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  • Alejandro Deustua

¿De la ingobernabilidad a la inviabilidad?

Frente a la peligrosa convergencia de pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, erosión de la base de poder del gobierno e incremento sustantivo de protestas sociales en un contexto internacional económicamente promisorio pero incierto en términos de seguridad, cabe preguntarse qué sostiene al gobierno y cuáles son las fuerzas que quisieran darle el empujón final.


Si la respuesta a la primera pregunta es la inercia -es decir, que la economía en moderada expansión tiene suficiente poder cohesivo o que la ilegitimidad de los golpes de Estado hacen inviable un cambio de gobierno anticipado- se estaría sobrestimando tanto el arraigo del respeto a las reglas del juego por una ciudadanía insatisfecha como la filiación popular a un "gobierno mínimo".


Lamentablemente, ésta parece ser la resignada -y, paradójicamente, optimista- conclusión de no pocos observadores. Ella acarrea dos implicancias venenosas. Primero, que dada la maleabilidad del contexto, éste puede soportar cualquier embate adicional sin quebrarlo. Segundo, que el Perú puede darse el lujo de la imprevisión en un ámbito en que la rapidez de la erosión de los términos de gobernabilidad pueden llevar, no en el largo plazo, a la inviabilidad.


Ésta es la dinámica negativa que está logrando superar Colombia y también es la que consume a Bolivia. En ambos casos hubo imprevisión en el tránsito de una fase a otra (en el caso colombiano, el presidente Pastrana pensó que podía interactuar cívicamente y en el corto plazo con fuerzas corruptas, de tradición violenta y longevas; en el segundo el presidente Sánchez de Lozada -y el embajador norteamericano en La Paz- subestimaron la fuerza de los movimiento cocalero e indigenista y la efervescencia nacionalista a la que condujo la política boliviana sobre el manejo del gas aun cuando la economía crecía).


A pesar de que el Perú no ha iniciado ese tránsito, la crisis de gobernabilidad y las fuerzas que desata pueden terminar retroalimentándose y, en algún momento poner en cuestión la viabilidad del Estado. De esto tuvimos ya experiencia afines de los 80 y principios de los 90.


Es verdad que hoy no hay hiperinflación económica pero sí hay una sobrecarga de expectativas sociales insatisfechas. Y también es verdad que no tenemos terrorismo capaz de jaquear al Estado, pero la protesta violenta ya empezó a mostrarse en un contexto internacional que el impacto cotidiano de la imagen de la guerra asimétrica y de la demencia terrorista alimentan.


Puede ser que las causas mayores de la ingobernabilidad se encuentren dentro del Estado. Pero hoy ésta es estimulada por dos fuerzas potencialmente poderosas que se inscriben en los escenarios boliviano y colombiano con implante en el Perú. En el primer caso, el levantamiento de Ilave tiene una ostensible influencia logística y organizativa del "movimiento aymara" que lidera el escionista Felipe Quispe desde Bolivia. Éste personaje, a través del canal N, ha justificado el asesinato del alcalde de Ilave al tiempo que hacía la apología de los patrones de comportamiento de ese movimiento racista. Bajo las mismas consignas, Quispe y el "cocalero" Evo Morales llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada mientras el primero ponía plazo al gobierno del presidente Mesa. Esas fuerzas están activas en el Perú cobijadas bajo demandas sociales legítimas.


En el segundo caso, el vínculo del movimiento cocalero con el narcotráfico está dado hoy por la extraordinaria cantidad de sembríos de coca ilegal (sólo el 13% es legal según DEVIDA que cita al INEI) que los líderes "gremiales" pretenden legalizar mientras neutralizan al Estado. Pero el vínculo puede reforzarse mañana cuando la operación Patriota que despliega la fuerza armada colombiana con 17000 hombres en el sur de ese país. Si como resultado de esa necesaria y legal operación, las fuerzas de las FARC se trasladan a territorio peruana ya no de manera "circunstancial", la atracción de las 35000 has. de coca constituirá un factor sedimentador de su presencia.


Frente a la presencia de las "nuevas amenazas" en las ciudades de nuestro país, la alternativa de la inercia para llegar al 2006 es la receta perfecta para iniciar el tránsito de la ingobernabilidad a la inviabilidad. El gobierno y la, oposición deben reaccionar frente a estas amenazas con toda la autoridad del poder democrático.

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