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  • Alejandro Deustua

Gobernabilidad y Estabilidad

El Primer Ministro, Carlos Ferrero, presentó al Congreso el marco de una "hoja de ruta" compuesta de 179 propuestas y, en apariencia, ninguna medida inmediata. En un contexto político calificado exageradamente como de "última oportunidad", la oposición ha manifestado su descontento frente a la oferta gubernamental de mayor consulta antes de concluir con la versión final del plan de gobierno 2004-2006.


Puede que este desencuentro se deba menos a percepciones distintas de la emergencia nacional que al formato de gobernabilidad que debe regirla: mientras la oposición exige, como es natural, acción, el gobierno parece privilegiar el consenso y los plazos que éste requiere. El requerimiento nacional se encuentra en un punto medio entre estos dos planteamientos.


La actitud del gobierno tiene, por lo menos, dos explicaciones. La primera está vinculada a las características conciliatorias del Premier desarrolladas en la actividad parlamentaria. Si éstas influyeron fuertemente en su elección era de esperarse que aplicara esas calidades a la gestión pública. La segunda está muy cerca de una de las escuelas de gobernabilidad que consideran el planeamiento como el resultado final de un proceso decisorio "de abajo hacia arriba" . Este modus operandi, propio del desarrollo de acciones de largo plazo, suele ser una alternativa recurrida por gobiernos débiles que requieren de legitimación permanente en la función ejecutiva. La interacción de las dos explicaciones grafican mejor el proceso de toma de decisiones adoptado por el premierato que el simple desconocimiento de la situación crítica que vive el país.


La oposición tiene razón al considerar que este procedimiento no resulta el más expeditivo para la coyuntura (es decir, para el corto plazo). Más aún cuando el Premier estableció como parámetros previos a su presentación los criterios de concentración, prioridad y posibilidad ejecutiva de las acciones a tomar. Pero de allí a plantear la descalificación de la presentación del Primer Ministro hay un largo trecho que retroalimenta la ingobernabilidad. Si la oposición debe ser más cautelosa en sus apreciaciones en situaciones de crisis (que ya es recogida por el incremento del riesgo-país reflejado en el incremento del "spread" de los bonos del tesoro), el Premier debe estar al tanto de que el proceso de consulta tiene, en este caso, plazos cortos y que el proceso escogido no sólo es farragoso, sino que, frente a la imposibilidad de incorporar todos los aportes, producirá siempre en los consultados (la oposición y los gremios) un grado de frustración.


A estos efectos debemos tener en cuenta nuestro entorno inmediato. Sin considerar el Caribe, el Perú se encuentra hoy en la subregión más crítica del continente. Por lo tanto, si el país ha perdido la condición del Estado más estable de la zona andina, está en la obligación de recuperar esa calidad a la brevedad. Éste no sólo es un interés nacional sino subregional.


Especialmente si consideramos que la extrema polarización que vive Venezuela puede salirse de cauce con grave impacto regional y global (uno de cuyos efectos es el precio del petróleo), que la guerra civil colombiana seguirá siendo el centro de la inseguridad andina por mucho tiempo produciendo inestabilidad en el conjunto subregional, que la pérdida de soporte político en el Ecuador orienta a su gobierno a buscar sustento militar y externo influyendo sobre nuestra zona norte y que el síndrome de fragmentación que padece Bolivia no ha desaparecido y que, por tanto, seguirá proyectándose sobre la macroregión sur.


En este contexto, el requerimiento estabilizador del Perú se incrementa en beneficio propio y regional. Pero éste sólo podrá ser sufragado si se recupera en el corto plazo (menos de un año) condiciones de gobernabilidad interna.


Para que ello se logre, gobierno y oposición deben compartir algo más que buenas intenciones (cuestión harto difícil mientras se acerca el proceso electoral). Ahora es indispensable ponerse de acuerdo no sólo en políticas que den operatividad a la hoja de ruta sino en un mismo formato de gobernabilidad que evite desentendimientos futuros.

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