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  • Alejandro Deustua

Chile: Nuevo Gobierno, Nuevas Posibilidades y Requerimiento de una Política Exterior Oficialmente Ex

13 de marzo de 2006



A pesar del inusual carácter de la transmisión del mando en Chile y de su notoriedad (la primer mujer que ejercerá la jefatura del Estado en ese país recibió la posta de un presidente que se retira con más de 70% de aprobación en el escenario democrático más sólido de Suramérica), los anuncios sobre su programa de gobierno fueron extraordinariamente austeros y prácticamente inexistentes en política exterior. Y aunque los grandes rasgos de lo que la presidente Bachelet propone en el campo internacional están establecidos en su programa de campaña y que el alto nivel académico y político de quienes llevarán a cabo esa tarea (el Canciller Foxley y el Viceministro van Klaveren) aseguran solvencia en la conducción, nada más allá de ello se supo de momento sobre las acciones concretas con que éstos deberán proyectar el interés nacional chileno. Estamos al tanto de que la nueva gobernante y su equipo entienden que las fuerzas motoras de la dinámica global son la interdependencia y la integración; que las contiendas de valores antes que de civilizaciones son , en su percepción, los generadores de buena parte de la conflictividad contemporánea; que por lo menos tres ámbitos de poder reclaman la inserción internacional chilena (América Latina es el escenario primario de inserción económica y de identidad; Estados Unidos y la Unión Europea son potencias con los que se comparten valores; y un grupo intermedio de Estados liberales –Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá, Australia, Noruega y Suecia- conforman la referencia de status); que con el Asia, siendo la fuerza emergente, se intentará consolidar conformar un “círculo virtuoso” que tenga a Chile como plataforma suramericana (éste se medirá especialmente a partir de los contactos con China, India y Japón); que en el ámbito multilateral, el fortalecimiento de instituciones y la generación de bienes públicos serán los medios a emplear para mejorar el “gobierno de la globalización” y que los intereses marítimo son singularmente destacados como intereses primarios (1).


Y también entendemos que en la relación con los vecinos (que será motivo de una atención especial y quizás hasta de una reforma institucional), el avance de la relación con Argentina requerirá consolidación, que con Bolivia se intentará generar un clima apropiado para establecer un diálogo “sin exclusiones” y que la “alianza de cooperación con el Perú” deberá fortalecerse (idem). Ciertamente estas resumidas premisas y sus implicancias pueden ser objeto de debate académico, de especulación política o de adhesión u oposición ciudadana más o menos rápidas. Pero teniendo en cuenta la importancia que la relación con Chile tiene para algunos interlocutores –entre ellos, el Perú- es necesario contar con información más desagregada para evaluar la perspectiva de la política exterior chilena para los próximos cuatro años y sus posibilidades de efectiva complementación.


A falta de estos elementos –que seguramente el Canciller Foxley hará públicos en las semanas siguientes- nos atendremos, de momento, a considerar esa perspectiva desde el punto de vista la experiencia peruana actual y de las circunstancias más visibles de algunos de los acontecimientos diplomáticos ocurridos en Santiago durante la transmisión de mando. Desde 1989 la relación peruano-chilena ha avanzado intensamente. Sin embargo, si su orientación es de progreso, la falta de solución de diferendos que involucran intereses primarios (la controversia sobre límites marítimos), la recurrencia de incidentes diplomáticos (muchos derivados de imprudencias en el manejo de la creciente interdependencia económica), los resultados ambiguos en la generación de medidas de fomento de la confianza (y su escasa aplicación al campo no militar), no pocos errores de juicio en la gestión política y la persistencia en la brecha de distribución de beneficios han contribuido a que la crisis complemente al progreso en la evolución de esta compleja relación inhibiendo el tránsito a una mayor complementariedad (que, ciertamente, no es sólo económica). Por lo demás, la relación peruano-chilena no ha estado ausente de la influencia de Bolivia en la relación bilateral reconfirmando una realidad: mientras dure el problema de la mediterraneidad de ese Estado, la relación bilateral con cualquiera de las partes tendrá siempre un condicionante trilateral. Bajo los patrones tradicionales, éste no será necesariamente constructivo.


