En un clima de creciente violencia política, de confrontación con las autoridades del sistema interamericano, de conflicto con la Unión Europea, de ausencia de observadores extra-regionales y de paralizante crisis económica se realizarán este fin de semana elecciones en Venezuela que debieran, en principio, concluir con la hegemonía chavista en la Asamblea Nacional.
Con un ventaja de 35 puntos (63% vs 28%) en las encuestas la plural oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática tiene por primera vez la oportunidad de hacerse con la mayoría absoluta de los 165 escaños de la única cámara legislativa (en el 2010 ganó con el 52% de los votos pero el particular sistema chavista entregó el 60% de los asientos al oficialismo).
De reconocerse el triunfo de esa mayoría, la oposición no habrá arrebatado el poder del dictatorial Nicolás Maduro, pero sí habrá logrado capacidad para fiscalizar al gobierno y atenuar el completo control institucional que el chavismo ha endurecido ininterrumpidamente a lo largo de 17 años.
Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, ese resultado será inaceptable. Tanto que el señor Maduro ha anunciado que defenderá el poder en las calles.
Esa disposición represiva se acaba de manifestar bárbaramente con el asesinato de un opositor más (Luis Manuel Díaz, de Acción Democrática) mientras acompañaba a la esposa del líder encarcelado Leopoldo López en un acto de campaña.
La señora Lilian Tintori, esposa de López, responsabilizó personalmente al presidente Maduro y le exigió garantías de paz. El criminal acto de amedrentamiento (que, procuraba quizás, una reacción violenta) fue condenado por el Secretario General de la OEA, autoridades de la Unión Europea y las cancillerías de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay además de la Misión Electoral del UNASUR en Caracas.
Dada la gravedad de la situación se hubiera esperado una reacción de los Jefes de Estado o de los cancilleres del UNASUR pero, por limitaciones atribuidas al requerimiento del consenso, ésta no se produjo. Como tampoco se produjo el pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA aunque fuera para solidarizarse con el Secretario General de esa entidad, Luis Almagro, que fue insultado por el señor Maduro por exigir el respeto de la ley y garantías para los participantes en el proceso electoral venezolano. En esa omisión incurrieron también las autoridades peruanas.
Esta pasividad resulta inaceptable cuando la inestabilidad política en Venezuela es atribuible, sin atenuantes, al gobierno en funciones y a su disposición a no ceder el poder (ni debilitarlo) por la vía democrática.
Pero la irresponsabilidad de la omisión (en especial de tres Estados andinos y de la Argentina que aun gobierna la señora Fernández) es aún mayor en tanto muestra su decisión de seguir incumpliendo la obligación colectiva de protección de la democracia representativa en la región. Al hacerlo se agrega fricción en el área en tanto la reivindicación de la cláusula democrática es un hecho reconocible que el triunfo del señor Macri en Argentina ha demostrado mientras su necesidad se incrementa a la luz del posible juicio político a la presidenta del Brasil.
Más aún cuando la posibilidad de un escalamiento de la violencia política en Venezuela es una amenaza real y presente para los venezolanos y para la región. Y no sólo por la autoritaria intransigencia del gobierno del señor Maduro o el férreo control que ejerce sobre las instituciones del Estado (incluyendo a la Fuerza Armada) sino por el peculiar carácter de sus vinculaciones externas (la trasnacional influencia cubana y del ALBA) y extra-regionales (Irán, China y quizás Rusia) que van más allá de las normales relaciones interestatales.
Esa actitud disfuncional se ambienta en el inmenso descontento social derivado de la escasez y corrupción generalizadas, de una inflación superior al 200% (que el gobierno estima en 80%), de la creciente pobreza (cuya dimensión, en términos de ingresos, un consorcio universitario estima en 73%) y de una contracción económica que el FMI calcula en -10% para este año (y que el Bank of America establece en -7%). A empeorar ese estado de cosas contribuye la gran pérdida de reservas internacionales por su pésima gestión y por la caída de los precios del petróleo cuyo impacto PDVSA (responsable del 95% de las exportaciones y de 25% del PBI) ha incrementado.
En ese marco, el eventual triunfo de la oposición debiera ser apuntalado desde fuera en búsqueda de una cierta estabilidad dialogada con miras a una alternancia en el poder a partir del 2019 (o quizás antes si es que, a pesar de ello, la ingobernabilidad en Venezuela sigue deteriorándose). La omisión de parte de los vecinos a abogar por el cese de la violencia, la viabilidad democrática y el retorno del Estado de Derecho en ese país no sólo contribuye a esa alternativa sino que agrava la crisis venezolana.
