Un supuesto básico de la diplomacia es que debe sustentarse en alguna forma de poder para lograr influencia eficaz.
A la luz del atrincheramiento del régimen venezolano y su fortalecimiento geopolítico extra-regional, es evidente que ni el Perú ni el Grupo de Lima, han logrado los resultados buscados en ese país y que la diplomacia declarativa carece al respecto del fundamento indicado.
Tal frustración podría ser menor si ocurriera en el orden global. Pero sucediendo dentro de nuestra región reflejando incapacidad ordenadora, la alerta consecuente sólo es señal de sana prudencia.
Es más, el Perú, solo o colectivamente, no sólo no ha logrado cambiar la conducta de la dictadura venezolana sino que tampoco ha definido las nuevas condiciones de relación con el Brasil ni ha establecido los principios y normas de un nuevo foro regional.
Si en relación a la potencia regional mayor la enorme corrupción sólo ha sido judicialmente denunciada al tiempo que la indefinición regional brasileña complica la tarea del replanteo político peruano, ese obstáculo no ha sido compensado por un liderazgo convincente en el área. Prosur no es un buen ejemplo al respecto. La diplomacia declarativa, desprovista de capacidad sustentadora, no puede ocultar esa realidad.
Replantear sus términos es hoy una clara necesidad de nuestra política exterior. Especialmente cuando aquélla es regida por comportamientos anacrónicos y procesos inorgánicos a veces demasiado cercanos a la relación personal.
Quizás esa política pueda plantearse aprovechando el impulso del reformismo político interno que el Ejecutivo ha distraído con inefables liderazgos diplomáticos que actúan fuera de sus competencias.
Pero si ello no fuera posible, definir objetivos de un cierto fortalecimiento de capacidades, p.e. a través de la vigorización de nuestra inserción internacional en un contexto de debilitamiento sistémico, parecería sensato.
Ese camino lo viene recorriendo, quizá sin dirección, el Mincetur con el mejoramiento de ciertos acuerdos comerciales. Pero no la Cancillería.
Para intentar el fortalecimiento inicial de políticas ésta debiera empezar por retomar el esfuerzo de relacionar al Perú con ciertos regímenes que gobiernan dominios de alcance universal. Por ejemplo, la Convemar.
A pesar de que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia asumió el dicho de nuestro Estado de que éste se comporta según los términos de ese tratado, la Cancillería no ha hecho nada por procurar la adhesión correspondiente (ni culminado los mandatos de la sentencia) y mucho menos una revisión orgánica de nuestra inserción multilateral en circunstancias de deterioro del sector.
Peor aún, en el ámbito bilateral parece haber abandonado ciertos intereses primarios al no corregir los dichos públicos de un Canciller nacional sobre derechos peruanos que conciernen al territorio al sur del paralelo del hito No. 1, cuya geografía éste consideró como inexistente.
Éstos son signos de arbitrariedad y deterioro de nuestro sector externo que deben corregirse de inmediato.
