19 de mayo de 2006
Mientras las dos ramas del Legislativo norteamericano debaten proyectos radicalmente opuestos sobre regulación migratoria, el Presidente Bush acaba de adoptar una controversial iniciativa “intermedia” sobre esta materia. La iniciativa de la Casa Blanca parte del principio de que legislar sobre la organización del Estado Derecho en una sociedad abierta en temas tan complejos como el migratorio, es competencia soberana de todo Estado. Especialmente en aquél que ha sufrido un ataque terrorista como el del 11 de setiembre del 2001. En ello lleva razón. Y más si el trato que se dará a los 11 ó 12 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos no implicará su “criminalización” (al revés de lo que desea una iniciativa de la Casa de Representantes). En lugar de ello, la iniciativa del Presidente Bush dispone que éstos podrán trabajar temporalmente en Estados Unidos (previa identificación y registro de antecedentes), podrán renovar ese satus (pagando las multas e impuestos correspondientes y aprendiendo el idioma inglés) y, eventualmente, podrían acceder luego, el proceso de nacionalización.
Esta propuesta, que no se aleja demasiado de otra más benigna que se discute en el Senado, es complementada por una norma sobre control fronterizo de carácter coactivo. Si, como es evidente, todo Estado tiene la obligación de vigilar sus fronteras empleando las fuerzas del orden, no parece que la disposición a incrementar el número de la Guardia Fronteriza y a desplegar inicialmente de 6mil hombres de la Guardia Nacional como elementos de apoyo sea una disposición imprudente, abusiva o ilegal. Lo que sí parece insensato es la construcción de una valla de contención de alta tecnología para impedir el paso en una frontera de más de 3 mil kms. Varias razones sostienen que esa medida es imprudente y contraproducente.
Primero, la disposición emite un mensaje fácilmente traducible en la idea del “muro” que, en el siglo XXI, remeda uno de los símbolos más funestos de la Guerra Fría. Segundo, la calidad política de esa valla atenta contra la naturaleza de la sociedad norteamericana (una sociedad abierta cultivada desde su emergencia como república liberal). Tercero, el cerco será ineficiente en sus propósitos (no podrá extenderse a lo largo de toda la frontera y siempre podrá ser vulnerado con el agravante del costo en vidas para quien se atreva a superarlo) y podría ser jurídicamente impugnado (el ejemplo israelí es un antecedente referible). Y cuarto, va a contrapelo del trato consensual de un problema de carácter global como el de la migración ilegal. Estos argumentos, que no van desacompañados de un estado de ánimo capaz de incrementar el “antinorteamericanismo” en expansión, ya han mostrado sus primeros resultados: un Jefe de Estado amigo de los Estados Unidos, como el presidente Vicente Fox, acaba de calificar la disposición como hostil. En el futuro cercano probablemente otros gobernantes latinoamericanos acompañaron al presidente mexicano en su malestar. Sobre todo aquellos que desean una solución de mayor aliento regimental y disposición consensual en tanto sus ciudadanos queden afectados por las disposiciones norteamericanas. Entre ellos se encuentra los gobernantes de ochos países que hace poco, a través de sus cancilleres, hicieron un llamado al gobierno norteamericano para un trato colectivo del problema. Y también las altas autoridades que, en la Conferencia Especial de Países en Desarrollo con Flujos Sustantivos de Migrantes Internacionales realizada en Lima, reclamaron la aplicación del principio de responsabilidad compartida al problema de la migración global.
En la base de la propuesta de los países de origen de migrantes está la naturaleza del problema (aunque antiguo, se trata de un problema global), sus causas (la pobreza y la exclusión), su volumen (según la CEPAL son 25 millones los latinoamericanos que han migrado a Estados Unidos hasta el 2005 incluyendo a los legales) y su dimensión económica (alrededor de 65% de los migrantes remitieron a 18 millones de familias latinoamericanas aproximadamente US$ 53.6 mil millones el año pasado según el BID). Esta cifra no es sólo superior a la inversión extranjera orientada a la región el 2005 sino que es inferior al valor del trabajo demandado por empresas norteamericanas que contratan migrantes calificados y no calificados y que contribuyen al crecimiento y al bienestar estadounidense.
Si Estados Unidos tiene el deber y el derecho de regular los flujos migratorios en su país y de controlar sus fronteras (es decir, de tratar el problema en su dimensión específica, incluyendo el de seguridad), la compleja naturaleza del mismo reclama una consulta con los Estados de origen además de la promoción de una regimentación global.
La comunidad hemisférica ya está bastante fraccionada como para agregar factores de división adicionales. Especialmente cuando en la agenda norteamericana pre-11 de setiembre de 2001 la disposición de la Casa Blanca a aproximarse a un tratado migratorio con México señalaba la ruta más sensata para el trato del problema.
