30 de setiembre de 2022
Si el escalamiento de la guerra en Ucrania ha progresado paulatinamente con el mayor aprovisionamiento externo que acompaña la contraofensiva ucraniana y el llamado a filas de 300 mil reservistas rusos, el riesgo principal que afrontan las potencias occidentales ahora es un enfrentamiento directo de éstas con Rusia.
Ese riesgo acaba de aumentar sustancialmente con la disposición del presidente Putin de anexarse la región de Donbás (Donetsk y Luhansk) a la que se suman Zaporiyia y Jersón. Éstas son consideradas ahora territorio ruso. Como previsible resultado, Putin ha anunciado su disposición a defenderlo empleando “todos los medios a su disposición” (incluyendo el arma nuclear) y a no negociar su devolución en eventuales conversaciones a las que ha convocado.
Más allá de que Rusia no controle efectivamente la totalidad de los territorios anexados, el hecho es que Ucrania y los socios occidentales tienen ante sí ahora un doble y peligrosísimo reto de consecuencias negativas si no se abre una negociación que no implique un juego de suma 0.
En efecto, si los socios occidentales no consienten la anexión -como debe ser-, ellos deberán seguir contribuyendo a que Ucrania recupere los territorios y, si no se presenta una alternativa, deberán estar preparados para confrontar, quizás directamente, a Rusia. Éste es un escenario que Occidente quiso evitar desde el principio cuando no aceptó la solicitud ucraniana de establecer una zona de restricción aérea -“no fly-zone”- sobre su territorio.
Y si aceptaran el hecho consumado planteado por Rusia y, en ese marco crudo, accedieran al ofrecimiento de negociar el término de la guerra pero no los territorios, estarían aceptando la anexión (algo que no ocurrirá).
Este dilema surge de la legítima contraofensiva ucraniana orientada a la recuperación de territorios ocupados que Rusia ha contestado con el escalamiento complejo del conflicto en ámbito e intensidad. Si no se emplean medidas que atenúen el ímpetu beligerante y las partes no consideran límites al compromiso de sus capacidades, el resultado será de pérdida para todos.
El incremento del ámbito de la escalada corresponde a la ampliación territorial del conflicto que deja de ser un escenario de protección de la población rusa étnica o rusófila para convertirse en una “guerra defensiva” del nuevo “territorio ruso” (que corresponde, más o menos, al 15% del territorio ucraniano). Ello forma parte de la ambición rusa de extender una franja rusa que comunique territorialmente y sin interrupción su frontera oriental con Ucrania con el mar Negro.
El incremento de la intensidad de la escalada se expresa en la más clara advertencia rusa de su disposición a emplear “todos los medios” en la “defensa” de esos territorios. Esta disposición, a la que el sabotaje de los gasoductos Nordstream en el Báltico agrega mayor voluntad de confrontación, constituye la más seria crisis estratégica desde la crisis cubana de 1962.
Aunque Putin sólo se ha referido al término “nuclear” atribuyéndolo a una supuesta ambición ucraniana de adquisición de esas armas y al riesgo de la planta de Zaporiyia, el eventual empleo de ese tipo de armamento por Rusia está claramente en juego en tanto forma parte medular de su capacidad militar. Más aún cuando, en ese marco, Putin ha recordado explícitamente el único antecedente de su uso: el realizado por Estados Unidos para poner término a la guerra con Japón en 1945.
En esa perspectiva Putin ha reiterado su percepción sobre la responsabilidad de Occidente en esta guerra. Al respecto no se ha referido a acciones concretas sino a la vocación expansionista occidental y su dimensión impositiva de políticas contrarias a la identidad rusa.
La exactitud de esas afirmaciones podrían discutirse. Pero el hecho es que esa imputaciones están cargadas de una racionalidad estratégica que acercan más un escenario de directa confrontación con Occidente en el que Ucrania sería sólo un partícipe.
Cuando la Duma rusa confirme la anexión de los territorios mencionados sobre la base de los ilegales e ilegítimos referéndums llevados a cabo en cada uno de ellos, ese escenario se activará.
Y si, como debe ocurrir, la Asamblea General de la ONU rechaza dichos referéndums (como ocurrió en el caso de Crimea) por su total perversión jurídica y su instrumentación para la anexión de territorio ucraniano, el escenario ruso se habrá perfeccionado.
El derecho ucraniano de legítima defensa tendrá entonces un nuevo componente global que considerar. Sobre él la comunidad internacional deberá pronunciarse no sólo rechazando el nuevo orden territorial que Rusia intenta imponer en Ucrania sino reclamando el desescalamiento del conflicto.
Salvo que se desee emplear sin término el uso de la fuerza (una eventualidad real), algunas ventajas concretas para las partes deben ser anticipadas. El cese al fuego es una precondición. Luego Ucrania podría considerar, por ejemplo, la recuperación plena de los territorios de Jersón y Zaporiyia y establecer una cierta autonomía para los territorios ucranianos del Donbás. Rusia podría aspirar a que se briden garantías a la población rusa étnica en el área y obtener seguridad de libre navegación por el mar de Azov hacia el Mar Negro. La OTAN, la OSCE y Rusia podrían constituir un mecanismo de vigilancia de los acuerdos y, en el proceso, procurar la generación de confianza entre las partes. En se marco se podría plantear una solución a la situación de Crimea.
¿Es esto posible si las dinámicas del uso de la fuerza están desatadas y el cambio de régimen ruso es inviable? Quizás. Para intentarlo la comunidad internacional o sus representantes “útiles” deben involucrarse. Su rol, sin embargo, no reemplaza la indispensable comunicación directa entre Estados Unidos y Rusia en la materia.
La alternativa a ello es proseguir con un conflicto que probablemente deberá redefinir la naturaleza que la OTAN le ha otorgado: frente a la amenaza nuclear la guerra de desgaste, que implica el largo plazo, deja de ser, en principio, un escenario deseable o efectivo. Ésta estaría enmarcada en una permanente amenaza directa de realización súbita por cualquier pretexto. Y también sometida a la predisposición imprudente en los procesos decisorios si una de ellas no encuentra alternativas.
El Perú debe afirmar su posición de condena a la guerra de agresión rusa, reiterar el derecho de Ucrania a la legítima defensa y apoyar a la OTAN. Pero ello implica también plantear negociaciones en el corto plazo que involucren las variables mencionadas.
Estando en juego la dinámica del escalamiento en sus dimensiones más graves, dejarlo todo para el largo plazo es claramente insensato.
