El discurso de toma de posesión del cargo del Presidente Ollanta Humala puede leerse como una presentación de prioridades de gobierno encabezadas por un tema dominante (la inclusión social y el incremento del esfuerzo en la lucha contra la pobreza) en un marco económico de apariencia convencional (la continuidad de la disciplina fiscal y de una economía abierta) y de un ejercicio más enérgico del liderazgo (los capítulos de seguridad ciudadana, medio ambiente y equidad). Pero el discurso admite una lectura más compleja en tanto presenta un esquema de trabajo centrado en el intento de redefinir el rol del Estado, su relación con el mercado y el replanteamiento del orden social.
Este planteamiento ha sido calificado por un importante grupo de comentaristas de aceptable aunque escaso en metas cuantitativas, en señalamiento de procesos de gestión y en consenso intragubernamental (en el sentido de que, en apariencia, el discurso no fue entregado al gabinete previamente dadas las premuras para conformarlo). Otro grupo, integrado por calificadores doctrinarios entre los que se encuentran representantes del malamente denominado neoliberalismo, ha calificado el discurso de “socialdemócrata” y, por ende, no del todo recusable.
Por lo demás la presentación presidencial ha merecido la aprobación general de los gremios empresariales y de alrededor de dos tercios de la ciudadanía según algunas encuestas (en contraste con la aprobación inferior al 50% de la gestión del desempeño del señor Humala cuando era presidente electo).
De este marco de aceptación más o menos general se ha excluido obviamente la oposición fujimorista que se apropió de la crítica a la juramentación del Presidente (éste, al cumplir con esa indispensable formalidad, afirmó que respetaría el espíritu de la Constitución de 1979 sin mencionar la Carta fundamental vigente de 1993) radicalizando la protesta hasta el punto de considerar nulo el juramento y determinar que el Presidente lo era pero “de facto”. Pero aunque ese juramento (que, siendo un acto de Estado, debiera ser circunspecto y reglamentado) pueda no ser meramente simbólico (en contraposición con lo expresado por el oficialismo y por un amplio espectro de la opinión pública), ésta no es obviamente la cuestión principal.
En efecto, el asunto fundamental es la definición oficial y más o menos precisa de la distinción hecha por el Presidente en su referencia al Estado y al gobierno, estamentos que constituyeron, además, los dos pilares fundamentales del discurso.
En el primer caso, el del Estado, queda por determinar qué entiende el Presidente por “más Estado”, cuál es el ámbito que ocupa esa definición entre los extremos del Estado intervencionista y el minimalista referidos y cuál es la disposición ideológica que ilustra el entendimiento presidencial de la nueva relación Estado-mercado, cuestiones todas ellas destacadas en el discurso.
Ello es fundamental si el país desea comprender adecuadamente a qué se refiere el Presidente con la “gran transformación civilizatoria” que emprenderá (aunque en un marco de “conservación de los valores sociales, económicos y culturales de lo realizado hasta ahora y que son patrimonio de todos” en claro contraste con el anuncio del advenimiento de una “gran transformación”).
Resolver estas tensas ambigüedades es aún más importante si el Presidente tiene en mente “un nuevo contrato social” cuya referencia es la Constitución de 1979 (como lo destacó en su discurso y no sólo en la juramentación), su ideología original y su primer programa de gobierno dejado de lado por la más consensual y pragmática “hoja de ruta”.
Resolver este vacío no implica necesariamente una definición expresa si se pretende actuar con el pragmatismo exhibido en el plan de gobierno con la que el Presidente fue electo en segunda vuelta. Aquí la abstención en beneficio claramente explícito de la “hoja de ruta” bastaría. En cambio, la definición precisa de lo planteado conceptualmente será más importante en el caso de que el humalismo mantenga, como puede ocurrir, sus planteamientos originales que, sin haber merecido el apoyo ciudadano, pertenecen al acervo de Gana Perú y de su líder.
