La Constitución exige a cualquier ciudadano muy pocos requerimientos para ser elegido Presidente de la República. Ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio dice el artículo 110 la ley fundamental. Sin embargo, además de la legitimidad explícita que proviene del voto se requiere una legitimidad implícita acorde con la naturaleza del cargo y la identidad que éste otorga: ser Jefe de Estado y representar a la Nación.
En el caso de la candidata Keiko Fujimori las calidades de representación nacional que puede adquirir están gravemente en cuestión. Y no sólo por el gran rechazo ciudadano que convoca. Su desempeño como Primera Dama en el gobierno de Alberto Fujimori es más importante al respecto que el hecho involuntario de ser hija del ex-mandatario hoy encarcelado por delitos gravísimos.
Sobre este éste punto la candidata Fujimori se ha esmerado en reiterar es que ellas la que compite por la Presidencia y no su padre (afirmación de escasa verosimilitud) Lo que no ha hecho al respecto es deslindar posiciones con el gobierno de su progenitor de manera categórica para lograr alguna credibilidad. Al respecto apenas ha reconocido que en ese gobierno delictivo se cometieron sólo algunos errores.
Y lo que prefiere olvidar es el hecho de que fue Primera Dama durante seis años (entre 1994 y el 2000) y que como tal adquirió ciertas responsabilidades propias de la cercanía a la gestión de Alberto Fujimori y de su participación, directa o indirectamente, en las labores propias de ese mandato.
Por ejemplo, la señora Fujimori no pudo ignorar total y plenamente las turbiedades de ese gobierno durante más de media década en Palacio siendo mayor de edad y llevando una vida tan cercana al entorno militar y de inteligencia que rodeaba al gobernante. Al respecto le bastaba leer la prensa diaria del momento o recordar ahora la intimidad con ese entorno (como lo demuestran en YouTube videos que muestran su comportamiento cercano a representantes militares y a su hermano filmando lúdicamente a Montesinos).
Más aún, la señora Fujimori no ha informado públicamente sobre su rol en el peor delito cometido por su padre: la fuga a Japón, su sometimiento a la soberanía japonesa y, en esa calidad, la “renuncia” por fax a la Presidencia de la República. Esta decisión, tan cercana a la traición a la patria en su versión común, no ha merecido la preocupación de la señora Fujimori cuando el Estado que su padre debía representar y la Nación que él “encarnaba” eran humillados en el Asia (y luego en Chile donde el expresidente escogió entregarse sabiendo que iba a ser interrogado a profundidad por las autoridades de ese país).
Pero más allá de la duda sobre la calidad criminal de esos actos, la señora Fujimori tampoco ha dado explicación alguna sobre la nacionalidad japonesa de su padre ni sobre cuándo la obtuvo.
Si Alberto Fujimori fue siempre japonés, cometió delito de usurpación del cargo presidencial y debió pagar por ello. A pesar de que el cargo no se la ha imputado, la señora Fujimori debió haber contribuido a esclarecer esa duda que tuvo carácter colectivo a lo largo del gobierno en cuestión.
Y si Alberto Fujimori adquirió la nacionalidad japonesa sólo cuando fugó del Perú y postuló, con esos “méritos” al parlamento del país asiático, la señora Fujimori debió aclararlo porque esa conducta de lesa patria fue tan evidente como escandalosa e insultante para los peruanos.
Por ello, y porque sus antecedentes dividen como nadie a la sociedad peruana, la señora Fujimori no debió presentar su candidatura. Habiéndolo hecho de ninguna manera puede ser premiada con la Presidencia de la República tan mancillada por ella y menos convertir a su partido en la organización central de la política peruana.
