15 de setiembre de 2021
El silencio presidencial sobre cómo se dispondrá del cadáver del terrorista Abimael Guzmán a pocos días de la eventual intervención del Sr. Castillo en la Asamblea General de la ONU, donde quizás se refiera a Sendero Luminoso, es inaceptable.
Su mutismo al respecto exacerba el debate sobre la idiosincrasia política del más sanguinario asesino en masa que haya nacido en el Perú y estimula a los partidarios de Perú Libre a que persistan en dar al criminal el trato correspondiente a un ciudadano cualquiera. Como no debiera ser extraño para nadie, ese trato común pretende desconocer la bárbara naturaleza del individuo fallecido y los asesinatos masivos y selectivos que provocó por razones políticas.
Aprovechando la proclividad a la absolución de una parte de la ciudadanía que, por razones religiosas, sentimentales o las que fueren, actúan de manera extremadamente generosa frente a un deceso, los miembros de Perú Libre buscan que la herencia de Abimael Guzmán se legitime y, por tanto, se potencie.
En el proceso, los miembros del partido y del gobierno afines a la ideología de Sendero no sólo no condenarán, como ya es obvio, los actos del grupo terrorista ni los de su bárbaro jefe sino que, forzados a responder, se limitarán a rechazar, en general, “todo tipo de violencia” o “todo tipo de terrorismo”. Al hacerlo ellos sugerirán, como viene ocurriendo, que hay otros actores equivalentes a Sendero (es, decir, los representantes de la ley y, por tanto, del Estado) que merecen igual calificación histórica.
Esta pretendida equivalencia moral y política, cuyo origen puede rastrearse a los términos que empleó la Comisión de la Verdad más allá de la buena voluntad que haya inspirado a sus integrantes, ya ha hecho impacto en parte de la población. Ese grupo social prefiere olvidar la historia a pesar de haberla padecido brutalmente, ser indiferente a ella (el caso de las nuevas generaciones) o simplemente utilizarla (el Movadef, el Conare, el Fenate).
Si ésta es la actitud política y mental del presidente Castillo (su silencio y militancia implica que lo es) y, en medio de un vacío legal, no opina ni dispone que el Estado se haga cargo de los restos de Guzmán antes de presentarse en la ONU, es posible que pretenda presentar al terrorista máximo y a su grupo como una especie de movimiento social que extravió su camino y que luego reestableció sus vínculos ciudadanos a través de la actividad política tolerada por la autoridad electoral. Y que, su inserción social es aceptable a través de un fuerte vínculo ya no sólo con los sindicatos educativos sino con los movimientos cocaleros (los locales y los que comanda Evo Morales).
De allí a plantear la defensa del movimiento cocalero, tan vinculado al narcotráfico como en el VRAEM o en Bolivia, hay un paso. Ese paso encontrará agenda y normativa multilateral propicia en el seno de la ONU.
En ese escenario el Sr. Castillo, tan cercano a Morales, estará encantado ya no de vestirse como él sino de ser reconocido internacionalmente como un campesino andino que sólo busca justicia para su pueblo. Así el presidente del Perú se presentaría en la ONU como un defensor de terroristas y de narcotraficantes disfrazado vernacularmente de imaginería que tanto conmueve a ciertas audiencias europeas y norteamericanas. El cadáver de Abimael Guzmán lo habrá ayudado en el empeño.
La Cancillería, que para la condena de actos terroristas en terceros países emplea el mismo lenguaje general que han aprendido ya los representantes de Perú Libre (“condenamos todo tipo de violencia y de terrorismo venga de donde venga”), no puede avalar este travestismo. Su deber es hacer ver al Sr. Castillo que, como Jefe de Estado, deber condenar en concreto al terrorismo de Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán, que éste murió en la cárcel cumpliendo condena establecida por jueces peruanos de acuerdo a ley y que, en consecuencia, se procederá a disponer de sus restos. De lo contrario la autoridad diplomática a cargo habrá perdido también legitimidad.
