5 de mayo de 2006
Como correspondía, el Perú informó al Consejo Permanente de la OEA sobre la intromisión sistemática del presidente Hugo Chávez en el proceso electoral peruano. Al hacerlo el Estado fortaleció la protección de la voluntad ciudadana en ese proceso, llamó la atención a Venezuela sobre las consecuencias hemisféricas de las arbitrariedades de Chávez en el Perú y activó, en alguna medida, un régimen que los miembros de la OEA parecen dispuestos a olvidar: la Carta Democrática.
Sin embargo, de manera contradictoria, el gobierno, luego de llevar el caso a un foro multilateral, prefirió definirlo como una discordia bilateral. Ello restó sustancia a la precaria argumentación jurídica con que presentó el reclamo en la OEA: en lugar de invocar el artículo 17 de la Carta Democrática que autoriza a cualquier Estado Miembro a dirigirse a ese foro cuando las normas y el orden democráticos estén poniéndose en riesgo en su jurisdicción, el gobierno eligió la defensa de los principios clásicos de la no intervención y libre determinación de los pueblos reconocidos en la Carta de la ONU y de la OEA.
De esta forma, al convertir en sustantivo lo que debió ser sólo el marco formal de la argumentación peruana, el gobierno erosionó los fundamentos principales de la Carta Democrática que justamente cuestionan el principio de no intervención cuando la democracia representativa está bajo amenaza.
Así, al preferir la razón de Estado, que otorga prioridad a la soberanía singular, en lugar del régimen colectivo de la democracia representativa (la “cláusula democrática”) adoptada por la OEA (y también por el Grupo de Río, el Mercosur y la CAN), el gobierno debilitó la argumentación sobre la defensa de la democracia representativa en el Perú y no fortaleció suficientemente esa obligación general en el ámbito hemisférico. En consecuencia, erosionó la posibilidad de cuestionar el carácter autoritario del gobierno que hoy agrede al Perú, afianzó la sensación de invulnerabilidad del mismo, no inhibió el impulso de su proyección geopolítica (especialmente en el Cono Sur a propósito de la interconexión energética en la que Venezuela es dominante) y tampoco reclamó con la energía suficiente la obligación de los Estados americanos de concurrir solidariamente en la defensa de la democracia representativa de un socio. Por lo demás, el privilegio que la representación peruana otorgó en este caso a los principios de no intervención y de autodeterminación clásicos facilitará la exaltación de los mismos por Venezuela, cuando le toque hacerlo, para defender la creciente acumulación de poder por el Ejecutivo de ese país. Una vez dicho esto, es necesario sin embargo, considerar las posibles razones que tuvo el gobierno para emprender este débil línea de argumentación. En efecto, es posible que la opción por una declaración singular en la OEA antes que colectiva se haya debido a la incapacidad de concretar apoyos indispensables (lo que reflejaría una seria debilidad diplomática), que éstos hayan sido inviables (lo que comprobaría la decrepitud de la Carta Democrática) o que esos apoyos no se ha hayan buscado para evitar una mayor fricción en Suramérica y la Comunidad Andina que ha ingresado a una ciclo de preocupante fragmentación.
En efecto, de haberse aislado a Venezuela en el ámbito de la OEA es posible que a este hecho hubiera seguido la agudización de la fricción de Bolivia con la CAN. Ello habría tenido por lo menos dos resultados. Primero el fortalecimiento de la disposición venezolana a promover realineamientos suramericanos radicales que presionen a Brasil y Argentina. Segundo, una mayor dinamización de la alianza de Bolivia con Venezuela y Cuba. Ésta habría agudizado la confrontación del país altiplánico con la Comunidad Andina en momentos en que el lanzamiento de la negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea pende de un hilo en tanto la UE desea negociar con el grupo de integración y no con cada uno de sus miembros.
Sin embargo, considerando que, además del cálculo político, están en juego principios rectores del orden interno y hemisférico, la Cancillería debió recurrir con más énfasis a la Carta Democrática. Si ello conducía a una supuestamente inaceptable mayor fricción con Venezuela, el gobierno siempre podría haber moderado la intensidad de su denuncia, pero en el ámbito de la Carta. Pero aún así el objetivo de minimis se ha logrado: congelar de momento la intromisión venezolana desde el foro hemisférico.
Sin embargo, como la motivación de esa potencia es manifiestamente revisionista, es probable que ésta reitere su intromisión en el Perú. Cuando eso ocurra, la Cancillería tendrá que acudir a argumentos más sólidos que los esgrimidos en esta oportunidad en la OEA. El bilateralismo simple no alcanzará para atenuar la vocación antidemocrática del régimen chavista ni su decisión de imponerla en la región.
