Ecuador acaba de confirmar electoralmente que sigue los pasos procesales de Venezuela y Bolivia para el establecimiento de un nuevo orden interno. Y, aunque el Presidente Correa intente marcar distancias con el Presidente Chávez, el hecho es que, en sustancia, ambos Jefes de Estado adhieren al denominado "socialismo del siglo XXI". En consecuencia, una agrupación anticapitalista y antiliberal, que no son sinónimos, está emergiendo como dominante en la subregión andina.
Si, como es evidente, ello no es convergente con lo que el Estado peruano ha definido como su interés nacional hasta ahora, nos encontramos frente a un escenario de mayores fracturas ideológicas en la subregión. Y si éstas no son adecuadamente equilibradas por intereses nacionales complementarios entre las partes, esta fractura podrá profundizarse. Teniendo en cuenta que la consistencia de los Estados aludidos no es precisamente la más sólida, la definición de ese interés es también frágil. En consecuencia, la buena relación peruano-ecuatoriana dependerá ahora fundamentalmente de la razonabilidad de los respectivos gobiernos y del valor que éstos otorguen al progreso de la relación bilateral comprometido desde 1998.
Dicho ello, debe recordarse que la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, ganada abrumadoramente por el oficialismo, es consecuencia del referendum que se pronunció a favor de esa institución en abril pasado. Y también lo es en relación a la elección del Presidente Correa en noviembre de 2006.
El mérito que pueda tener esa consistencia política es contrario, sin embargo, al mandato hemisférico de resguardar la democracia representativa y al entendimiento básico sobre la consolidación de la economía de libre mercado en la región. En consecuencia, el triunfo abrumador de los representantes del oficialismo ecuatoriano (que brinda legitimidad indiscutible al Presidente Correa), es directamente proporcional al incremento del conflicto sistémico en el área. Éste se caracteriza por el cuestionamiento parcial del orden político y económico soberana y colectivamente adoptados en el hemisferio hemisférico y la región por todos sus miembros.
La primera constatación al respecto, es la emergencia de la democracia directa en reemplazo de la representativa. Es más, en el ambiguo diccionario del denominado "socialismo del siglo XXI", aquélla evolucionará hacia la democracia participativa. Así, la relación entre la autoridad y la sociedad dejará de ser intermediada por partidos políticos para privilegiar, en teoría, la consulta y el consenso populares. A la luz del tono despectivo con que el Presidente ecuatoriano se refiere a los partidos políticos de su país, esa desintermediación será radical.
Su formato podrá optar entre el recurso insistente del referendum para las decisiones gubernamentales de mayor importancia o por la potenciación del partido oficialista (el caso de Venezuela y de Bolivia) como instrumento ejecutivo. En el interregno, el poder del Presidente ecuatoriano se incrementará extraordinariamente. Ello implicará eventualmente la disolución de la separación de poderes que podrá ser temporal (la suspensión o revocación del mandato del Congreso está en agenda para dar prioridad soberana a la Asamblea Constituyente) o permanente dependiendo de la nueva Constitución y, como en el caso del Presidente Chávez (y de la vocación del Presidente Morales), de la voluntad del incrementado poder presidencial.
Aunque el Presidente Correa renuncie frente a la Asamblea Constituyente, ese reconocimiento de soberanía no será sino una ficción (la Asamblea no aceptará esa renuncia). Especialmente si, una vez disuelto el Congreso, el Poder Judicial es puesto en cuestión, como ha ocurrido en el pasado. La tentación autoritaria, en consecuencia, devendrá en discrecionalidad autoritaria que sólo el Presidente Correa podrá arbitrar.
Ello permitirá, a su vez, una más fluida y, de facto, impositiva vinculación con las organizaciones de base en que, como en el caso de Venezuela, la población ecuatoriana podrá ordenarse. Los espacios para la oposición, por tanto, podrán reducirse aún más luego del magro resultado logrado en los recientes comicios.
De otro lado "el fin de la noche neoliberal" anunciada por el presidente Correa podrá apurarse aunque él haya garantizado que ese proceso será más bien extenso y social antes que establecido constitucionalmente. Pero a la luz de los vagos principios del "socialismo del siglo XXI", ello significará la deliberada confusión entre el neoliberalismo monetarista y el liberalismo económico (que admite un importante rol del Estado). Si el Estado liberal podrá quedar cancelado en la Constitución, las políticas económicas consecuentes también lo serían en principio.
