Los presidentes de los países que integran el ALBA acaban emitir otra declaración confrontacional de peculiar “mix” ideológico. Esta vez el pronunciamiento ha añadido una plataforma de socialismo nuevaolero que contiene amenazas concretas contra los que están en desacuerdo con el orden interno en sus Estados y abiertos desafíos a procesos de integración y de inserción de Estados vecinos. Esta posición es inaceptable y, por tanto, merece respuesta de los aludidos.
En efecto, en la Declaración de Guayaquil de fines del mes pasado, los miembros del ALBA advirtieron a sus propios ciudadanos (quizás refiriéndose más específicamente a los venezolanos y bolivianos) que rechazan “cualquier intento de retorno al neoliberalismo y sus ‘cámaras’”.
Y, enseguida, rechazaron también “los intentos de remozar la hegemonía imperialista en el hemisferio que se expresa, entre otros, en el impulso de la llamada Alianza del Pacífico”. Todo ello en el mismo párrafo en el que se permitieron, además. “repudiar” “a aquellos gobiernos dispuestos a renunciar al afianzamiento de un tejido interrelacionado de mecanismos de integración regional, en beneficio del interés elitistas y privados, lejanos del bien común”. Como este “repudio” ocurre a renglón seguido del “rechazo” de la Alianza del Pacífico, se entiende que esa referencia es también a esta alianza. Este tipo de innominada alusión es esgrimida adicionalmente contra Colombia que ha suscrito un acuerdo de cooperación con la OTAN. Al respecto los presidentes del ALBA “alertan” sobre el peligro que representa cualquier enclave, convenio o tratado para espiar, para hacerse cómplice de las ocupaciones territoriales y la militarización que, con pretensiones de control universal, imponen los Estados Unidos y la OTAN en todas las latitudes”. En el primer caso ya se puede dar por hecho la emergencia de un mecanismo de protección colectiva del autoritarismo bolivariano por los miembros del ALBA contra cualquier intento democrático de derrotarlos y, por tanto, de sacarlo del poder por la vía electoral. Ello ocurre en el marco de la inacción y el candor de los miembros de UNASUR cuya visión de la solidaridad regional ha pasado por proteger al oficialismo venezolano de las denuncias de fraude electoral planteadas la oposición de ese país luego de mostrarse imperativos en una caso que consideraron manejable como la suspensión (hoy superada) del Paraguay cuando un aliado ideológico fue separado del poder sin la observancia del debido proceso. El segundo caso constituye toda una declaración de enemistad que es algo más que lo que diplomáticamente se considera un “acto inamistoso”. Aquí la particular selección de sustantivos como “repudio” para referirse a la Alianza del Pacífico, va acompañada de su denuncia como agrupación que atenta contra la articulación de mecanismos de integración regional y que pertenece al campo de la hegemonía imperialista que sólo favorece a élites del sector privado. A saber, la entidad que quebró el consenso liberal sobre el bien común en la región fue el ALBA bajo inspiración cubano-venezolana y no la Alianza. Y lo hizo en los ámbitos político (pervirtiendo la cláusula de protección colectiva de la democrática), económico (destruyendo o saboteando las reglas del mercado en cada uno de sus países), en el de la integración (saboteando el mercado ampliado) y el de la nueva inserción regional (oponiéndose a los acuerdos de libre comercio con potencias extrarregionales y distorsionando la relación política con ellas). En el escenario regional el ALBA creó alineamientos disfuncionales a la buena marcha de la región y puso en cuestión los acuerdos comerciales intra-latinaoamericanos que, como su nombre indica procuran una zona de libre comercio entre quienes los suscribieron. Estos acuerdos datan de 1960 cuando se formó la ALALC perfeccionada en 1980 cuando se fundó la ALADI en la que los acuerdos bilaterales se denominaron de “complementación económica” que debían multilateralizarse regionalmente. En el ámbito subregional esos acuerdos contenían programas de liberación y propósitos de formación de uniones aduaneras tanto en el escenario de la Comunidad Andina como del Mercosur. Todos ellos se suscribieron antes del acuerdo ALCA de 1994 al que adhirieron libremente todos los hoy miembros del ALBA (además de Brasil). A pesar de sus disfunciones e irregularidades, estos acuerdos conformaron un marco regimental en América Latina y América del Sur coincidente con las reglas de la OMC cuyas reglas básicas son el libre comercio y la no discriminación. Fue esta compleja y débil arquitectura institucional (que la salida de la crisis de los 80 ya había replanteado) la que el ALBA desestabilizó primero y pretendió destruir después mediante el retiro (el caso de Venezuela en relación a la CAN) o el intento de alteración de sus principios (el cambio de libre comercio por el comercio compensado). Ello ha sucedido de manera contradictoria en tanto Venezuela apenas decidió cambiarse de esquema de integración (este país es hoy un disfuncional miembro del Mercosur con cuyos socios principales –Argentina y Brasil- ha llegado a ejercer un primitivo comercio compensado) mientras Bolivia y Ecuador intentaban bloquear acuerdos de libre comercio negociados por miembros de la CAN con Estados Unidos y la Unión Europea pero manteniéndose en ese acuerdo subregional. En el marco de este desorden y poniendo en valor principios políticos y económicos coincidentes y su particular condición geopolítica, los miembros de la Alianza del Pacífico decidieron profundizar los acuerdos de integración existentes entre ellos y ampliarlos a la libre movilidad de factores y de personas (algo que los otros acuerdos también pretenden). De la convergencia de modelos económicos y políticos surgirían para ellos los beneficios normales