27 de Noviembre de 2006
A pesar de la inestabilidad política en Ecuador y del proceso de transición democrática en el Perú de los últimos años, ambos países han desarrollado, a partir de los tratados de 1998, intensos vínculos en todos los campos.
Ello es indicador de que los intereses nacionales bilaterales emergidos después de un conflicto armado pueden ser complementaria y efectivamente construidos por Estados débiles. Para que esta evolución estratégica que beneficia a peruanos, ecuatorianos y a la región continúe, es necesario que el próximo presidente del Ecuador los incorpore a su agenda de manera más explícita y menos postergada que la otorgada por el candidato Rafael Correa hasta ahora.
Especialmente si el probable presidente electo del Ecuador llegará al poder sobre una plataforma fuertemente ideológica, predispuesto a alineamientos regionales inarmónicos y convencido de la necesidad de reformas institucionales que, de momento, no auguran a su país estabilidad interna.
En efecto, el señor Correa y los miembros de su movimiento Alianza País son tan apasionados promotores de la democracia participativa en Ecuador como opositores de los partidos políticos que definen la democracia representativa que los miembros del sistema interamericano, incluido el Perú, se han comprometido a proteger.
Y su definición del mercado no es la del escenario en el que la oferta y la demanda deciden los precios estableciendo el orden económico sino un espacio de construcción social en el que el desarrollo, asistido por el intervencionismo estatal, debe ser organizado. En esto no sólo no hay coincidencia con lo que ocurre formalmente en el Perú sino que la referencia excluyente es Venezuela y Bolivia (y el resto de los países del MERCOSUR sin que el señor Correa distinga la realidad liberal chilena, p.e.).
De otro lado, el programa de gobierno del señor Correa no parece conceder a la versión moderna de la soberanía las limitaciones de la interdependencia mientras que su inserción en el sistema interamericano supone un juego de suma 0 en la que la vinculación o alejamiento de Estados Unidos traza la línea de sus preferencias.
Pero más preocupante es la parcial referencia a una política vecinal que privilegia la relación con el Brasil mientras que promueve una estricta neutralidad en relación al conflicto interno colombiano –y específicamente frente a las FARC- para no comprometer la seguridad ecuatoriana. En ese ámbito el Perú no aparece, esperamos que por error, en el programa de gobierno.
Y el desbalance vecinal evoluciona hacia el planteamiento antisistémico regional cuando el probable presidente electo enfila fuegos contra la integración económica (la de los “grandes mercados”, que es el requerimiento de Prebisch) para priorizar la política a pesar de sus pésimos resultados cuando carece de infraestructura y de interdependencia suficientes (algo que, en la próxima cumbre cochabambina, la Comunidad Suramericana de Naciones desea imprudentemente maximizar explorando los inexistentes campos de la “nación” y “ciudadanía” regionales). Ello incluye propuestas “políticas” de unión monetaria cuando simultámente se compromete el mantenimiento de la dolarización en Ecuador.
Sin embargo, el señor Correa sí concuerda con el objetivo peruano de promover un nuevo orden internacional. Pero en lugar de proceso o aspiración, lo suyo es objetivo revolucionario en el que la confrontación antes que la negociación parece preludiar el ejercicio organizado del poder económico del sector público.
Si esta orientación chavista se pone en marcha, la fragmentación regional se agudizará mientras se intensifica la polarización interna y el conflicto interinsitucional en el Ecuador.
La buena relación con nuestro vecino es indispensable para el Perú. Es necesario que el señor Correa también lo entienda así y que actúe en consecuencia.
