El gobierno de Colombia acaba de anunciar la suscripción con la OTAN de un singular acuerdo de cooperación. Y a fines de mayo concluyó con las FARC un primer acuerdo sectorial en el marco de las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana. Ello confirma que ese Estado evoluciona hacia un nuevo status estratégico en la región relevante también en el ámbito de la seguridad global.
Esa situación abre al Perú nuevas oportunidades en el vínculo con ese país y plantea también desafíos de suma positiva en relación al peso relativo de ambos estados en los escenarios andino y del Pacífico y también en la relación con las potencias de Occidente. Sin embargo, si la evolución estratégica colombiana es una función del desarrollo de los acuerdos mencionados se puede que concluir que ésta se encuentra aún en sus primeras fases y que uno de sus extremos (el vinculado al trato con las FARC) aún puede involucionar. Ese riesgo no desmerece, sin embargo, las ganancias en las capacidades del Estado colombiano que hoy fundamentan la cooperación con la OTAN ni la recuperación de soberanía que implica recuperación territorial y disposición negociadora del agente narcoterrorista. En efecto, según el Viceministro de Defensa colombiano el acuerdo de su país con la OTAN no se encuadra en la categoría de “socios globales” (“partners across the globe”) a la que pertenecen, en estratos más avanzados, Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia Pakistán, Irak, Afganistán y Mongolia. Pero sí es parte de los acuerdo de formato flexible que la OTAN ha previsto para establecer o profundizar vínculos con socios que compartan su interés en unas “relaciones internacionales pacíficas”. Ese formato se inscribe en el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica adoptado de 2010. Al tiempo de tener ese tipo de acuerdos un carácter institucional en tanto están previstos por la OTAN, mantienen también una especificidad definida por una flexibilidad orientada a desarrollar un diálogo político y cooperación práctica en asuntos de común preocupación. Ello implica, según la autoridad colombiana, la posibilidad de mejorar la capacitación civil y militar de su personal e instituciones además del desarrollo de capacidades necesarias para misiones de mantenimiento de la paz. Complementariamente, Colombia puede ofrecer su experiencia en el combate del terrorismo. Si algo de la cooperación que este acuerdo establece ya venía realizándose según el Presidente Santos, la ganancia cuantitativa no sería extraordinaria. Pero la relación formal establecida por el acuerdo implica un salto cualitativo en la relación de Colombia con la alianza militar más poderosa e importante de la post-guerra mundial. Para empezar, ese Estado superaría la simple declaración de pertenencia a Occidente –que algunos en la región han proclamado en la definición de sus respectivas políticas exteriores-, para formar parte activa de un proceso de expansión del núcleo occidental sin erosionar la identidad regional colombiana.
A esa innovación Colombia podrá añadir en el futuro una asociación de superior carácter estratégico que no implique, obviamente, incorporación a la Alianza. Ello indica que Colombia es vanguardia de un proceso de que sus socios regionales no han transitado aún. De otro lado, las autoridades colombianas han logrado concertar el primer acuerdo de los seis que ha establecido como materia sustantiva el denominado “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera” suscrito con las FARC en La Habana en agosto de 2012. El objeto de este primer entendimiento es establecer la política de desarrollo agrario integral que se llevaría a cabo si el gran acuerdo de paz concluye adecuadamente.
Si este acuerdo implica un avance significativo de un proceso que se realiza luego de que las partes superaran la fase exploratoria (llevada a cabo entre febrero y agosto de 2012), también es cierto que éste ocurre seis meses después de iniciadas las negociaciones. Si ese tiempo fuera el estándar de cada uno de los acuerdos parciales restantes, los colombianos, los garantes del proceso (Cuba y Noruega) y quienes lo apoyan participando en él desde el inicio (Venezuela y Chile) deberían esperar dos años y medio para alcanzar el éxito final. No es ésta sin embargo la disposición del gobierno colombiano que se ha fijado un plazo que concluye en noviembre para lograr el resultado. Sólo los negociadores saben si en los cuatro o cinco meses que restan para la conclusión del plazo se podrán resolver asuntos tan complejos como la futura participación política de las FARC, los términos del fin del conflicto (que implica el desarme total del grupo narcoterrorista), la solución que las partes darán al problema de las drogas ilícitas, la situación de las víctimas y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación del acuerdo.
Visto desde fuera ese plazo parece extremadamente corto al tiempo que el costo de no lograr un buen resultado implicaría un escalamiento de las acciones de fuerza que se siguen llevando a cabo en Colombia en tanto las negociaciones se realizan sin un cese del fuego. Esta situación de apremio puede apurar a las FARC a disminuir la dimensión de sus pretensiones y a sopesar las pérdidas en caso de fracaso (el grupo narcoterrorista no cuenta con una zona de de despeje como la que otorgó el gobierno del ex –Presidente Pastrana donde podía protegerse y financiarse).
Pero puede ocurrir también lo contrario. En esa situación Colombia se vería en una situación similar al escalamiento sufrido luego del fracaso del proceso negociador anterior (que culminó en el 2002).
Ello no implicaría un costo mayor al ya realizado por la autoridad colombiana en tanto, si en ese año, las Fuerzas Armadas de ese país lograron recuperar el terreno perdido, hoy se encuentran en una posición estratégica superior luego de haber reducido a los combatientes a más o menos 8 mil hombres (cuando en su mejor momento contaban, por lo menos, con el doble), de haber empujado a las FARC hacia el sur y el este del país (cuando en su punto zenital se estima que llegaron a tener influencia en 40% del territorio) y de haber barrido con su liderazgo más representativo y capaz.
Sin embargo, esta situación daría la razón al ex -Presidente Uribe (que, con razones poderosas, se opone a la negociación), afectaría a los desplazados por el conflicto (cerca del 9% de la población), generaría zozobra en la población y obligaría a extender los términos del Plan Colombia que Estados Unidos co -financia en momentos en que la recuperación económica de la primera potencia no está consolidada y cuando ésta se retira de Afganistán (y, no tiene disposición a mayores despliegues).
En ese caso el Perú, que hoy apoya el proceso de negociación colombiano, deberá apoyar también el esfuerzo bélico de las fuerzas armadas de ese país teniendo que Colombia no es sólo un socio. Es también un importante factor condicionante del mayor o menor éxito de la lucha contra el remanente de Sendero Luminoso y la actividad del narcotráfico en el Perú. Por lo demás, ese apoyo se daría a un socio occidental potenciado incrementando la dimensión estratégica de esa activa solidaridad. He allí también una consecuencia del nuevo status estratégico colombiano.
