2 de noviembre de 2021
Luego de que el canciller destacase que el sustento de la política exterior del gobierno es sólo “principista” y que pretendiese que la frustrada designación de un embajador político (que no cumplía con requisitos de ley) fue realizada de manera “legal y transparente”, la Premier Vásquez estableció ante el Congreso que los rangos de ésta apenas son los de la integración fronteriza y regional (la “Patria Grande”).
En este marco de distorsión conceptual y operativa, la primera acción de política externa relevante se ha realizado mediante el sexto gabinete binacional peruano-boliviano. Su predominante implicancia es geopolítica e ideológica signada por la afiliación con el MAS boliviano y su líder Evo Morales.
De ello da cuenta el hecho de que un gobierno que declaró inicialmente preferencias multilaterales, opte hoy por privilegiar un escenario vecinal mientras, en Glasgow, se realiza la cumbre sobre cambio climático considerada como una de las últimas oportunidades para escapar a las consecuencias catastróficas del calentamiento global. Esto es, intentar que la temperatura global no escale por encima de 1.5º C y lograr la neutralidad de emisiones en 2050 (ONU).
De esta manera se ha sacrificado la adecuada presencia del Perú en una reunión cuyo contenido se precisó en Lima en 2014 (la COP 20). Esa reunión dio pie a la Cumbre de París y al acuerdo de 2015 (192 suscriptores) en que se basa la actual cumbre escocesa sobre cambio climático.
Al desatender un interés nacional sobre atenuación del impacto del cambio climático cuando el país muestra gran vulnerabilidad a ese fenómeno, el Perú se coloca además al lado grandes países contaminantes, como China y Rusia (y también Brasil), que no concurren o no confrontan la amenaza global.
En lugar de ello, el gobierno privilegia una reunión binacional de gabinetes cuando el gabinete peruano es cuestionado, carece de la confianza del Congreso y produce algunos cuestionables resultados.
Entre ello sobresalen la confirmación de la “diplomacia de los pueblos” como alternativa a la internacional y el sobredimensionamiento de la identidad multicultural de las partes sin respeto por las grandes mayorías mestizas mientras afloran tendencias de definición territorial y de cooperación que deben corregirse.
Al respecto el gobierno debe tener presente que el lago Titicaca es un condominio indivisible y no un escenario trasnacional como pareciera entenderse y que la entidad encargada del manejo de cuencas binacionales es técnica y no política.
De otro lado, los avances en integración energética deben considerar que las reservas de gas boliviano y peruano se han degradado y deben ser redimensionadas antes de pensar en grandes proyectos. Y que el uso de la infraestructura portuaria de Ilo por el comercio exterior boliviano es una concesión del Estado peruano y no un derecho de la contraparte y que, por tanto, es la autoridad peruana la que debe estar cargo.
Para ello el marco de seguridad debe ser verosímil. Pero, debido a la interacción cocalera, no lo es.
