• Alejandro Deustua

El Narcoterrorismo del VRAEM… y el Que Nos Espera

Luego de que se declarara la derrota militar de Sendero Luminoso (2006) y de que gobiernos sucesivos dispusieran el envío de tropas para eliminar a los remanentes de esa agrupación terrorista éstos, aliados con el narcotráfico, no han dejado de asesinar a militares y civiles en el VRAEM.


Hace pocos días un puñado de estos “remanentes” han dado muerte a 16 personas en la zona. Como reacción inmediata el Presidente de la República y el Comando Conjunto de la Fuerza Armada condenaron los asesinatos y ordenaron el despliegue adicional de tropas en la zona para que el crimen “no quede impune”.


Esa respuesta es claramente insuficiente por un par de razones elementales. Primero porque, a pesar de que en pocos días los peruanos elegirán en segunda vuelta al próximo Jefe de Estado, es deber de éste disponer lo necesario para lograr la derrota total de ese enemigo letal que ha profundizado su arraigo en la zona.


Y segundo, y muy especialmente, porque uno de los candidatos en lisa no sólo no ha condenado el nuevo ataque terrorista sino que apenas ha rechazado al respecto “la cobarde actitud de algunas personas” (El Comercio) sin mencionar a Sendero Luminoso.


Esa respuesta es coincidente con la vinculación del candidato Castillo con el Movadef, entidad coaligada con Sendero que se presenta como una organización de derechos humanos que aboga por la amnistía senderista.


Tal vinculación es agravada por la presencia en el futuro Congreso de al menos dos integrantes de Perú Libre que tienen expedientes de la Dircote que ha establecido su membresía senderista mientras otros tres aparecen ligados también al Movadef (Caretas).


Si el Jurado Nacional de Elecciones aligeró las candidaturas de estos personajes (cuestión que debe revisarse), el Jefe de Estado está obligado a velar por el orden interno y la seguridad exterior como Jefe Supremo de la Fuerza Armada y director del Sistema de Defensa Nacional según la Constitución. Ese mandato incluye, como es obvio, comandar la lucha antiterrorista en el Perú.


En tanto esa función se ejerce de manera plena y constante independientemente del cronograma que el Presidente disponga para cumplir con otras responsabilidades, él está obligado a definir la misión de la Fuerza que actúa en el VRAEM. Y ésta no puede ser otra que la derrota de la banda senderista por rendición o neutralización. Y si bien el desarrollo de la zona es indispensable (DS 102-2018-PCMS) éste será inviable si no se cuenta con un ambiente de seguridad básico y funcional.


La ciudadanía comprende que el VRAEM (la zona en que confluyen los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), es geográficamente compleja y extensa (alrededor de 8 mil kms. 2) y demográficamente amplia (alrededor de 500 mil habitantes rurales y urbanos distribuidos en una zona de intervención gubernamental –población urbana de 55% y 63% de población rural; y en una zona de influencia -45% urbana y 37% rural).


Esa zona se ubica en el centro de la sierra y selva del sur del Perú y, por tanto, tiene gran influencia en el engarce del país en la periferia del Cono Sur. Especialmente si el área es también el principal centro de producción cocalero del Perú (alrededor de 19 mil has. el año pasado mientras que Devida estimaba 18.3 mil has. en 2015 –la estadística no se ha renovado adecuadamente-). Esa producción, parte de un total de cerca de 50-70 mil has., está calificada por la exportación de derivados de coca y por la articulación con cocaleros de múltiples nacionalidades (entre ellos, bolivianos que han hecho de la hoja un símbolo nacional).


El lugar común salta a la vista: el terrorismo en el VRAEM está fuertemente articulado con el narcotráfico y ha convertido a los principales valles agrícolas del centro-sur del Perú en una zona excéntrica, fuertemente infiltrada y con intensa tendencia centrífuga.


No es ésta una realidad que el Estado peruano pueda tolerar. Y mucho menos cuando su influencia política nacional está ya en el Congreso y desea llegar a Palacio de Gobierno ayudada por la inacción y decadencia del ejercicio gubernamental y de la conducta de sus ciudadanos.


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