soberano y/o el acceso a los recursos. Simultáneamente, el Congreso de ese país se apresta a considerar este año la adhesión a la Convención del Mar dado que es la única gran potencia que no lo ha hecho. Para ello tendrá en cuenta, además, que la Convemar permitirá a la superpotencia acceder a un conjunto normativo que le facilitará la mejor defensa de sus intereses.
Los medios reportan acá un cambio radical de posición: mientras que hasta hace poco Estados Unidos consideraba que la Convemar era una limitante para el ejercicio de su poder, hoy buena parte de sus instituciones (la Casa Blanca y no pocos legisladores opuestos a toda ley internacional que prevenga la expansión del poder norteamericano) así como operadores petroleros y mercantes apuntan a un nuevo consenso.
En tanto el Ártico carece de un tratado como el que sí gobierna la Antártida (que dispone el uso pacífico de ese espacio, impide que los reclamos soberanos pre-existentes se concreten durante su vigencia e inhibe nuevas demandas territoriales), la única superpotencia estaría dispuesta a mitigar los riesgos de confrontación adhiriendo a la convención que norma los espacios marinos y la delimitación del mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Cuando ello ocurra la totalidad de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y 154 países habrán adherido a ese tratado.
De este escenario jurídico prácticamente unánime el Perú prefiere seguir al margen en circunstancias en que un límite marítimo está en juego. Insistir en ese planteamiento aislacionista está dejando de ser imprudente para incurrir en la temeridad de la ilusión de poder. Esa irracionalidad debe ser corregida.