De allí que la presencia del presidente boliviano en la transmisión de mando en Chile sea tan importante para la relación con el Perú y no sólo para la política exterior chilena. En efecto, la presencia del presidente Morales en Santiago –como antes, la del presidente Lagos en La Paz, supera en importancia a todas las demás: no sólo ha quebrado una cuestionable tradición histórica (nunca había ocurrido) sino que cumplió la etapa previa a la constitución formal del “diálogo sin exclusiones” chileno-boliviano (lo que, en buen castellano, implica el trato de la cuestión mediterránea y hasta el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas entre las partes).


Por su intención integradora y estabilizadora, este desarrollo no sólo es beneficioso para los directamente interesados sino que debe ser estimulado por el Perú. Pero, dependiendo del avance que la política exterior chilena desee realizar en la materia, el estímulo debe tener en cuenta por lo menos tres factores.


El primero consiste en tener presente que la aproximación no es nueva y que su última versión (realizada en Algarbe a principios de siglo) incluyó tres etapas: la apertura de toda la agenda sin incluir el tema de la mediterraneidad, el trato específico de la cuestión de la mediterraneidad y la consulta con los terceros interesados. El diálogo no prosperó –entre otras razones, por incapacidad de interlocución boliviana- y ciertamente los terceros interesados nunca fueron convocados. En consecuencia se debe prever que para un diálogo boliviano-chileno sobre un asunto de esencial dimensión bilateral ciertamente se debe asegurar la capacidad de diálogo de las partes. Ello supone estabilidad interna en Bolivia y flexibilidad de trato en Chile. Dos gobiernos democráticos que inician su gestión tendrán mayores probabilidades de éxito. Y los condicionamientos internos (entre los que se encuentran el uso del gas boliviano –cuyo régimen no ha sido aún definido- como instrumento de negociación) deberán moderarse. Pero para la generación del “ambiente apropiado” será indispensable, además, consultar el interés del Perú (como, en teoría, se estableció en Algarbe pero nunca se realizó).


En segundo lugar, los gobiernos de Chile y Bolivia deberán tener presente que el fracaso de las anteriores experiencias en la materia ha implicado serios retrocesos en la relación bilateral y la complicación de la relación con el Perú cuando la parte que se considera perjudicada intenta mejorar la relación con nuestro país a costa de la otra. La reacción peruana tiende, en este caso, a seguir el mismo patrón.


Por tanto, el diálogo chileno-boliviano no debe darse a costa de la relación con el Perú y éste debe prever alternativas de política (como un escenario trilateral oficial u oficioso, por ejemplo) para evitar un juego de poder que es históricamente pernicioso para los tres involucrados.


Finalmente, los gobiernos de Chile y de Bolivia deberán tener presente que, a pesar de que el Perú no desea ser un obstáculo para la satisfacción de la demanda boliviana y de que apoya su causa, no podrá haber ninguna solución a la misma que involucre territorios que fueron peruanos si peruanos y chilenos no resuelven antes –o colateralmente- la controversia sobre delimitación marítima. En tanto ésta involucra un interés primario peruano, su postergación en beneficio de terceros sencillamente no tendrá posibilidades de éxito. Para superar estas eventualidades es indispensable que el Perú recupere el terreno diplomático perdido en Bolivia (en buena cuenta, debido a la crisis interna boliviana) y que fortalezca la relación con Chile (que luego, debiera adquirir un status especial) para generar un polo de estabilidad y progreso en el Pacífico Sur suramericano. Y que en relación a la problemática chileno-boliviana proponga un mecanismo trilateral en el que los intereses de todos puedan ser resueltos con criterios de integración.


Si éstas son algunas de las implicancias concretas de la política exterior chilena, es claro que una exposición detallada de la misma por las nuevas autoridades es indispensable.

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