El G8 y la Economía Global

Los tiempos en que los países industrializados coordinaban políticas para gestionar crisis económicas internacionales parecen haber terminado. A esta conclusión podría arribarse luego de que la reunión del Grupo de los 8 culminara sin la adopción de ninguna medida concreta para atajar la compleja situación económica global.

En efecto, en Japón, los titulares de esa organización han preferido reiterar ciertos principios (apertura y transparencia de mercados) en cada tema crítico antes que patrocinar algún tipo control sobre la multidimensional crisis económica que afecta a las potencias centrales y se traslada al resto del mundo.

En lugar de ello, se ha adoptado un compromiso genérico para rebajar hacia el 2050 en 50% las emisiones de gas que contribuyen al calentamiento global sin establecer acuerdos de implementación. Aunque ese compromiso parece más bien un insumo para la conferencia internacional sobre cambio climático que se realizará en Dinamarca el próximo año, éste es obviamente excéntrico a la grave problemática económica del presente.

En efecto, a juzgar por su laxitud en el trato de la crisis, el G8 no sólo parece haber optado por el horizonte de largo plazo para lidiar con su impacto sino que parece haber declinado la responsabilidad de su disminuido poder colectivo para trasladarla a las economías nacionales. De ese tipo de indecisión no escapa el diálogo sostenido con el G5 (Brasil, México, China, India y Suráfrica) confirmatorio del proceso iniciado en la cumbre del G8 el año pasado en Alemania.

Sobre el rol desempeñado por estas potencias emergentes debe decirse que, si bien su agenda incluyó la problemática del desarrollo sostenible, la energía, los alimentos y el cambio climático, sus miembros se han comportado más como una nueva instancia de poder que como representantes de sus regiones de origen (en el caso del Brasil, como ocurre también en la OMC, las consultas con sus pares suramericanos son difíciles de identificar).

Si ello confirma la crisis de gobernabilidad internacional en pleno proceso de globalización (que algunos recién reportan), también da cuenta de la incapacidad hegemónica de restablecer la estabilidad económica. Y contrasta con la voluntad regimental que los países industrializados ejercieron en las inmediaciones del proceso desregulador patrocinado por Ronald Reagan y Margareth Thatcher.

En efecto, cuando la economía internacional corría el riesgo de perder el impulso de la recuperación norteamericana y de agudizar la incertidumbre en las grandes potencias, éstas cooperaron para intervenir en el mercado para devaluar el dólar, produciendo luego un alineamiento cambiario que estableció parámetros para la libre flotación (los acuerdos del Plaza y de Louvre de 1985 y 1987). Hoy, a pesar de que la necesidad de la intervención reguladora es evidente frente a la magnitud de los desequilibrios globales, los riesgos de estanflación y el incremento desmedido de los precios del petróleo y de los alimentos por factores que ciertamente escapan al libre juego de la oferta y la demanda, el G8 no ejerce su responsabilidad y el G5 es incapaz de inducir medidas eficaces a pesar de los altísimos costos que la crisis impone a la economía global.

Si, en un escenario de creciente complejidad, esa responsabilidad es asignada a cada uno de los Estados nacionales, que nadie se alarme si esta ausencia de cooperación se traslada al ámbito de la seguridad. Los países que se rigen por principios comunes deben poder reaccionar mejor.