14 de agosto de 2021
Hasta ahora, el canciller Béjar, quien en su discurso de toma de posesión confundió el interés social con el interés nacional, ha cuajado una iniciativa plausible (la discusión de políticas y de coordinación de la cooperación con la Embajadora de Estados Unidos) y una sensata dependiendo del resultado (el apoyo al Grupo de Contacto Internacional para lograr una salida democrática al atrincheramiento dictatorial de Venezuela al margen del declarativo Grupo de Lima).
Pero ahora comparte con el gobierno la responsabilidad de una acción que debilita al Estado: una segunda invitación a Evo Morales orientada a la movilización política de sindicatos cuestionables recién creados, la promoción de una ilegal asamblea constituyente y la organización de Sudamérica como conjunto de pueblos (o Estados) plurinacionales.
Si bien no queda claro si fue Castillo o Béjar quien invitó a Morales a realizar estas tareas proselitistas, el hecho es que éste cuenta con el resguardo especial del Estado, se moviliza con el apoyo de la Cancillería y se ha reunido con el presidente Castillo para esbozar una agenda política orientada a lograr cambios estructurales en el Perú probablemente vinculados al logro de una indeseable “refundación” nacional.
Como se sabe, Morales es un convencido de que esa “refundación”, a través de una Asamblea Constituyente, es la acción medular que conduce al cambio social y a la redefinición plurinacional del Estado como le consta a las organizaciones sociales, indígenas y sindicales (como la extremista Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú que logró en tiempo récord la inscripción legal) a quienes se dirigió ese ex –presidente.
Pero además Morales, quien pretendió gobernar indefinidamente Bolivia considerando su formato dictatorial como un derecho humano, también ha pretendido subvertir el orden local. Al respecto ha explicado que los sindicatos son organizaciones políticas antes que laborales, que los movimientos sociales debieran serlo también escapando a sus concretos reclamos, que ambos debieran proteger también la producción de la hoja de coca más allá de lo que permite la ley y que, en consecuencia, deben actuar.
Para empeñarse en este conjunto de acciones Morales ha establecido que la ilegalidad de las mismas provienen sólo del “imperialismo” que es necesario desdeñar, así como necesario es aprovechar el actual contexto de inestabilidad que se observa en Chile, Colombia y el Perú según ese consumado geopolítico. El objetivo será la creación de una “patria grande de Estados plurinacionales”.
¿Puede el gobierno amparar esta monserga contra la seguridad nacional y regional que pretende, además, transnacionalizar las ciudadanías del área planteándolas como un sistema de clases económicas y castas raciales organizadas? No puede. Pero el gobierno lo aprueba y lo promueve con el beneplácito del Sr. Béjar.
El Congreso debe tomar acción contra estas iniciativas subversivas, declarar no grata la presencia del Sr. Morales y llevar la protesta parlamentaria a sus pares bolivianos porque la Cancillería, bajo el mando actual, no lo va hacer.
Más aún cuando existe un estado de inconciencia colectiva sobre este problema que ronda el límite de la amenaza. En efecto, ni la Cancillería ni la prensa (cuando ésta era dominada televisivamente por la prioridad economicista), lo advirtieron con seriedad desde que Morales asumió el gobierno con un discurso “plurinacional” que luego constitucionalizó.
La tolerancia de Cancillería con el desafío de Morales termina por cancelar la dimensión de sensatez que pudieran haber tenido las otras acciones emprendidas por el Sr. Béjar.
En relación a la primera de ellas, el canciller ha informado que el Estado ha cambiado de prioridades instrumentales para lidiar con la dictadura venezolana. El esfuerzo principal a la promoción de un tránsito democrático en Venezuela se focalizará en el apoyo al Grupo de Contacto Internacional que, siendo la opción más eficaz, promueve hoy en México el diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país.
Teniendo en cuenta que las acciones del Grupo de Lima para lograr una salida pacífica y constitucional que llevase a los venezolanos a unas elecciones libres, justas y creíbles, lo más pronto posible devinieron en meramente declarativas, la alternativa del Grupo de Contacto parece hoy, en efecto, un escenario más propicio.
Especialmente cuando ni el desconocimiento de la Asamblea Constituyente que sofocó al Congreso venezolano, ni la descalificación de la ilegal reelección de Maduro por el grupo de Lima tuvieron resultados concretos para resolver la “crisis multidimensional” de ese país (lo único salvables ha sido el precario reconocimiento por medio centenar de países de Juan Guaidó como presidente encargado).
Por lo demás, una buena mayoría de los integrantes del Grupo de Lima apoyan al Grupo de Contacto al tiempo que entre ambos grupos se ha estableció, en 2019, un mecanismo de cooperación.
Para el Perú, el problema no radica en la sostenibilidad del Grupo de Lima sino en dos escenarios indeseados. El primero se asienta en la posibilidad de que la Cancillería transite de la ineficacia del Grupo a su disolución y el canciller Béjar aproveche la ocasión para intentar “refundar” el UNASUR con fines regionales más amplios y con un encuadre ideológico bien alejado del despreciado “Grupo de Washington” (como denominó al Grupo de Lima).
Y el segundo, se fundamenta en la fuerte probabilidad de que el Sr. Béjar se concentre más en procurar el levantamiento de las sanciones norteamericanas y europeas a Venezuela que en lograr una muy improbable transición democrática en ese país salvo alguna pequeña apertura.
En tanto esta predisposición parece ser la prioridad que Béjar alimenta, su cotejo con la relación bilateral realizado con la Embajadora de Estados Unidos y el marco de un mecanismo de coordinación semestral de una agenda acotada constituye sólo un éxito de apariencias.
Esa apariencia agrega incertidumbre a la relación bilateral a la luz de la aprobación norteamericana adelantada de la elección del Sr. Castillo (un “modelo” regional según el Departamento de Estado) cuando la mayoría de peruanos mantenían dudas y requerimientos de esclarecimiento electoral que no fueron absueltos. Ello no contribuye a establecer la fiabilidad del gobierno norteamericano en la relación con el Perú.
Si el apoyo político norteamericano al Sr. Castillo se incrementase con una eventual visita de éste a Washington DC, Estados Unidos deberá aclarar a los peruanos las razones para tamaña condecoración que humillaría el sentimiento de la mayor parte de los ciudadanos. Especialmente porque esa política de legitimación externa, que contrasta fuertemente con la escasa legitimidad interna que goza el gobierno, sería una acción muy poco democrática.
