Como si los incumplimientos por el gobierno venezolano de los acuerdos logrados en el deteriorado proceso de diálogo con la oposición fuera poco, Venezuela ha sido suspendida por los países que integran el Mercosur por incumplir también con la adopción de normas requeridas por esa organización.
Esta situación, que muestra la ilegitimidad interna y externa del gobierno de Maduro, contrasta con la aparente necesidad de mantenerlo como interlocutor sólo para impedir una confrontación civil y el derrumbe final de un Estado que, por su incapacidad de cumplir con obligaciones de todo orden, puede ser considerado como un Estado fallido.
Bajo estas condiciones Venezuela no puede participar adecuadamente en organismos internacionales que, por naturaleza, no son sólo fuente de derechos. Pero el gobierno de ese país, vertebrado en torno del autoritarismo interno y la amenaza externa como medio de vida, no sólo no lo entiende así sino que persiste en el lenguaje hostil cuando es confrontado por sus pares en esas entidades.
Este es el caso de su relación con los países que integran el Mercosur a los que el gobierno venezolano pretende sorprender llamando a los ciudadanos de esos países (en clara instrumentación de la “diplomacia de los pueblos”) a la protesta contra sus gobernantes como respuesta a esa medida.
Es más, el gobierno venezolano pretende hoy ejercer compulsivamente la presidencia rotativa del Mercosur cuando ésta le es negada por los miembros del grupo en vista de que la suspensión está en marcha.
Al respecto la total divergencia normativa de Venezuela con los más elementales requerimientos de integración del grupo no es siquiera considerada por el gobierno de Maduro. Como no lo es tampoco el hecho de que su incorporación al Mercosur, primero como adherente (2006) y luego como miembro pleno (2012), se debiera esencialmente a la irresponsable condescendencia de los gobiernos de Lula da Silva y de Cristina Kirchner antes que a la afinidad económica con el gobierno de Chávez.
Como Venezuela no ha sido expulsada su gobierno cree que puede imponer condiciones mientras su Canciller, en lugar de reconocer el incumplimiento o de intentar medidas de convergencia, alega un “golpe de Estado” como instrumento de victimización.
A esa reacción la Canciller venezolana agrega además la mentira recurriendo a formalidades que desea hacer pasar como cumplimiento del acervo comunitario cuando sus socios muestran con hechos la irregularidad venezolana en relación al Protocolo de Adhesión. Entre esos incumplimientos se encuentran la no adopción de la desgravación plena de un parcial universo arancelario, de la nomenclatura correspondiente y la confrontación con las condiciones políticas de pertenencia.
Es decir, según los socios de Venezuela ésta no cumple siquiera con las condiciones necesarias para pertenecer a una zona libre comercio (que, por la persistencia de sus trabas no arancelarias, es muy imperfecta) ni con la plena vigencia de las instituciones democráticas que ésta requiere de los gobiernos que la integran.
Frente a ese escenario los socios del Mercosur han preferido, sin embargo, no invocar el artículo 5 del Protocolo de Ushuaia que establece la suspensión de un país miembro si su gobierno persiste en mantener la ruptura del orden democrático. Quizás por la necesidad de no alterar más el proceso de diálogo interno venezolano, esos países han optado por atenerse al vencimiento del plazo otorgado a Venezuela para adecuarse a la normativa subregional como fundamento de la suspensión de su participación.
Ese alegato parcial podría haber ido más allá, pero no lo ha hecho. En efecto, si los cuatro años otorgados a Venezuela para adecuarse al marco regulatorio reclamado no han concluido positivamente es claro que ello se debe a la irresponsabilidad del gobierno de Maduro y a su incapacidad de lograr ese propósito. Esta incapacidad se asienta tanto en la orientación de la economía y del comercio exterior venezolanos, que es incompatible con los fundamentos del libre comercio, como en la catastrófica situación económica que ese gobierno se empeña en agravar.
Si bien es cierto que Venezuela es miembro de la OMC y de la ALADI es claro también que su opción de integración en base a “tratados de comercio entre los pueblos”, que implican trueque, cooperación sui generis y comercio administrado (la característica del ALBA), es incompatible con acuerdos de libre comercio convencionales. Esta divergencia fundamental con la esencia del Mercosur tiene las consecuencias que siempre vimos pero que los gobiernos del área recién invocan en base a incumplimientos más precisos.
Si en el centro de esa completa disfuncionalidad se encuentra un mercado destruido por una inflación proyectada en más de 1600%, por dependencia plena de importaciones y de exportaciones exclusivamente petroleras, por la destrucción de las unidades económicas públicas y privadas, del consumo y la inversión privadas, por la incapacidad de satisfacer necesidades básicas y por una contracción de -8% este año y -4% en 2017 es claro que Venezuela carece de masa crítica para integrase plurilateralmente. El esperado repunte del precio del petróleo de entre US$ 40 y US$ 60 derivado del acuerdo de restricción productiva de la OPEP es, en este escenario crítico, insuficiente.
Es más, a la luz de las mayores expectativas de crecimiento regional en el 2017, el lastre venezolano sobre el Mercosur sería un obstáculo mayor para sus países que no podrían aprovechar mejor el nuevo impulso y que está costando a la Argentina y el Brasil dolorosas ajusten internos.
La suspensión de Venezuela por el Mercosur no es sino el retorno de ese grupo a la normalidad. Si ello implica un grado adicional de aislamiento del gobierno venezolano éste deriva de su propia irresponsabilidad y de la complicidad de los gobiernos de Lula y Kirchner que ahora está siendo corregida.
Esa suspensión debe ser acompañada de un comportamiento más serio de los países de la región si el diálogo interno fracasa en Venezuela. En ese caso, la Carta Democrática no debe seguir a la espera.
