Mientras que en Europa la aparente recuperación de la autoridad estatal por el Reino Unido implica un cambio sustantivo en la relación de poder e integración en el Viejo Continente, un cambio estratégico en el norte suramericano es también inminente.
La perspectiva de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC implica para Colombia “apenas” un retorno a la normalidad. Pero si ésta se define por la recuperación estatal del control territorial y poblacional y el restablecimiento pleno del estado de Derecho, la innovación estratégica implica la restauración soberana de una potencia media suramericana.
La restitución de las facultades básicas del Estado colombiano mediante un acuerdo de paz, implicará también algo más que el fin de un proceso complejo de cuatro años en el que las FARC reciben más de lo que merecen. Es evidente que si el acuerdo se suscribe (algunos suponen que en agosto) Colombia habrá concluido más de medio siglo de agresión subversiva y terrorista. Y nuestro vecino habrá puesto fin al más extenso ciclo de violencia interna en América.
Si se considera que la violencia política de gran escala no se inició en Colombia en 1964 cuando las FARC, al calor de la exportación de la revolución cubana y de la movilización campesina, reanudó el derramamiento de sangre que había sembrado el conflicto interpartidario (la era de “La Violencia” entre 1948 y 1958), se concluirá que ese país está finalizando hoy una etapa que ha superado de largo el rango temporal de la Guerra Fría. El llamado “post conflicto” será entonces para Colombia una verdadera “postguerra” que tiene por referencia el fin de la Segunda Guerra Mundial y a alrededor de medio millón de muertos (no 200 mil) en su haber.
¿Merecerá este resultado el costo de la llamada “justicia transicional” que implica grandes concesiones penales y la incorporación de las FARC a la actividad política normal?
Los colombianos y la Corte Constitucional no tienen aún una respuesta clara. En efecto, 84% no está de acuerdo con que los jefes de las FARC no vayan a la cárcel y el 59% cree que éstos incumplirán. Pero 49% cree que el acuerdo beneficiará al país (“Colombia Opina”; IPSOS). Y la Corte Constitucional que evalúa la legalidad del plebiscito que debe legitimar el acuerdo no se ha pronunciado aún mientras el gran crítico del proceso, el expresidente Uribe (56% de aprobación) mantiene su oposición al acuerdo enfatizando el grado de impunidad que se concede.
Si esa opinión se alivia, el acuerdo se refuerza y no hay rearme el norte suramericano inauguraría un escenario de estabilidad sin precedentes con incidencia multi-regional, las fronteras de Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela se verían aliviadas y la cohesión hemisférica se intensificaría (Estados Unidos apoyará el post-conflicto luego de que haber invertido en el Plan Colombia). Y, salvo por el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado colombiano podría brindar a sus ciudadanos un superior potencial de bienestar y a su economía un nuevo umbral de crecimiento.
