En medio de una crisis financiera global y en un contexto de cambios cada vez más visibles en el sistema internacional, América Latina acaba de atestiguar, a fines de enero pasado, el formato político de las tendencias fragmentadoras que la caracterizan. En efecto, a contrapelo de los esfuerzos orientados a redefinir la integración suramericana en organizaciones como UNASUR y a reorganizar la seguridad colectiva hemisférica en el marco de la OEA, se llevó a cabo la sexta cumbre del ALBA.
Liderada por Venezuela, ese bloque acaba de expandir su membresía, consolidado su dimensión estratégica, incrementado su proyección y densificado su institucionalidad con propósitos ciertamente divergentes a los latinoamericano y hostiles a su organización panamericana. En efecto, en Caracas los cuatro socios del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia) incorporaron otro socio: la pequeñísima isla de Dominica (alrededor de 70/80 mil habitantes). Esa adición liliputiense tiene sin embargo una proyección caribeña cuyo interés se multiplica por su pertenencia a la mancomunidad británica en cuyo atomizado ámbito insular reina Petrocaribe, el brazo petrolero de PDVSA y del ALBA. Como es evidente, ello no sólo genera adhesión económica sino filiación política que se traducen en votos en foros como la OEA donde la presencia activa de esos Estados puede paralizar cualquier reclamo contra Venezuela.
Fortalecido el empuje caribeño del ALBA, la asistencia de observadores suramericanos (Ecuador, Uruguay, Honduras, además de otros caribeños) la organización ha confirmado también un escenario de proyección expectaticia complementario de la influencia que Venezuela pueda ya tener sobre potencias mayores como Argentina y Brasil.
Afirmar que la participación diplomática de estos Estados en la cumbre del ALBA tiene el propósito geopolítico de arraigar la proyección venezolana tanto en el heartland suramericano (Bolivia) como en el Cono Sur y en Centromérica no es una exageración. A estos efectos basta remitirse a la definición del ALBA que el señor Chávez ha confirmado en la cumbre en cuestión: esa organización aspira a organizar consolidar un espacio geoeconómico y geopolítico singular.
Tal singularidad no es complementaria con la noción de integración que asume el resto de integrantes de la región. Y menos con la impresión que desean dar los miembros la Comunidad Suramericana de Naciones primero y la Unión de Naciones Suramericanas después sobre ser la armoniosa y liberal convergencia entre la Comunidad Andina, el MERCOSUR y los valores democráticos y de economía social de mercado que los rigen (o que debieran hacerlo).
Al respecto la intervención del presidente de Bolivia ha dejado las cosas claras por enésima vez: el ALBA es una organización anticapitalista además de “anti- imperial”. Frente a esta evidencia, sólo el realismo político podría ser capaz de explicar la convivencia entre el proyecto de los miembros de esa organización con el de los demás que desean una integración avanzada, moderna y liberal (o social-demócrata, si se quiere).
Pero la labor de zapa que cumple el ALBA en esta campo no se reduce a lo declarativo: la frustración de mayor interdependencia económica (especialmente de comercio intraregional) es una de las verificables y buscadas consecuencias. La otra es la erosión de su institucionalidad financiera.
En efecto, luego de los esfuerzos desplegados por Venezuela para antagonizar la institucionalidad financiera de la región (la CAF y el BID) con la apresurada creación del Banco del Sur, ahora el ALBA desea una manipular ese escenario con una herramienta más corta y controlable: el Banco del ALBA que, con fines anticapitalistas también –pero sin organización precisa aún-, ha quedado establecido con un… cómo llamarlo…, “capital” de entre US$ 1 mil y US 1500 millones.
Y como para el señor Chávez no hay gran diseño sin poder tradicional, el ALBA ya baraja, a su iniciativa, la eventualidad de crear unas fuerzas armadas organizadas sobre una definición propia y antihemsiférica de seguridad colectiva. Al respecto ni los Estados de la región ni la OEA –que lleva casi una década y media intentando redefinir el TIAR- se han pronunciado. Esta omisión no es sostenible a la luz de los principios de seguridad que gobiernan las políticas de defensa de nuestros países, de los compromisos de los ejércitos americanos y de las interminables negociaciones interamericanas.
En este año de cumbres los latinoamericanos tenemos que decidir al respecto: la partición de la región en un contexto de cambios sistémicos no es aceptable. Y menos cuando aquélla quisiera inspirarse en las connotaciones antihemisféricas de la Guerra Fría inducidas por Venezuela y apoyadas extraregionalmente.