de la integración. Por lo demás, a pesar de que todos los miembros de la Alianza tienen suscritos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, esta potencia no se ha incorporado al nuevo esquema de integración latinoamericano (decisión que no parece razonable cuando Estados Unidos negocia el acuerdo transpacífico del que participan Perú, Chile y México). El efecto multiplicador de la Alianza, que generará más comercio que el que desvía, que ya incursiona en el mercado de valores y produce ganancias exógenas entre las que se encuentra la congregación del interés de más de una veintena de observadores (algunos de los cuales desean ser miembros plenos) se expresa en la más importante plataforma liberal latinoamericana de proyección al Asia. Es este esquema de singular y potencial éxito, seriedad organizativa y gran convocatoria que el ALBA repudia y a la que le achaca sometimiento a la hegemonía imperialista. Y dado que el ALBA ha decidió redoblar su esfuerzo “anti-imperial”, cabe preguntarse si esa misma dedicación sustentará el tipo de relación que mantienen sus integrantes con Perú, Chile, Colombia y México. Si la Declaración así lo da entender, los miembros de la Alianza deben optar por exigir aclaraciones y retractaciones en lugar del silencio actual. El argumento de fondo es claro: el ALBA considera que la Alianza del Pacífico es un enemigo orgánico y organizado. Y en tanto, gracias a la inspiración cubana, venezolana y boliviana, los miembros de esa entidad piensan esencialmente en términos geopolíticos e ideológicos, es prudente aclarar si los miembros de esa entidad se consideran una alianza continental que considera a la Alianza del Pacífico como una alianza marítima enemiga. El asunto no es retórico. Según la Declaración de fines de julio el ALBA estima que cualquier convenio con Estados Unidos y la OTAN (a los que esa entidad atribuye contenidos de espionaje con intenciones de militarización y ocupación territorial) es un “peligro” para ella. Si Colombia ha suscrito un acuerdo de intercambio de información con la Alianza Atlántica mientas que el Plan Colombia –apoyado por Estados Unidos- ha permitido a Colombia ganar posiciones frente a la acción narcoterrorista de las FARC y negociar ahora términos de paz, se entiende que ese país es el sujeto del “peligro” aludido. Ese tipo de razonamiento maniqueo y pseudo-estratégico que considera que cualquier cooperación elemental de un Estado suramericano con los estados de Occidente es una amenaza oscurece la percepción de los miembros del ALBA o éstos pretenden que así parezca. Aquí entramos al escenario subjetivo. Si buena parte de la fenomenología que revela la Declaración es pre-existente a la muerte de Chávez mientras otra ha emergido después debido a las dudas sobre la consistencia del núcleo de la alianza cubano-venezolana (Venezuela, uno de sus puntales, padece una seria crisis económica y política y el otro –Cuba- ha ingresado en un cansino proceso de reformas alentadas por Occidente) el debilitado factor cohesionador debe ser fortalecido por la ideología. Por lo demás, a los aliados periféricos tampoco les sonríe la suerte. Más allá de que Bolivia sea uno de los países que más va a crecer este año (5.2% según la CEPAL, algo que el Sr. Morales prefiere obviar porque esa perfomance no se debe a las nacionalizaciones sino a lo que queda de orden en las cuentas bolivianas), su indigenista presidente acaba de toparse con una vieja realidad que contraviene sus convicciones: Bolivia es un país mestizo e indígena y no predominantemente indígena según el censo boliviano de 2012. Éste refieren que la proporción de bolivianos que se declaran indígenas ha decaído de 62% en el 2001 a 40% en el 2012 mientras que el 58% (probablemente los mestizos) consideran que no pertenecen a ninguna etnia. Ello ocurre a pesar de que la alternativa “mestizo” no aparece en las boletas censales (tal como ocurrió en una encuesta anterior) (EFE). Si la base material del racista indigenismo boliviano está seriamente cuestionada, la ideología del partido de gobierno está en cuestión. En consecuencia se requiere una nueva racionalidad. Y si ésta es rápida, mejor aún, antes de que se apague el fuego de la nueva victimización: la inaceptable denegación de sobrevuelo de países europeos al avión del presidente boliviano (todo un tema en la convocatoria a movimientos sociales en Bolivia). Así, sin mayor meditación, la Declaración del ALBA se declara militante “de las visiones del socialismo del siglo XXI (aporte chavista), del Buen Vivir/Vivir Bien (aporte boliviano)” y de las que surjan de “otros proceso de transformación” (quizás próximo aporte ecuatoriano cuyo presiente ha hecho en Guayaquil la defensa de las liberales prerrogativas del ciudadano pero matizada de manera ad hoc con los reclamos de los denominados movimientos trasnacionales de los pueblos). Si este proceso de fusión instantánea de pseudo-doctrinas e intereses políticos se lleva de encuentro los conceptos de Estado, soberanía y de integración ello es intrascendente para el ALBA mientras se logre la amalgama ideológica con la que desea preservarse y, en el proceso, confrontar a sus vecinos. Esa confrontación no contaría con la oposición brasileña cuyo Canciller, Antonio Patriota, acaba de minimizar la Alianza del Pacífico afirmando que ésta “no es ni una zona de libre comercio, ni una unión aduanera ni mucho menos un proceso de integración profunda como el Mercosur” y que se trata más bien de un producto de marketing “en un empaque nuevo” (EFE). Los que, por razones de agenda propia o de imperfecto argumento diplomático, consideran que Suramérica no está fraccionada pueden leer la Declaración de Guayaquil del 30 de julio pasado. En lugar de negar la realidad, bien podrían afrontarla y pedir las explicaciones del caso.
