El G-20, que desde 1999 reúne a potencias emergentes y a las del G-7, acaba de producir en Sao Paulo un diagnóstico general de la crisis financiera y económica y una serie de principios comunes para afrontarla. Este ejercicio es una muestra adicional de la voluntad de cooperación internacional con que este grave punto de inflexión para la economía mundial se está afrontando. Esa voluntad deberá refrendarse en la próxima reunión cumbre del Grupo en Washington. Hasta ahora, sin embargo, los resultados concretos de la reunión del Grupo han sido menores a lo que se esperaba de él.
De manera complementaria, antes que contrastante, China se ha sumado a las economías que impulsan fuertemente sus mercados comprometiendo US$ 586 mil millones para el gasto en infraestructura y apoyo social. Si bien ese aporte está dirigido a apuntalar las bases fundamentales del mercado interno chino, el efecto internacional de la intervención ya se ha sentido en las bolsas de valores (aunque sin disminuir la volatilidad: sólo una parte del paquete chino compromete nuevos aportes reales).
En todo caso, éste se suma a los casi US$ 3 millones de millones ya comprometidos por los países de la Unión Europea en apoyo de su sistema financiero y a la multimillonaria intervención del Tesoro norteamericano en su propio mercado del que los US$ 750 mil millones destinados al rescate de instituciones financieras es sólo un capítulo.
Aunque la contribución normativa del G-20 es indispensable para la mejor recuperación de la crisis financiera y económica global (la peor desde la post-guerra según el FMI), el equivalente económico de la fuerza (el concurso real de divisas) define con más claridad quién ostenta el poder económico en el mundo y, en consecuencia, quiénes y cómo comandarán el régimen reformado resultante.
Para que esa asimetría sea menor en momentos de un aparente nuevo cambio del sistema de Bretton Woods, países como Argentina, Brasil, México, Canadá, Australia, Indonesia, India, Sudáfrica Arabia Saudita y Turquía (que conforman también el G 20) deberían realizar contribuciones materiales sustantivas a su mercado interno en proporción a las capacidades de sus economías. Y éstas debieran ser seguidas por nuevos aportes, al FMI, entre otros. De lo contrario, esas economías emergentes podrán insistir en su justa aspiración a reformar el régimen financiero y a participar mejor en el proceso decisorio correspondiente, pero ese logro estará limitado por la valoración de su participación inercial en la economía mundial en proporción al tamaño de su mercado antes por la influencia concreta que proviene del ejercicio real de poder económico.
En cualquier caso, la mayor participación de un número determinado de actores en el mecanismo decisorio del régimen sin el sustento de un aporte material al mismo indicaría que estamos frente a una modificación operativa del sistema de Bretton Woods antes que frente a un cambio sustantivo de sus principios orientadores.
Además del incremento de la participación decisoria de miembros existentes, ello se reflejaría en un incremento de la disposición regulatoria del régimen y en la ampliación de ciertas funciones de supervigilancia, control y prevención de crisis en un escenario económico fuertemente innovado por la modernización financiera, de un lado. Y del otro, en la recuperación de la legitimidad y del rol del debilitado FMI como prestatario de último recurso y supervisor potenciado de políticas macroeconómicas.
Tan limitado cambio, sin embargo, operará en un contexto ya sustancialmente alterado por la revolución del sistema financiero real: la desaparición de buena parte de la banca de inversión tradicional y la asimilación de una parte significativa del resto por la banca comercial así lo indica.
A este cambio de panorama se suma el cambio de paradigma operativo: la fuerte intervención del Estado en el mercado. Aunque no lo pareciera, aquí estamos más frente a un cambio del orden en que opera el régimen antes que del sistema institucional en sí mismo en tanto la intervención del Estado es un factor que el liberalismo admite in extremis (como hoy ocurre). Sin embargo, esa característica dependerá del tiempo que dure la intervención.
En efecto, si, a pesar de la magnitud de la crisis, la temporalidad de la intervención es limitada, se confirmaría la naturaleza operativa de la misma. En cambio si la gravedad de la crisis impulsa una intervención permanente, el cambio de sistema sí sería guiado por un cambio moderado de principios: el orden laissez faire habría sido reemplazado no por una versión más regulada del mismo sino por una versión contemporánea del Estado de bienestar.
En tanto que lo que se espera de la incrementada cooperación dentro del G-20 es un cambio en el manejo del régimen rector del sistema financiero, esta discusión es menos teórica de lo que parece. Sin embargo, tal discusión debería evolucionar más visiblemente hacia el lado del pragmatismo con el propósito de que el G-20 contribuya efectivamente a mejorar la coordinación de políticas entre sus miembros y que éstas coadyuven a estabilizar el sistema financiero, impulsar a la economía global y preservar las ganancias logradas en la lucha contra la pobreza como se acordó en Sao Paulo.
Este requerimiento es aún más urgente a la luz del fuerte deterioro de la economía mundial ocurrido en el mes de octubre según el FMI. En efecto, esa institución ha revisado sustancialmente hacia abajo la proyección de crecimiento económico del 2009: 2.2% para el mundo (0.75% menos de lo previsto un mes antes por esa misma organización). Ello implica una caída fuerte caída desde el 5% del 2007 y del 3.75% de este año.
En es escenario, la recesión marca el rumbo de los países desarrollados (que crecerán sólo 0.25% (-0.75% en relación a la proyección anterior) experimentando una contracción no vista desde 1965 y 1982 según el FMI. Y aunque los países en desarrollo crecerán 5%, lo harán 1% menos que la proyección anterior presionados incrementalmente por menores ingresos por exportaciones, erosión de los términos del intercambio, menor acceso al crédito y, en muchos casos, por una reversión perversa: la de los capitales extranjeros que salen de esos países a sus países de origen a pesar de que la crisis se originó en ellos. Esa es la dimensión del incremento del riesgo en el mundo.
Bajo estas condiciones, antes que dar un giro hacia un conflicto de poder institucional (aunque la fricción siempre exista) la primera obligación del G-20 es lograr el concurso global para procurar estabilidad económica y asegurar el retorno del crecimiento a fines del 2009. En ese momento se podrá culminar el proceso de reforma institucional que el sistema financiero y económico global necesitan. Si bien se requiere más y mejor participación en las decisiones del sistema, la supervivencia y seguridad de los ciudadanos y de los Estados está primero.
