12 de abril de 2006
La suscripción en la fecha del TLC con Estados Unidos ciertamente ha sido necesaria aunque su oportunidad haya sido cuestionada.
El requerimiento principal de esa suscripción se origina en la necesidad de asegurar la fluidez del libre acceso de las exportaciones peruanas a su principal mercado (29% del total) teniendo en cuenta que el régimen preferencial que las regula, el ATPDEA, concluye en diciembre de este año sin ninguna posibilidad de renovación.
Asegurar ese flujo es además fundamental en tanto éste es responsable de buena parte del dinamismo de uno de los principales generadores del crecimiento de la economía nacional. Y hacerlo ahora es importante para que éste o el próximo Congreso puedan ratificar el acuerdo de manera equivalente al Congreso norteamericano que no tendrá mucho tiempo disponible antes de las elecciones parlamentarias en ese país a finales de año.
Por cierto, este acto presupone en esencia que los beneficios del TLC serán mayores a sus costos. Y esto es real por lo menos para el 60% de nuestras exportaciones a Estados Unidos que hasta ahora dependen de la liberalidad unilateral que garantiza el ATPDEA. Sin embargo lo es menos para el 30% de esas colocaciones que dependen más bien de la aplicación de principios de carácter universal (la Cláusula de la Nación más Favorecida) y otros regímenes de práctica general (como el SGP que es también unilateralmente concesional).
Y si el requerimiento de resguardar el empleo generado por esas exportaciones (745 mil entre directos e indirectos según el Mincetur) incrementa la necesidad de la firma del TLC, la expectativa de que éste aumente el efecto multiplicador de las exportaciones en términos de cantidad, calidad y mejor remuneración del empleo futuro añaden razón al argumento de que el beneficio económico y social del acuerdo (representado en mejores estándares de vida) debiera ser superior a su costo.
De otro lado, la firma del acuerdo también está justificada a la luz de la calidad estratégica del mismo. Ésta proviene de la vinculación preferencial con la primera potencia, del restablecimiento en esta materia del equilibrio con Chile, México y Centroamérica (que ya han suscrito sendos TLC con ese interlocutor) y de las ganancias de competitividad que el acuerdo debe procurar en relación a los que no lo tienen.
Dicho esto, es entendible la crítica a la oportunidad de la firma en tanto que quien lo suscribe es un gobierno “de salida” en medio de una contienda electoral aún no resuelta. El argumento sería más sustentable si el horizonte del país estuviera más claro de lo que permite la complejidad de alguna candidatura. Como ello no ocurre, nos parece que el Presidente Toledo ha hecho bien en cerrar el acuerdo ahora. Sin embargo, para que el acuerdo gane en legitimidad coyuntural y para aliviar la eventualidad de compromisos que restrinjan en exceso la discrecionalidad el Estado o perjudiquen a algún sector sin la compensación adecuada sería necesario la suscripción de un addedum que establezca que el TLC puede ser perfeccionado.
