7 de septiembre de 2022
El “gran despertador” fabricado por poco más del 62% del electorado acaba de despabilar a Chile de un mal sueño votando por el rechazo de un proyecto de Constitución onírica.
Ese proyecto, excesivo en derechos sin obligaciones y en desorganización del Estado-Nación, nacido de las protestas callejeras de 2019 que clamaban oficiosamente contra la desigualdad, la pauperización social y la herencia de la dictadura (pero que se originaron, como en el Brasil de Dilma Rousseff, del incremento del precio de los pasajes del transporte público) fue el nudo gordiano de un proceso que culminó con la elección del presidente Gabriel Boric.
Si los actores iniciales de ese proceso fueron estudiantes de secundaria y universitarios, su liderazgo juvenil -en el que surgió a la vida política el actual presidente- no sólo devino en la consolidación de la superioridad del poder de los movimientos sociales sobre los partidos políticos sino en el muy bolivariano intento de “refundar” al Estado.
Muchos pensaron que la experiencia, a pesar de la influencia boliviana (Boric es un admirador de García Linera), sólo era una reedición de un “mayo del 68”. Pero la diferencia saltaba a la vista: el movimiento no sólo no surgía del mero idealismo juvenil y se expresaba de manera extremadamente violenta (p.e. a través de atentados perpetrados por gente experimentada) sino que su efecto no terminó en la renuncia de un gran líder (como lo fue, digamos, de Gaulle), sino en el compromiso del ex -presidente Piñera de llamar a un plebiscito con el propósito de consultar sobre una eventual sustitución constitucional. A diferencia de Francia, el 80% de la población identificada con la dimensión del movimiento se pronunció a favor.
En julio de 2021 se instaló, en consecuencia, una Convención Constituyente de 155 miembros en su gran mayoría independientes y ciudadanos de izquierda escasamente conocidos por la mayoría de los chilenos. En mayo de 2022 esa Convención presentó un megaproyecto de 499 artículos que, a pesar de su reducción a 388 artículos reordenados, el resultado no parecía el mejor.
Y no podía serlo por la extraordinaria enumeración de derechos individuales y sociales (muchos de los cuales podrían haber sido singularizado por ley en el caso de que hubiera sido razonable) que no eran correspondidos por obligaciones correspondientes ni definición de medios para satisfacerlos (en el caso de los derechos sociales).
En el ámbito de la organización política sobresalía la rearticulación de las instituciones del Estado vulnerando el balance de poderes internos sobre la base de regiones autónomas. En ese marco destacaba un truncado Legislativo de mayor influencia y el reemplazo del Senado por una Cámara de Regiones. Además del complejo reemplazo del Poder Judicial por un Sistema Justicia en el que la jurisdicción nacional y la de las autonomías indígenas se yuxtaponían no contribuía a la mejor administración de justicia.
Por lo demás, del Estado-Nación, la Nación se desgajaba con el reconocimiento de un Estado plurinacional con diversas perspectivas del mundo y en el que las regiones tendrían ese carácter reconocido en los congresos regionales. En cambio el rol del Estado se fortalecía en el ámbito económico (hoy algo cada vez más normal) pero resumiendo, en su condición “social y solidaria”, sus ambiguos límites con el mercado y sujetos privados.
En la promoción de este proyecto el presidente Boric no sólo no guardó neutralidad sino que, tras anunciar su preferencia por el “apruebo”, hizo una muy visible campaña por él. Si esa decisión se adoptó cuando ya se tenía conocimiento de la probable derrota del proyecto, resulta complejo entender la abierta participación presidencial por motivos ideológicos en contra de una mayoría nacional ya en plena evolución. En ello la militancia juvenil superó a los requerimientos de la Jefatura del Estado que pudieron respetarse sin traicionar los principios del mandatario.
Si bien el presidente Boric ha dispuesto que se procederá a un nuevo intento de cambio constitucional “empezando de 0” no se conoce aún al respecto ni el procedimiento ni el consenso requeridos para llevar a cabo la nueva experiencia.
Para los países de la costa del Pacífico y del sur suramericano es indispensable que Chile estabilice su actual situación política (que, por advertencia de algunas representaciones externas, no garantiza aún la no reaparición de manifestaciones violentas). Más aún cuando en el Perú la estabilidad no encuentra rumbo y en Bolivia, la cuna de la “plurinacionalidad”, sus autoridades ya acompañan la división ciudadana.
