El multidimensional proceso de cambios en Estados Unidos ciertamente afectará su status y rol en el mundo. Ello acelerará la transformación del sistema internacional. Aunque los resultados se consolidarán en el largo plazo, la extraordinaria dimensión de la crisis financiera en la primera potencia, los múltiples desafíos que ésta confronta, la reemergencia de antiguos actores y la rápida alteración del equilibrio del poder que presenciamos son tan inmediatos como la sensación incertidumbre que generan.
En efecto, el espectacular colapso de Wall Steet ha acelerado la velocidad con que el orden estratégico de la postguerra fría empezó ha dinamizarse luego de la insurgente arremetida militar rusa. Si la tendencia ya estaba marcada por el activismo de las potencias emergentes, el hecho es que esa dinámica ha transitado por Asia cuestionando alianzas contra el terrorismo (el caso paquistaní), se ha aposentado en Suramérica (donde Venezuela fragua una coalición tan extrahemisférica como antioccidental) y hasta se ha reinstalado en Europa donde la división entre atlanticistas y continentalistas ha reemergido frente al reto caucásico.
Y aunque, la crisis financiera haya puesto los ojos en la Gran Depresión antes que en el New Deal y la capacidad de recuperación de Estados Unidos esté siendo infravalorada, el hecho es que aquélla ha amputado a esa potencia una buena parte de su cuestionada influencia. Es más, la solución (el rescate de US$ 700 mil millones) ha obligado a la redefinición de su orden interno: el liberalismo laissez faire ha dejado de existir en Estados Unidos para dar lugar a otro en el que la mayor presencia del Estado es imprescindible.
Por lo demás, a pesar de que la crisis bajo condiciones de apertura global y de buenos fundamentos en las economías en desarrollo pueda ser mejor manejada, el hecho es que la era de desregulación inaugurada por Reagan y Thatcher ha concluido.
Este fin de época inaugurará una economía que no será “nueva” sólo por el impacto en ella de la tecnología sino por el de la alerta del ciudadano y del Estado a las vulnerabilidades del “puro” libre mercado y a los requerimientos de una mejor distribución. Si ello implica una limitación de la actividad especulativa y seguridades de retornos del mercado a la sociedad que concurre a estabilizarlo, el cambio dentro del sistema económico en Estados Unidos reclama un cambio en el régimen económico internacional.
Para que éste sea ordenado, las potencias mayores están obligas a cooperar más allá de la lánguida coordinación de inyecciones de liquidez. Además de la renovación del sistema financiero, de la disciplina económica y de la prevención de involuciones proteccionistas, la regulación del cambio requiere restaurar el compromiso global de combate de la pobreza y la exclusión. Para ello se requiere mayor participación decisoria de las potencias emergentes y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
En lo que nos toca, esa disposición ha empezado a producir en el hemisferio renovación de compromisos entre Estados de economía abierta y de democracia representativa. Éstas deben ser reforzadas y ampliadas a los que estén dispuestos a mantener esa línea aunque no hayan suscrito acuerdos de libre comercio con potencias mayores. Suramérica no sólo debe superar la crisis financiera sino impedir el retorno de la autocracia colectivista y de su vínculo internacional con la que no pocos desean volverla a identificar.
