La contienda electoral más pareja y agresiva de la era contemporánea ha sido resuelta en el Perú por una aplanadora –la del Jurado Nacional de Elecciones-, la presión impuesta por la cercanía de la fecha de toma de posesión y también por el apremio de potencias extranjeras e instituciones foráneas que adelantaron opinión –o exhibieron mera frivolidad en el caso de la OEA- sobre la calidad del proceso peruano. Ello contó con activa o pasiva benevolencia interna.
Frente a tales hechos consumados, la candidata perdedora los dotó de cuestionable legitimidad aceptando de la derrota seguida por el reconocimiento de un urgido presidente sobrepasado por un proceso se iba de las manos.
La evidencia por evacuar esos resultados se comprobó de inmediato por la seguidilla casi simultánea de las felicitaciones enviadas por grandes y pequeñas potencias amigas e inamistosas, de gremios empresariales, de congresistas electos y de buena parte de la prensa.
De cara a esa realidad por lo menos la mitad ciudadana –que era la dueña de la fiesta- se ha sumado a ese convoy aquiescente con recelo, frustración y alerta. Nada muy bueno puede esperarse de ese estado de ánimo.
Por ello, el presidente de la República debió sugerir un escenario práctico de conjunción de voluntades que pudiera ser aceptado por los contendientes antes que publicar un gélido y extremadamente escueto mensaje de reconocimiento de resultados. Si su temor era el de un golpe de Estado (que las FFAA no están en capacidad de gestar ni tienen el ánimo de arriesgar) o una confrontación social (cuya voluntad violentista sólo proviene de los militantes del partido triunfador), el ofrecimiento de un escenario de aproximación era doblemente urgente. Pero el 28 está demasiado cerca y la voluntad flaqueaba en Palacio de Gobierno.
De otro lado, al tanto de cuál sería el desenlace oficial (una diferencia de 0.25% entre los contendores que no quiso procesarse con rigor) el Jurado Nacional de Elecciones debió tomar todas las precauciones, examinar bien cada incidente y planilla electoral para minimizar, desde el principio, sospechas justificadas y atenuar conflictos. Esto fue demasiado pedir para un tribunal de cuestionable comportamiento.
Habiendo optado el presidente y el JNE por el desdén y el desmanejo de un complejo proceso, se han hecho responsables ellos de la insatisfacción popular emergente. Dado que esta responsabilidad no será aceptada, corresponde a los agraviados (el 65% de los ciudadanos que perciben que no han sido éstas una elecciones limpias) convocar a los militantes de los bandos confrontados a iniciar una largo proceso de entendimiento mutuo y a fijar, en el corto plazo, una agenda de trabajo que brinde a ambos esperanza de viabilidad y estabilidad nacionales, solución a los problemas inmediatos (salud y economía) y reformas razonables. Antes que un nuevo pacto social la exigencia ahora es de gobernabilidad básica.
Ello no implica que la recuperación de la organización partidaria, de las instituciones, de las buenas tradiciones públicas y de la capacidad de gestión para servir mejor al ciudadano en tanto éste sea consciente de sus responsabilidades no sean objeto de un nuevo empeño nacional.