A esta situación no se responde con una explicación genérica como la que califica al discurso de socialdemócrata sencillamente porque lo propuesto en él está más cerca del asistencialismo que de la construcción de las redes institucionales de protección que definen al estado del bienestar. Y tampoco se responde con la minimización de la importancia que se ha otorgado a las empresas públicas (que, por lo demás, no sólo cumplen un importante rol en los Estados más liberales del área como Chile, Colombia o, en menor medida, México, sino que tienen cabida en el statu quo de la Constitución de 1993 si se fuerza su interpretación) a la luz de la dimensión estratégica de los sectores en los que esas empresas se desempeñarán.
Si esta situación responde a la nueva relación entre Estado y mercado, queda por definir, además, qué se entiende por “economía nacional de mercado”. Si la respuesta proviene de la ampliación del mercado interno como resultado del mayor dinamismo de la demanda nacional, la respuesta está en los hechos que ya definen la economía peruana. Pero si por ello se entiende una cierta predisposición proteccionista asentada en la remanencia del modelo de sustitución de importaciones la respuesta del gobernante debiera ser más explícita (el Estado puede patrocinar un cierto tipo de sustitución sectorial de importaciones como ocurre en los países desarrollados).
Planteada la problemática del primer pilar del discurso (el Estado), queda por ver la del segundo (el gobierno). Aquí las claves no se rigen por un principio ordenador reconocido sino por un abrumador conjunto de parámetros que deben ser jerarquizados o seleccionados de manera ad hoc para ordenar la gestión pública. De otra manera la incorporación de los términos guía (“reforma, democracia, libertades, inclusión, redistribución, crecimiento, paz con justicia, seguridad, descentralización, transparencia, soberanía y concertación”) a cada acción del gobierno puede trabar la labor del Ejecutivo.
A este escenario complejo, el Presidente ha agregado el planteamiento de gestionar una sociedad multicultural privilegiando la diversidad sobre el mestizaje. Sobre este último, que es la principal característica antropológica de la ciudadanía y el núcleo de cohesión demográfico de la Nación, el Presidente ha guardado silencio. A la luz del fracaso de las políticas multiculturales en países desarrollados (Alemania, Reino Unido) y de la valoración del mestizaje en los países en desarrollo (como Brasil, que lo define como elemento central de su identidad), sería conveniente que el gobierno medite si es que no deseamos seguir el camino de la fragmentación étnica (como ha ocurrido, en no poca medida, en Bolivia). En este punto la influencia ambientalista, que en otras áreas es bienvenida, debe ser evaluada con mayor ponderación y realismo.
De otro lado, el Presidente ha hecho bien en enfatizar el acápite de seguridad ciudadana, en comprometerse con la gestión de la problemática consecuente y en sentar los principios de la políticas contra el narcotráfico (no a la legalización del consumo de drogas y del cultivo de la coca ilegal y afirmación de la política de desarrollo alternativo que implica también erradicación de los cocales ilegales).
Lo mismo ocurre con el sector Defensa, cuya materia puede aceptar un grado de reserva inicial. Sin embargo, era necesario afirmar en el discurso la disposición disuasiva de la estrategia de la defensa nacional y la vocación de seguridad colectiva del sector de manera complementaria a los bien señalados requerimientos de equipamiento adecuado y de recuperación de la moral de la Fuerza.
Con esta misma predisposición a la reserva y al minimalismo, el Presidente se refirió a la política exterior. Si bien los escenarios y prioridades señaladas son sensatas (integración y multilateralismo), éstos fueron sólo parciales en tanto estos acápites obviaron el trato de otras prioridades tradicionales (países vecinos –entre los que se destacó sólo el principio de solución pacífica de controversias en relación a Chile- y resto del mundo –que es esencial para una pequeña potencia como el Perú tanto por la evidente complejidad de la interdependencia y por la importancia de los interlocutores extra -regionales).
Aquí la necesaria referencia a la problemática de los peruanos en el exterior fue, de otro lado, superpuesta a las necesidades del Estado y de sus ciudadanos residentes mientras que la alusión al multilateralismo pareció al margen de la situación de crisis que vive esa dimensión de las relaciones internacionales.
Como parece evidente, el discurso presidencial merece un complemento que probablemente supere la dimensión de la referencia a la gestión que procurará brindar próximamente el Primer Ministro al Congreso.
