La Conferencia Nacional del Partido Comunista cubano acaba de culminar la evaluación, en versión totalitaria, de un asunto contemporáneo: cómo mejorar la gobernabilidad de un sistema monopartidista.
Simultáneamente ha atendido otro caso de preocupación global: la incorporación de las nuevas generaciones en el sistema…..pero siempre que sean incondicionales del régimen. Esta peculiar reforma del Estado totalitario se debe traducir, según el PC cubano, en la limitación a dos períodos de cinco años cada uno para el ejercicio de cargos públicos superiores.
Luego de más de medio siglo de gobierno castrista, cuyos miembros se asoman al abismo geriátrico, éste es un avance de peculiar visión futurista: en un contexto de crisis económica global que empuja el descontento popular en todas partes, el Partido Comunista cubano ha decidido ajustar más los clavos de la dictadura. Tal es el sentido de eficacia que orienta las reformas del gobierno cubano. Y también muestra el tipo respeto con que éste trata a sus ciudadanos, su respuesta a la emergencia global de clases medias hoy atacadas por la crisis y su percepción del Estado moderno.
Lo extraordinario es que para producir este remedo de modernización, la dictadura cubana se excusa en los principios de una revolución que insiste en mostrar como éxito el fracaso sistemático. Para incrementar el efecto de ese sortilegio, el castrismo sigue esgrimiendo la amenaza norteamericana, que ha servido de elemento cohesionador durante y después de la Guerra Fría y de promotor del nacionalismo isleño. Algunos pretenden ver en esta actitud la influencia del modelo chino de apertura (reforma económica sin reforma política) y la recusación del modelo soviético de cambio (reforma económica y política al mismo tiempo).
Pero, a diferencia de China, difícilmente se pueda decir que Cuba está llevando a cabo una reforma económica que genere riqueza y promueva bienestar a cambio del sometimiento de su población.
En efecto, luego del desmoronamiento soviético y, por tanto, de la desaparición del vital soporte económico externo del régimen castrista, el gobierno cubano introdujo, en 1993, algunas reformas orientadas a otorgar cierta dimensión cooperativista a las unidades económicas agrarias, a experimentar con permisos de operación de mínimas actividades privadas y a incrementar la liquidez autorizando la tenencia de moneda extranjera en dimensiones restringidas.
Ninguna de estas medidas evolucionó con la intensidad y rapidez requeridas para mejorar el bienestar general al tiempo que éstas estuvieron siempre condicionadas a la evolución política. Esta condicionalidad estuvo especialmente referida a la flexibilización del embargo norteamericano que se había rigidizado luego del derribamiento de aviones piloteados por exiliados cubanos que realizaban una demostración anticastrista en aguas internacionales.
La percepción de que la “correlación de fuerzas” no era favorable y la convicción de que las reformas no debían alterar la esencia de la “revolución” llevaron esos cambios al fracaso. Así, ni la visita del Papa Juan Pablo II y su invocación a que “Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba”, ni la flexibilización del embargo norteamericano que permitió la venta de alimentos y medicinas a la Isla, ni la mejora de las relaciones con Rusia, fortalecida luego de la desaparición de la URSS, estimularon en Fidel Castro una mayor convicción reformista en el ámbito económico.
Como consecuencia, el cambio económico menor reforzó el status quo político. En efecto, Fidel Castro prefirió esperar que complicaciones de salud facilitaran el retiro del dictador histórico en el 2006-2008 para que su hermano, Raúl, insuflara alguna esperanza de apertura que facilitara, primero, la emergencia del mercado cubano. Sin embargo, las expectativas de una apertura gradual pero significativa del régimen económico se probaron erradas a pesar de que el hermano menor de Castro introdujo cambios sectoriales visibles quizás sólo por contraste. En efecto, éstos fueron tan específicos que impidieron la activación de la masa crítica necesaria para la emergencia económica de Cuba.
