Si la política exterior se entiende en términos estrictos, su titular, el Presidente de la República, sólo debería tratar con sus pares y sus agentes diplomáticos.
Esta rigidez ha sido superada hace tiempo. A ella han contribuido el cuestionamiento del concepto de soberanía absoluta hace más de un siglo, la discrecionalidad extraordinaria del cargo en estados presidencialistas, la interdependencia creciente a lo largo del siglo XX y el proceso de globalización que, sin disolver límites estatales, multiplica agentes y actividades transnacionales. Este conjunto de evoluciones yuxtapuestas ha incrementado y variado la agenda externa del Jefe de Estado en términos cuantitativos y cualitativos añadiendo interlocutores hábiles y útiles y atenuando la línea que separa al funcionario público del ciudadano común. Ello ocurre en la guerra (es decir, en los conflictos no convencionales en los que el trato con el enemigo la realizan emisarios estatales a través de la negociación como lo muestra las conversaciones de paz que sostiene el gobierno colombiano con las FARC) y también en la paz. En efecto, hoy ha dejado de ser chocante que los Jefes de Estado hayan devenido en activos promotores económicos realizando, por ejemplo, giras a las que acuden acompañados de una corte de empresarios y buscando trato con agentes financieros de los más diversos orígenes. Esta mutación ha sido más visible en los estados que se rigen por principios democráticos, por valores universales como los derechos humanos y que se asientan en economías de mercado. En ellos las políticas exteriores adquieren crecientemente funciones propias de las relaciones exteriores aunque la diferencia se mantenga. Por lo tanto, ya no es extraño que los jefes de Estado democráticos interactúen con miembros de la oposición de otros países (una práctica diplomática que realizan cotidianamente las embajadas), que exijan entrevistarse con ese sector político cuando tratan con estados dictatoriales o que reciban a candidatos presidenciales extranjeros (por ejemplo, la visita del candidato Sebastián Piñera al Presidente Alan García). Obviamente estos encuentros, público o no, dependen de la importancia y representatividad del interlocutor. El ex –candidato presidencial Henrique Capriles es obviamente un político importante. Y no sólo porque obtuvo en abril el 49.07% de unas elecciones venezolanas que él considera amañadas sino porque es el representante más destacado de la oposición a un régimen autoritario. En el marco recién descrito sólo era lógico esperar que fuera recibido por los jefes de Estado suramericanos cuando el Sr. Capriles emprendiera alguna gira por el área. Especialmente cuando estos países, reunidos en una cumbre extraordinaria de UNASUR, procedieron a reconocer el cuestionado triunfo del Sr. Maduro sin tener a la mano la información completa del proceso electoral venezolano ni haber registrado el testimonio del opositor. De acuerdo a estas consideraciones Sr. Capriles ha sido recibido por los presidentes de Colombia y Chile sin que ello implicase desconocimiento de la presidencia que ejerce el Sr. Maduro. Si esas entrevistas se han llevado a cabo en países vecinos y andinos, con mayor razón debió ser replicada en el Perú como presidente pro témpore de UNASUR. Especialmente si en el pronunciamiento de reconocimiento del presidente Maduro en abril pasado, los presidentes que integran UNASUR invocaron, de manera no condicional, al diálogo y a la creación de un clima de tolerancia en la República Bolivariana. Al realizar esa invocación que facilitó la juramentación del cargo por el Sr. Maduro, los integrantes de ese foro adquirieron la obligación de indagar por su status. Más aún cuando ese diálogo no se ha realizado. Si, más bien, el gobierno del Sr. Maduro ha endurecido su relación con la oposición a la que hostiga cotidianamente de manera verbal y por otros medios, parecía natural que la presidencia pro témpore de la entidad que patrocinó ese pronunciamiento se interesase por obtener la versión directa del representante de casi el 50% de los venezolanos. Lamentablemente ello no ha ocurrido. Ello muestra que las sugerencias de UNASUR fueron sólo ornamentales desde el principio y que el manto de legitimidad externa brindado gratuitamente al Sr. Maduro sirvió para logar alguna estabilidad en Venezuela lejana de la legalidad democrática y de un consenso político elemental. Si por ello votaron también Colombia y Chile, por lo menos sus gobernantes se han ocupado ahora de reconocer la importancia de la oposición venezolana en función de la viabilidad de ese país y de la seguridad en la región. Pero el Perú no lo ha hecho. Con ello ha señalado parcialidad y dado indicios de temor a la reacción del gobierno del Sr. Maduro (el comunicado respectivo no señala siquiera qué autoridad conversó con el Sr. Capriles). Esa conducta es impropia de quien ejerce la presidencia de la entidad regional que debe facilitar el diálogo entre sus miembros al margen de cualquier otra influencia. Y muestra también debilidad de la política exterior de un Estado que hoy debiera estar entre los mejor posicionados en Suramérica. Si alguna virtud pudiera encontrarse en esta conducta es la opción aparente del rol de “visagra” entre los estado del ALBA y los que no lo son. Ello podría ser útil si el gobierno de Venezuela mostrara alguna intención de apertura y de abandono de su conducta confrontacional. Pero éste no es el caso y, por tanto, no corresponde a las necesidades estratégicas del Perú.
