La separación del cargo de la presidenta Rousseff que hoy se vota y su posible destitución no es el único problema político que afecta la estabilidad suramericana.
La persistente arbitrariedad del régimen venezolano que emplea esta vez a los poderes Judicial y Electoral para entorpecer al Legislativo y al proceso revocatorio contra el disfuncional presidente, es sólo una muestra del escalamiento del grave conflicto interno.
Por lo demás, un eventual fracaso de las negociaciones del presidente Santos con las FARC (fuertemente cuestionadas por el ex-presidente Uribe y por la mayoría de la población colombiana) puede restaurar un estado de beligerancia en el norte de la región.
Y los previsibles costos de la normalización económica argentina que encierran fricción entre sindicatos y gremios empresariales (moderada hoy por el Presidente Macri al patrocinar un acuerdo temporal “antidespidos”) no salen aún de la zona de fuerte confrontación con la oposición kirchnerista.
En ese marco el malestar social que acumula la desaceleración chilena y la conflictividad que genera en el Perú la renovada presencia fujimorista (que el mercado ha asumido con un incremento de la confianza económica) cuentan, de momento, menos.
Ello contrasta con la masiva crisis institucional brasileña que agrava su fuerte crisis económica y escala la incertidumbre política. Ese schock interno, en cuyo centro reside la corrupción, se intensificará con la destitución de la presidenta Roussef. Su masa crítica afectará la política exterior.
Si ello implica un cambio de rumbo en la potencia regional, un nuevo escenario estratégico se consolidará en Suramérica. Y si la realidad del cambio de orden en una región debilitada será costosa, cabe preguntar en qué plazo ese nuevo orden subregional se arraigará en el área.
Tal interrogante no tiene respuesta fácil. Especialmente si la capacidad ordenadora de Brasil está limitada mientras su política exterior se replantea en un escenario de muy debilitada acción externa.
Esta no se restringe a flujos comerciales y financieros negativos o a afectación de organismos de influencia global (incremento de la fragmentación del grupo BRICS y estancamiento del IBSA) y regional (seria afectación de la integración –especialmente del MERCOSUR-). La afectación incluye también la erosión de credibilidad de agentes públicos y privados de relacionamiento externo (PETROBRAS y BNDES entre los públicos y casi todas las grandes empresas constructoras y de energía de fuerte arraigo entre los vecinos y con proyección global).
Esos costos, según Tullo Vigevani (*), implican además una importante erosión de prestigio, de influencia y de capacidad de negociación. No siendo Brasil una potencia militar comparable a China o India, estos pasivos son extremadamente dañinos.
Su recuperación indispensable no será asunto de corto plazo. Como no lo será el establecimiento de un nuevo orden estable en Suramérica. El nuevo gobierno peruano debe estar alerta al respecto.
(*) Tullo Vigevani, Universidad Estadual de Sao Paulo.
