Fuerzas de Fragmentación

Los que reclaman periódicamente por el divorcio entre economía y política esta vez debieran darse golpes de pecho por la divergencia entre el ciclo económico y el ciclo político internos. En efecto, frente a los extraordinarios problemas de gobernabilidad que confronta el país, los fundamentos macroeconómicos están contribuyendo a mantenernos a flote más allá de que se esté de acuerdo o no con el rumbo que, en esta materia, ha adoptado el gobierno. A ello hay que agregar, ciertamente, la tranquilidad social existente hasta hoy (pero que está a punto de romperse).

No de otra manera puede explicarse la resistencia de un Poder Ejecutivo extraordinariamente apremiado por la disminución de la popularidad presidencial (7%, nivel menor al que marcó la conclusión del presidente García), por la renuncia del Primer Vicepresidente y por la sombra de corrupción en los círculos cercanos a Palacio que ha proyectado los contactos entre el señor Almeyda y la mafia fujimontesinista.

Y ¿cómo explicar de otra manera que el gobierno pueda mantener, aunque con premura, la línea de flotación cuando la alianza oficialista en el Poder Legislativo hace agua por las dudas que reporta el comportamiento del señor Olivera (lo que ilegitima su permanencia en la Embajada del Perú en España) mientras que la suspensión de la participación del APRA en el mecanismo de consenso por excelencia ­el Acuerdo Nacional­ incrementa la inestabilidad?.

Por lo demás, el Poder Judicial se ha encargado de dinamizar las fuerzas de fragmentación existentes al facilitar, con benignidad mayoritariamente rechazada, beneficios penitenciarios a personalidades ostensiblemente coludidas con la organización corruptora que montó el gobierno fujimorista. Es más, esos jueces han soliviantado la opinión pública no sólo al no mencionar a la jurisprudencia que contraría sus sentencias sino al olvidarse de los principios de interpretación del derecho que promueve la aplicación de la ley en base al espíritu de la misma (antes que a su letra) para evitar el hecho más lamentable para un magistrado: que sus actos "repugnen a la conciencia jurídica". Y sin embargo, el impacto debilitante que estos actos tienen en el gobierno no acaban de hundirlo.

Peor aún, la seguidilla de escándalos destapados por la prensa ­que según uno de sus voceros más destacados, muchas veces aparece guiada por el afán acusatorio antes que por una investigación bien fundamentada­ han contribuido fuertemente a escorar al gobierno. El caset de Almeyda probablemente no será el último registro impugnador que salga a la luz en las próximas semanas si el ánimo incendiario se mantiene en el gremio.

Para colmo de males, uno de los factores remanentes de estabilidad ­la relativa calma social­ se viene alterando peligrosamente en este mes de febrero. Reclamos regionales, paro de transportistas y movilización de cocaleros erosionarán aún más los escuálidos pilares de sustentación gubernamental.

Frente a la interacción simultánea y corrosiva de estas fuerzas fragmentadoras, una fuerza de cohesión parece ser la única barrera que protege el piso gubernamental: la economía. En efecto, aunque en el exterior algunos analistas afirman que, debido a la crisis, los bonos peruanos han caído 6% duplicando el descenso del 3% para los papeles de los mercados emergentes (el señor Janada en El Mercurio de Chile), instituciones afincadas en el Perú como el JP Morgan establecen que si bien el riesgo-país se incrementó recientemente a 386 puntos (lo que está largamente por debajo del promedio regional), éste acaba de volver a caer 22 puntos. La razón: el mercado ya ha "descontado" el ruido político (La República 4 de febrero). Esto quiere decir que, como muchos peruanos, los agentes económicos no desean que el gobierno de Toledo caiga ni que se adelanten elecciones como algunos políticos quisieran. El riesgo de ello no sólo es económicamente pernicioso sino políticamente insufragable.

Por ello, el Ejecutivo debe recomponerse, el Legislativo volver a privilegiar los consensos, el Poder Judicial armarse del valor que le falta y el periodismo acusar menos, investigar más y discutir el conjunto de la problemática nacional. En juego no sólo está la supervivencia del gobierno ­que debe acabar su mandato­ sino la mínima cohesión del único país en la región andina que puede rescatar su estabilidad en el corto plazo.