7 de Agosto de 2006
El Presidente Álvaro Uribe ha iniciado su segundo período como Jefe de un Estado que ha recuperado considerablemente niveles esenciales de seguridad acompañados de crecimiento económico y renovada legitimidad social y externa. Sobre esa base, que aseguró su reelección luego de una modificación constitucional, la expectativa es que Colombia logre acercarse a la pacificación y continuar por la vía del progreso bajo un liderazgo que el 62% de los colombianos ha apoyado.
Esta no será una tarea fácil a la luz a la luz de la capacidad narcoterrorista ya no para mantenerse a la ofensiva militar sino para eludir negociaciones serias de paz. Y menos en un contexto de seguridad global desmejorado extraregionalmente (la reanudación de conflictos regionales estimulados por agrupaciones terroristas de proyección internacional–Irak, Líbano-, entre otros) y regionalmente (la inestabilidad atraída a Suramérica por la irresponsable acción del presidente Chávez, la incertidumbre que el totalitarismo cubano arroja sobre el Caribe y la proyección potencial de la polarización política mexicana).
Es verdad que el Presidente Uribe ha logrado logros encomiables bajo condiciones adversas (el incremento de la capacidad de desafío de las FARC y de otras fuerzas narcoterroristas durante el gobierno del señor Pastrana). La desmovilización de las “Fuerzas de Autodefensa” (las AUC), el inicio de negociaciones con un ELN debilitado y el exitoso hostigamiento a las FARC erosionando considerablemente su capacidad de despliegue y de control territorial, son pruebas palpables de los logros del liderazgo político del presidente colombiano y de sus fuerzas armadas (cuya capacidad ha sido notoriamente recuperada).
La desmovilización de algo menos de 30 mil subversivos, el incremento de la presencia del Estado en buena parte de un territorio antes sometido al rigor narcoterrorista, el incremento notable del tránsito de personas negado antes por el control carretero de la subversión y la considerable reducción de todos los índices de criminalidad violenta complementan poderosamente el éxito de la lucha antisubversiva en Colombia.
Sin embargo, queda mucho por hacer: a pesar de los esfuerzos de erradicación e interdicción, Colombia sigue siendo el centro principal del tráfico global de cocaína (que ahora incorpora a toda la cadena de producción), las FARC mantienen un considerable poder local y de interacción externa, los desmovilizados no han sido asimilados suficientemente ni por el mercado ni por la sociedad y el malestar social sigue siendo alto (cerca de 50% de pobreza según versiones de consenso). De otro lado, el Presidente Uribe deberá continuar promoviendo reformas económicas que una ciudadanía con mayor sensación de seguridad puede tender a resistir con mayor intensidad (una muestra de ello ha sido la oposición a la privatización de parte de la empresa petrolera estatal Ecopetrol).
Es verdad que ahora el Presidente Uribe ha matizado el enfoque de mercado compensándolo con el de la equidad en la inauguración de su segundo mandato. Y que éste se refleja, por ejemplo, en propuestas de compensación a los sectores que podrían ser perjudicados por la probable reforma tributaria (reducción del impuesto a la renta equilibrada con el aumento de impuestos indirectos que todos pagan). Pero los requerimientos de mayor apertura en ciertos sectores como el agrícola (algunos de los cuales corresponden a los términos del TLC con Estados Unidos sin que se hayan reducido los subsidios a la producción y exportación norteamericana luego del fracaso inicial de la Ronda Doha) pueden despertar un nivel de controversia superior al registrado durante la primera administración. Es verdad que, internamente, ello será compensado por la influencia del “uribismo” en el Congreso (una coalición de diversos partidos que, por tanto, no es incondicional a pesar de ser mayoritaria), por el apoyo del sector empresarial y por la lealtad de la Fuerza Armada. Pero la capacidad de movilización opositora callejera que hoy emerge en otros países de la región puede incrementarse también en Colombia (especialmente si la economía se aletarga al compás de la desaceleración externa a partir del 2007) adelgazando el apoyo que hoy disfruta el Presidente Uribe. Este efecto, sin embargo, será atenuado externamente por el mayor apoyo que provendrá de Estados Unidos y de la subsistencia del Plan Colombia (US$ 600 millones anuales según The Economist) contra el narcotráfico y el terrorismo y a favor del fortalecimiento institucional y del soporte de reformista. En este punto, la asociación estratégica entre Colombia y la primera potencia tenderá a incrementarse. A pesar de ello, esa base de apoyo debe ser ampliada en la región para que Colombia logre una mejor inserción contextual. Ese apoyo debe orientarse a ayudar a Colombia a terminar, de una vez, con la confrontación interna que la marca contemporáneamente desde 1948 (el año del “bogotazo”) y con la corrupción (que hoy se retroalimenta desde los países vecinos y demanda de droga norteamericana y europea). Al respecto debe recordarse que Colombia no ha solicitado ni deseado mayor cooperación salvo la que ocurre a partir de sus fronteras. De manera concordante, la políticas de los vecinos –como en el caso peruano- es la de no inmiscuirse en el conflicto colombiano. Ello no obstante (y salvando el caso de Venezuela, país con el que Colombia procura mantener la mejor relación posible a la luz de la magnitud de la interdependencia bilateral -los intercambios colombo-venezolanos son los mayores de la subregión andina-), los demás vecinos podrían incrementar el nivel de cooperación de seguridad efectiva con Colombia (p.e. fortaleciendo sustantivamente la seguridad fronteriza con el propósito de reducir el radio de acción delictiva de las FARC).
De esta manera se lograría un mejor arraigo de seguridad de Colombia en consonancia con el incremento de su nivel de integración que, aunque aún insuficiente, ha aumentado notoriamente. Quizás ello pueda ayudar al esfuerzo del Presidente Uribe cuyo éxito se proyectará al conjunto de la región.
