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  • Alejandro Deustua

Consenso con Autoridad

El problema de gobernabilidad generado por la fuerte pérdida de credibilidad presidencial está encontrando una salida en la disposición oficial a realizar un cambio de gabinete y consensuar una agenda de trabajo hasta el 2006. A ello, 8 partidos han agregado el requerimiento de que el gabinete sea "conversado" y de un cambio sustantivo en la conducción del gobierno.


Dada la magnitud de la crisis se requiere el concurso de los agentes relevantes para salir de ella. Si esa participación se está dando, lo sensato es no introducir nuevas cuñas en el escenario. Pero ello no es sinónimo de silencio.


Por eso nos permitimos recordar que el Perú, por necesidad propia y mandato constitucional, es un país presidencialista. El gobierno a través de un sistema parlamentario que delega funciones ejecutivas en un Primer Ministro no ha correspondido nunca a nuestra realidad. Por lo tanto, sería un error que, en medio de una crisis como la actual ­uno de cuyos ingredientes más importantes es la pérdida de autoridad del Estado­, el parlamentarismo tratara de imponerse restando aún más autoridad al Presidente a través ya no del co-gobierno ­que fue la propuesta que acompañó el ingreso de Beatriz Merino­ sino de la suplantación presidencial por el Primer Ministro mientras el Jefe de Estado aparece relegado a las funciones atípicas de una caricatura de monarquía constitucional a la española o de una presidencia a la italiana.


En lugar de ello, un nuevo gabinete que fortalezca la figura del Primer Ministro debe contribuir a incrementar la autoridad del Jefe de Estado si el Perú, aun en condiciones críticas, no desea perder una nueva oportunidad para la recuperación de las cualidades mínimas que caracterizan a un Estado viable.


Por lo demás, nos debemos felicitar por la disposición de los partidos a llegar a un consenso apoyando explícitamente la conformación de un nuevo gabinete. Pero si de buenas intenciones se trata, esa predisposición bien podría traducirse en el ánimo multipartidario a incorporarse al mismo en lugar de echarse a buscar "independientes" que, por más prestigio que tengan, siempre serán fusibles condicionados por el corto plazo. Si el FIM era un obstáculo para ello, éste ya no puede ser invocado para no procurar una colaboración más abierta de los partidos, incluido el APRA.


Su participación ampliaría de verdad la base de la pirámide gubernamental añadiendo transparencia, representación y responsabilidad en horas difíciles para el país. Un gabinete "conversado", en cambio da la apariencia de ser uno impostado y dependiente de la arbitrariedad partidaria la que podría ser ejercida en cualquier momento. Por lo demás, llama la atención que los partidos políticos deseen ahora delegar responsabilidades en "técnicos" cuando la función de estos últimos es resolver problemas específicos más allá de sus complejidades políticas. Y son precisamente esas complejidades las que impiden solucionar parte de los problemas que padece el país. El manejo técnico de la economía ­que ahora arroja buenos resultados pero que no se distribuyen adecuadamente­ nos da una idea de cuan impermeable puede ser un "técnico" a los reclamos sociales que reclaman soluciones políticas responsables.


Finalmente, es importante que gobierno y partidos compartan la idea de una agenda básica que sirva de guía al gobierno hasta el 2006. Pero aquí es necesario recordar que la historia reciente de los grandes pactos nacionales, como el Acuerdo Nacional, indica que éstos tienden a no ser respetados y a ser más bien manipulados. Además, es necesario distinguir la actual situación de la del 2000 cuando un gobierno de transición se limitó a facilitar, con gran solvencia y apoyo nacional, el paso a un sistema democrático. Este no es el caso del gobierno del presidente Toledo. En tanto que el Perú no puede vivir de transición en transición sin caer en la anarquía, la agenda básica a la que se llegue debe contribuir a solucionar los problemas de fondo que todos conocemos: promocionar el empleo, reducir la pobreza, generar seguridad y reformar al Estado para modernizarlo y no para destruirlo. De lo contrario, una agenda meramente formal o extremadamente sofisticada se puede convertir en una camisa de fuerza que no brinde margen de maniobra a un gobierno que la necesita a gritos.


Si bien los peruanos debemos procurar que el gobierno culmine su gestión el 2006, también debemos procurar que éste lo haga con la autoridad correspondiente. Si, en cambio, el objetivo es sólo salvar la formalidad democrática, el debilitamiento nacional será difícilmente revertido por quien le toque retomar la posta.

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