CAN-UE: Una Negociación de Frágil Arquitectura Variable

Luego de superar condicionalmente el bloqueo boliviano y las dudas ecuatorianas, los países andinos finalmente podrán emprender la negociación de un tratado que incremente sus posibilidades de progreso.

La negociación de un acuerdo de asociación política y comercial con la Unión Europea, que puede ser un instrumento de cohesión de una subregión fragmentada, permitirá la mejor inserción occidental de los países andinos con voluntad de modernizarse pero también el mantenimiento de un statu quo mejorado a los que insisten en refundar un pasado autárquico.

Esto es lo que se deduce de lo acordado en la cumbre andina de Tarija y del marco general que la CAN ha establecido para la negociación referida. De estos compromisos queda claro que el sujeto negociador no será una comunidad de integración avanzada sino un grupo apenas "unido en la diversidad". A propósito del vínculo con la UE este grupo ha reconocido, con realismo, que apenas es una zona libre de comercio, que puede ser una unión aduanera en un mundo donde los aranceles pierden relevancia y que ciertamente dista de ser, luego de 38 años de vigencia, una comunidad política o económica.

En efecto, los miembros de la CAN han reconocido implícitamente que su vínculo no es de principios sino de intereses geopolíticos. Y han ratificado también que lo que los separa no son sólo asimetrías derivadas de distintos niveles de desarrollo sino divergencias referidas a su ordenamiento político (la cuestión democrática) y económico (la cuestión del mercado).

Bajo estas condiciones los andinos han acordado la aplicación del tratamiento especial y diferenciado en la negociación con la UE. Éste, que hoy se malentiende como la facilitación de mayores plazos para el cumplimiento de las mismas obligaciones por todos, deberá aplicarse ahora en función de diferentes condiciones para los países con menores niveles de desarrollo.

Aunque ello recupera el sentido original del trato diferenciado olvidado por las reglas de la OMC y por los acuerdos bilaterales que se realizan en su marco, también genera una complicación adicional. Ella deriva del hecho de que el trato diferenciado deberá ser aplicado, además, atendiendo al arbitrio negociador del país de menor desarrollo en un negociación colectiva (algo que ni el Acuerdo de Cartagena de 1969 planteó). Así habrán países que podrán excluir una serie de ámbitos de negociación (Bolivia y Ecuador) y otros (Perú y Colombia) que podrán embarcarse en todos los ámbitos.

En consecuencia, la implementación de los diversos acuerdos deberá realizarse a través de distintos universos normativos lo que agregará divergencia a la precaria "arquitectura variable" de la negociación. Aunque ciertamente no es ése el propósito del trato diferenciado, los países mayores podrán negociar con mayor latitud. Como es lógico, ellos lograrán los mayores beneficios de los acuerdos con la Unión Europea.

En este marco de forzada "unidad en la diversidad", la incorporación de Chile como miembro asociado a la CAN añadirá peso a los países con disposición de apertura. Pero en tanto su participación será regida sólo por los acuerdos de complementación económica vigentes y por la participación ad hoc en las más altas instancias de decisión, la contribución chilena será más efectiva si mejora el acceso a su mercado, si expresa disposición a formar el arco latinoamericano del Pacífico (vis a vis APEC) y si se predispone mejor a la solución de las controversias pendientes con los vecinos.

De esta forma los países con vínculos políticos y de mercado con Estados Unidos, la Unión Europea y, mañana con la APEC, podrán lograr para la CAN el sentido de progreso que proviene de una mejor inserción internacional. Tarde o temprano Bolivia y Ecuador lo entenderán.