La primera cuestión será reconocer cuál será la definición del régimen de propiedad. Todo indica que la propiedad privada será mantenida como un eje principal de la economía. Sin embargo, ésta podrá matizarse con una suerte de capitalismo popular (una participación de los asalariados en el accionariado de las empresas) compensado por el reconocimiento de otras formas de propiedad además de la pública. Aquí la tendencia es a la propiedad cooperativa y a la promoción por el Estado de otras formas de ejercer ese básico derecho económico.
Ello puede evolucionar hacia una gravísima distorsión de la economía de mercado si, de alguna manera, se reconoce el planteamiento de sustituir los precios como indicadores del equilibrio del libre juego entre la oferta y la demanda por la incidencia del factor trabajo en la creación de valor (Steffan). Como ello resultará impráctico, el incremento del rol del Estado en el ordenamiento del mercado podría reemplazar ese planteamiento incrementando su preponderancia reguladora, promotora y arbitral. Si ese proceso no es adecuadamente manejado, hasta los planteamientos socialdemócratas sobre la responsabilidad del Estado en la generación de bienestar podrían quedar superados.
Donde el Estado tendrá un rol todavía mayor será en la afirmación de la propiedad de los recursos naturales. Que este postulado, que es norma en nuestro países, no devenga en la exaltación del mismo inhibiendo la actividad económica (como en Bolivia y Venezuela) no será sólo facultad de la Constituyente sino del Presidente. Al respecto es más verosímil esperar, por ejemplo, una revisión de las concesiones y privatizaciones o eventuales controles de precios antes que confiscaciones o la abierta oposición a la inversión privada. Ésta, sin embargo, no encontraría en Ecuador el mejor clima de principios y normas de acuerdo a estándares internacionales.
En materia financiera, los términos del cumplimiento de la deuda extranjera dará la pauta de la relación del Ecuador con los organismos multilaterales del sector. Aquí habrá que esperar qué entienden las autoridades ecuatorianas por incorporación de la jurisprudencia internacional en materia de reconocimiento de deuda (una referencia a la deuda, en apariencia, dolosamente contratada).
En el área comercial, un país exportador de petróleo podrá sentirse inclinado hacia el proteccionismo resguardado en el incremento de la demanda de ese producto. Pero teniendo en cuenta que Ecuador es también un fuerte exportador de productos agropecuarios (especialmente, de banano) difícilmente opte abiertamente por esa posición si no desea retaliaciones de las economías de destino. Sin embargo, no se debiera esperar demasiada disposición a la apertura especialmente luego de la negativa de Ecuador a negociar u acuerdo de libre comercio con Estados Unidos alegando asimetrías extremas y falta de preparación económica. Algo parecido, aunque en términos parciales, puede ocurrir con la Unión Europea (la negativa boliviana a negociar servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras estatales, es un derrotero a considerar). Ello complicaría la negociación CAN-Unión Europea en marcha.
El conjunto de estos elementos lleva a concluir que Ecuador tiende a quedar fuertemente vinculado al liderazgo que Hugo Chávez intenta en la región. Sin embargo, el presidente Correa ya ha anticipado que él no seguirá ese camino necesariamente. Como estimulante de esa posición de menor alineamiento está la relación con el Perú que es estratégicamente vital para el Ecuador, especialmente a la luz del acuerdo de paz de 1998 y del programa de desarrollo e integración fronteriza que ambos países llevan a cabo. A ella deba agregarse la relación con Colombia (aunque, en términos fronterizos, no es la mejor) y con Brasil (que es el socio principal en la cuenca amazónica).
Por lo demás, el Presidente Correa no parece padecer del antinorteamericanismo radical de sus colegas de Venezuela y Bolivia y debiera tener una mayor proclividad al buen trato con la Unión Europea. Esos elementos de aproximación, sin embargo, podrían alterarse si Ecuador adhiere al tipo de integración que postula el ALBA generando aún más fricciones en Suramérica. Un factor adicionalmente desestimulante de esa opción podría ser el programa IIRSA que favorece la articulación bioceánica del Ecuador.
En cualquier caso, el Presidente ecuatoriano y su declarada confesión cristiana impregnada de la teología de la liberación, tendrá, al amparo del poder que acaba de adquirir, amplio margen de discreción para optar sea por el camino de la confrontación y la autarquía chavista cercanos a su ideología, sea por el de la cooperación y el de una mejor inserción global que tendría en Perú y Colombia un apoyo mayor. Por ahora habrá que esperar teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas.
