18 de Agosto de 2006
La amenaza del narcotráfico se inscribe hoy en un contexto de seguridad sustancialmente deteriorado por el incremento de otro desafío global: el terrorismo. Si la vinculación entre narcotráfico y terrorismo es una premisa comprobada, aunque matizada por el diferente carácter de los escenarios donde se arraiga, se concluirá que la determinante influencia del terrorismo en los principales centros de conflictos regionales (los del Medio Oriente) deberá tener un impacto en los ámbitos locales (p.e. en Colombia). En estos casos la intensidad de la filiación entre narcotráfico y terrorismo tenderá a incrementarse tanto por la naturaleza del vínculo (p.e. el carácter narcoterrorista de las FARC) como por el grado de relación entre ambas amenazas. A ello debe agregarse dos componentes locales. En el lado de la demanda, el consumo no se abate con la intensidad suficiente para que la intensidad del narcotráfico descienda.
Éste es un viejo problema del que los países desarrollados no han logrado dominar y al que los países en desarrollo (especialmente los suramericanos) han agregado intensidad con su significativa incorporación al mercado de consumo (el caso brasileño) o a la cadena de intermediación (el caso mexicano).
Y en el lado de la oferta el problema ha sido innovado no sólo por la fatiga y debilidad estatales en la lucha contra esa amenaza sino por la creciente organización política de los productores (especialmente en lo países andinos). En estos países los productores, cuyas organizaciones no distinguen adecuadamente al cultivador legal del ilegal, ya alcanzaron el poder (en Bolivia el presidente Evo Morales sigue considerándose un líder cocalero) y han ganado posiciones en el Perú (la “bancada cocalera” del Congreso). El problema se agrava si se considera que organizaciones como la CAN han contribuido con el gobierno de Bolivia con gestiones para extraer la coca de la lista I de la Convención de Viena de 1961 (Convención Única de Estupefacientes) que identifica a la coca como uno de los productos que deben someterse al rigor del Estado.
Aunque en los países andinos la producción de coca ha descendido notablemente en la última década (a principios de los 90 el área sembrada en el Perú no bajaba de 110 mil has. mientras que hacia el 2004 asciende a 54 mil (50300 según Enaco), la mayor productividad, nuevos mercados y los intentos “despenalizadores” y “legalizadores” están complicando seriamente el problema. Al respecto debe tenerse en cuenta que del total mencionado, 43624 has.de sembríos cocaleros (correspondientes a 100936 TM) están comprometidas con el narcotráfico y sólo 6676 has. (obtenidas de 9 mil TM) se orientan al consumo legal según la ONU (el saldo podría catalogarse dentro de la categoría coca legal/informal). Esta última cifra sube, según la contabilidad de otras organizaciones, a cerca de 10 mil has. El hecho de que la línea que separa la coca legal y la ilegal presente tan bajo margen de error para el Estado y los organismos internacionales y de que ello no quede claro para los productores organizados políticamente es ciertamente un problema mayor.
Más aún cuando se reitera la evidencia de que no hay cultivo lícito que pueda competir con el precio de la coca destinada al narcotráfico. En efecto mientras que el precio del producto agrícola más barato (el olluco) y el más caro (el cacao) se paga 0.29 y 4.78 soles por kilo, respectivamente, en centros cocaleros como Huanuco y Cuzco, el precio de la coca destinada al narcotráfico en esos mismos departamentos asciende a 9.55 soles por kilo (FONAFE, Minag. 2005).
Si esa diferencia es imbatible en términos de remuneración y el narcotráfico hace de ella un negocio de US$ 293 millones anuales sólo en el Perú parece evidente que esta amenaza no puede combatirse sólo a través de mecanismos de mercado como algunos pretenden sino que sigue reclamado la intervención coercitiva y desarrollista del Estado. Lo primero que se debe decir al respecto es que el Estado debería contar con US$ 300 millones anuales para sustituir a mayor ritmo el cultivo ilegal de coca. Como ello no ocurre, es necesario fortalecer las instituciones encargadas del control de la coca legal (Enaco) y de aquellas responsables por la erradicación de la ilegal, la interdicción, el desarrollo alternativo y la prevención, entre otras, a niveles superiores que los que requeriría una erradicación expeditiva y sostenible. Lamentablemente, el gobierno acaba de dar una muestra de debilidad al respecto: la disposición a entregar el control de Enaco a uno de los gobiernos regionales de mayor producción cocalera (el Cuzco, cuya producción ilegal es, con 16247 has., la segunda en el país -aunque es también el primer productor legal con 5894 has.-) (Enaco). Peor aún, el directorio de esa repartición podría ser dominado por una representación mayoritaria de gobiernos regionales eminentemente cocaleros. Como es evidente bajo ese esquema Enaco agregará a sus problemas de ineficiencia los económicos derivados de la estructura de precios de la coca legal frente a la informal/legal y la ilegal. En efecto, mientras esa entidad compra al productor a 5.19 soles el kilo de hoja (cuyo costo de producción es sólo de 1.57 por kilo) y vende al consumidor tradicional a 21 soles el kilo, los agentes informales ofrecen mayores ventajas al productor (5.66 soles por kilo) obligando a Enaco a comprar a mayor precio. Pero ese problema es ínfimo frente al precio que pagan los agentes del narcotráfico directamente al productor (9.55 soles por kg) (1). Frente a la magnitud del desafío que presente el “mercado” de la coca, el Estado y la comunidad internacional están obligados a redoblar esfuerzos. Especialmente si el vínculo del narcotráfico con la política se ha incrementado en un contexto regional que pierde resistencia frente al problema de la coca ilegal en un contexto global en el que el vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo parece haberse incrementado.
