El G8 es un foro cuyos miembros han reconocido que el G20 es el ámbito que debe materializar mejor la coordinación económica global. Aunque ese mandato se sostiene, éste no implica la cancelación de una organización que representa la mayor cuota de poder en el sistema internacional y cuya influencia es real y efectiva a pesar de la emergencia de otras potencias. Especialmente cuando su articulador principal, Estados Unidos, fundamenta hoy su política exterior en la afirmación de que ni su liderazgo ni la centralidad de Occidente han cruzado el umbral de la decadencia (así lo expresó el Presidente Barack Obama en reciente encuentro con el primer Ministro Británico David Cameron).
En esta perspectiva la relevancia de las cumbres del G8 mantiene un sentido estratégico concreto que es necesario tener en cuenta. Desmerecerlo, como lo hacen ciertos ensayistas en revistas como TIMES, no parece prudente. Y menos cuando el G8 es presidido, temporalmente, por Estados como Francia cuya vocación de gran potencia está lejos de haber desaparecido.
Pero entre el reconocimiento de la importancia del G8 y la de su eficacia no hay necesariamente equivalencia. Y la hay menos cuando su agenda operativa sigue siendo innecesariamente extensa, cuando su cobertura, motivada por problemas específicos, se amplía a problemas globales sin tener mucho que decir al respecto y cuando, en el proceso, se ejerce una contraproducente discriminación de regiones (como el Asia o América Latina).
El hecho de que la incorporación de Rusia al G7 multiplicara la agenda del grupo original, cuya fundación en 1975 estuvo motivado por asuntos de naturaleza económica y de especificidad tan concreta como la crisis de esos años (que, sin embargo, era compleja), no debiera implicar que el G8 pierda la focalización que tiende a la eficiencia en la implementación de las materias tratadas.
La cumbre de Deauville, convocada por Francia entre el 26 y 27 de mayo, no ha tenido en cuenta esta cualidad no obstante haberse centrado en torno a la problemática del Norte de África y el Medio Oriente y la marcha de la economía global. A ello ha agregado asuntos indispensables para los miembros (la situación de Japón, innovación y crecimiento “verde”), asuntos afines (paz y seguridad y asistencia al desarrollo) y asuntos globales (comercio, seguridad nuclear, cambio climático y biodiversidad, y la compleja problemática del internet).
Si bien es claro que los miembros de una agrupación de la dimensión del G8 tienen derecho (y también el deber) de dejar sentada las premisas de su convergencia política en las materias que ellos consideren convenientes, el hecho es que la dispersión de la agenda es una receta para la inacción. De ello los latinoamericanos somos testigos en los casos de las cumbres del Grupo de Río, del Unasur y otras de importancia cuasi protocolar.
Pero si el G8 debe confrontar problemas tan críticos como el de la revolución (o el del “tránsito político”) en una región estratégica de proyección global como es la que conforman los países del MENA, es lógico esperar mayor concreción y, sobre todo, coherencia en sus decisiones. En este caso la concreción se ha disuelto por los excesos de la diplomacia multilateral y la coherencia deja qué desear cuando se citan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar crisis tan graves como la de Libia que contrastan con su implementación por la OTAN.
En este caso concreto el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza para resguardar las vidas de civiles atacados por el régimen de Gadafi y una solución que partiera de una alto al fuego, la organización de un diálogo para lograr una solución pacífica y la exigencia de que el régimen libio cumpla con las obligaciones del derecho internacional.
Si bien el régimen de Gadafi no merece la menor defensa a pesar de que un buen número del de Estado miembros del G8 mantenían relaciones “recompuestas” con ese gobierno hasta hace unos meses, el hecho es que la ONU no ha planteado su caída como condición para lograr una salida a la crisis en ese país. Sin embargo, los miembros de la OTAN que integran el G8 asumen que esa condición es indispensable y procuran, en consecuencia, un “cambio de régimen” que deriva de su propia interpretación de la situación estratégica en Libia. La Declaración del G8 no dice nada al respecto, pero sí lo hacen sus autoridades y las de la OTAN.
Si esta es la situación y el marco planteado por la Declaración es el de la universalidad de los valores de la democracia, entonces estamos frente a un hecho de imposición de la misma mediante el uso de la fuerza. Ello no es muy diferente del caso de Irak. Nosotros no nos oponemos a que ello ocurra cuando las condiciones lo requieren. Pero, luego de la experiencia iraquí, se necesita mayor transparencia y especificidad en el mandato y apoyo pleno en la ejecución. La primera no existe para los fines que busca la OTAN y la segunda puede ser cuestionable si se tiene en cuenta la opinión rusa. Esta inconsistencia podría complicar el tratamiento de otros casos contenidos en la Declaración del G8 (como los de Irán, Corea del Norte o Siria) para los que esa agrupación requiere apoyo de potencias que no integran ese Grupo. De otro lado, el G8 se aproxima a la recuperación de la economía global con un optimismo que no oculta los riesgos y la subsistencia de desbalances que la complican. Sin embargo, su diagnóstico no parece convergente con el de las Naciones Unidas que espera para este año y el próximo un crecimiento más débil, riesgos derivados de problemas de coordinación (evidentes entre el ajuste de la Eurozona y la mayor laxitud norteamericana) y de las precariedades que padecen los países desarrollados (de los que el G8 son la máxima expresión).
Y si en el marco de esa divergencia de diagnósticos el G8 podría no estar generando la confianza que debiera para la plena recuperación de la economía mundial, aparecen también en su Declaración dudas sobre la contabilidad de la asistencia al desarrollo. En efecto, la Declaración recurre a un tipo de cambio corriente como diferente del constante para calcular el grado de cumplimiento del compromiso de los países desarrollado en la materia (0.51% de su PBI). Este recurso, al que apelan economías menos evolucionadas, ciertamente no genera transparencia al respecto.
Este defecto se complica por la falta de preocupación por otras regiones que nos sean el Medio Oriente y el África en la agenda del Grupo. Tal omisión sería comprensible si el G8 hubiera focalizado su atención en la problemática de esa zona. Pero si la agenda es abierta al ámbito global, la no inclusión en la misma de otras regiones (el caso de América Latina) parece discriminatorio aún cuando se considerara que éstas pasan por tan buen momento que no merecen ser nombradas.
Esta desatención deriva en frivolidad cuando en la mesa del Grupo se sientan jóvenes presidentes de grandes corporaciones (el caso de Facebook y Google) en ausencia de representantes de Asia o Latinoamérica cuyo interés por los asuntos ligados al uso y abuso del Internet es manifiesto.
El G8 hace bien en reunirse y en dar señas de sus intereses y poder. Pero su disposición a coordinar políticas debe ser más focalizada y su tratamiento de asuntos globales y regionales debe ser incluyente en un mundo de fuerte interdependencia.