Así, aunque en el 2008 se permitió el acceso ciudadano a celulares y computadoras, una mayor flexibilidad del régimen de propiedad estatal de la tierra y, especialmente, una cierta liberalización de los salarios, el peso del Estado sobre la economía siguió siendo abrumador. Y ello, a pesar de disposiciones recientes de aligerar el peso en el erario de la burocracia cubana. Con ello el gradualismo reformista perdió brújula aunque la CEPAL constató hacia el 2011 cierta mejora a pesar de que el año pasado la economía cubana sólo creció la mitad del promedio regional (2.5% vs. 4.3% en América Latina y el Caribe) (1). Sin bien el consumo aumentó ligeramente y se mantuvo un déficit no desmedido (-3.8%), la inversión no apareció mientras el gasto creció demostrando la insuficiencia de las reformas.
En ese contexto, la dependencia petrolera de las “ventas” subvencionadas venezolanas (alrededor de 100 mil barriles diarios) que cubren entre la mitad y los dos tercios del consumo cubano, devino en vital. Esta comodidad (parte de la cual Cuba paga con servicios propios de la alianza estratégica entre los dos Estados que opera nominalmente en el marco del ALBA) se convirtió en un desestímulo adicional de la reforma económica, en un seguro de vida para el régimen castrista y, en consecuencia, en mayor inhibición de la reforma política.
Ésta se ha expresado en la indiferencia cubana con un cambio regional fundamental como lo ha sido el levantamiento, en el 2009, de la suspensión de la participación cubana en el sistema interamericano y en la imperturbabilidad castrista frente a la recusación internacional de la violación sistemática de derechos humanos en la Isla (“Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político” según Human Rights Watch) (2)
Las consecuencias de tal impermeabilidad se observan en la continuación de la represión política. De ella dan cuenta la reciente muerte de Wilmar Villar, el segundo prisionero encarcelado que fallece como consecuencia de una huelga de hambre luego de la muerte de Orlando Zapata el 2010, las siete decenas de presos que capturados por motivos políticos desde el 2003 o la denegación de permiso de salida a la reconocida Yoani Sánchez. Éstos ejemplos pueden ser casos menores frente a los centenares o miles que han muerto en el Caribe intentando escapar de la Isla.
Pero como Cuba entiende que esta materia es un asunto de poder reforzado por similar entendimiento de no pocos miembros de la comunidad internacional, el régimen castrista opta por atrincherarse esperando que los demás concurran a él.
Parte de su importancia geopolítica se centra en este chantaje al que los latinoamericanos se prestan como lo acaba de reiterar la Presidenta Rousseff en La Habana. Ella, que es una abanderada del humanitarismo, ha preferido guardar silencio sobre esa materia en Cuba aduciendo que la materia compete al ámbito multilateral mientras que su Canciller, el señor Patriota (que es un funcionario ilustrado), afirmaba que los asuntos humanitarios no tenían prioridad en la visita de las autoridades brasileñas a Cuba.
Es en este marco que el Partido Comunista cubano se perpetúa empujando cambios apenas reglamentarios en materia de gobernabilidad mientras expresa desprecio por el orden pluripartidista y las libertades fundamentales.
Luego del consenso liberal alcanzado en la región a fines del siglo pasado, el empecinamiento de la actitud cubana y la pretensión latinoamericana de tratar con el régimen castrista como si éste fuera víctima y no agente de su paupérrima situación, constituyen un paso atrás de gran dimensión regional. En efecto, el arraigo de una vetusta dictadura en el área, el aval latinoamericano a ese proceso y la pretensión de que la asociación con el régimen cubano forma parte del juego de poder tradicional en procura de influencia regional y global es una actitud que, siendo tan vieja como Castro, anuncia el retorno a la región de nuevas formas de “realismo” que entienden el totalitarismo y el autoritarismo como mecanismo de balance, influencia o prestigio.
Éste no es sólo un gran error estratégico agravado por el contexto de crisis en que ocurre, sino una muestra de decadencia política latinoamericana justo cuando la región muestra al mundo capacidades para lograr un mejor posicionamiento global.
