Cuando se suspende de manera extremadamente controversial un poder que forma parte de la estructura básica del Estado se incursiona en los linderos del golpe o en punible abuso del poder (si la medida de suspensión fue tomada sin cumplir con los requisitos del caso) y ciertamente en alteración dolosa del orden constitucional.
La acción dispuesta por el presidente Vizcarra se coloca en cada uno de los tres escenarios mencionados ninguno de los cuales reporta legalidad. Ello agrava la fragilidad del Estado y lo hace, por tanto, aún más vulnerable a la corrupción que el Ejecutivo dice querer combatir.
Con ello la ciudanía, que está en la base de una democracia representativa, queda expuesta a potenciales amenazas provenientes de un Ejecutivo sin gran vocación de gobierno y cuya imprudencia acaba de ser evidenciada al ejecutar una amenaza que sistemáticamente ha ejercido sobre el Legislativo en los últimos meses.
Y el Estado quiebra, luego de tres décadas de fragilidad extrema –evidenciada en la carcelería o prisión de todos los expresidentes vivos y el suicidio de otro- la continuidad en el ejercicio democrático indispensable para lograr la consolidación de esa forma de organización política.
Por lo demás, si la corrupción en el Congreso era la preocupación presidencial, ¿por qué no procedió a identificar a cada uno de los implicados en ella empleando al efecto todos los instrumentos de poder que legalmente dispone el gobierno?.
Con este acto el presidente ha puesto además a los ciudadanos que consideramos que el partido de la mayoría parlamentaria está en la base de los males del país en la necesidad de silenciar de momento esa convicción para llamar la atención sobre el atentado contra la fundamental institución en que esa organización actúa.
De otro lado, sorprende que este disparate se haya cometido sin consideración alguna con la situación de económica del país cuando las agencias calificadoras de riesgo ya han advertido que la buena reputación crediticia y macoreconómica del país está asociada con el riesgo político creciente y que la acción presidencial ha escalado extraordinariamente.
Alegar al respecto que lo ocurrido sólo es una expresión del decaimiento democrático en el mundo y que, por lo tanto, formamos parte de una cadena en boga, muestra extraordinaria irresponsabilidad.
Como irresponsable y extraordinario es que el presidente se sume a las estadísticas que descalifican la gestión del Congreso para sustentar en ellas la voluntad popular que él debiera liderar hacia la democracia antes que hacia el golpe (y eventualmente hacia una versión peligrosa de nacionalismo).
Y si el presidente cuenta con el alto nivel relativo de aceptación que muestran las encuestas ¿no era más responsable llamar a esa población a contribuir en la labor de limpieza moral que requiere el país sin derrumbar al Estado y a promover su organización para que aquélla encuentre opciones viables en la próxima elección?
Al respecto es bueno recordar que la cuestionable acción que el presidente acaba de disponer forma parte del escenario en que él fue elegido y del que nunca renegó.
En este irracional fragor es muy lamentable, de otro lado, que miembros activos del Servicio Diplomático hayan participado en la génesis, el proceso y la ejecución de la decisión presidencial cuando la renuncia debió estar al alcance de la mano.
Con ello se evidencia que la corrupción política (no nos referimos a otra), puede contagiar a las más cuidadas instituciones del país mediante el ejercicio de una tarea que no le corresponde: fungir de titulares sistemáticos de la Cancillería y convertirse así en colaboradores partidarios de la presidencia en lugar de custodios del interés nacional –que ellos contribuyen sólo en parte a definir- y de la continuidad estatal.
En ese escenario, el Perú acaba de tirar por la ventana el prestigio internacional ganado en el último cuarto de siglo indispensable para procurar un cierto status y liderazgo regional aunque éste fuera, últimamente, sólo declarativo.
Al respecto no es alivio que el Secretario General de la OEA haya expresado que la solución de la crisis pasa por el Tribunal Constitucional –cuya gran mayoría de miembros ya culminó el período en el cargo- antes que por la Carta Democrática Interamericana. Flaco favor a la democracia que nos hace el Dr. Almagro porque la alteración del orden constitucional a que se refiere el artículo 20 de ese instrumento es flagrante en el Perú.
