17 de mayo de 2006
Mientras en Bolivia el combate al narcotráfico se adormece en el permisivo trato que el nuevo gobierno concede a la amenaza de la coca y en Perú este asunto de seguridad desaparece de las agendas de los candidatos presidenciales, en Brasil organizaciones de narcotraficantes confrontan directa y sangrientamente al Estado más poderoso de Suramérica desde su principal metrópoli: Sao Paulo.
En efecto, luego de 4 días de levantamientos carcelarios, 215 ataques citadinos, 115 muertos en confrontación directa entre delincuentes y policías y de la consolidación del poder del crimen organizado desde las cárceles paulistas, la realidad de la amenaza del narcotráfico que sostiene este escenario no puede ser negada.
El ataque coordinado con precisión militar por esa mafia sofisticada denominada Primer Comando de la Capital desde las cárceles brasileñas contra la policía federal, guardias penitenciarios y estaduales, entidades bancarias y establecimientos comunes es demasiado grave como para que los países productores de coca y cocaína sigan engañándose a sí mismos sobre la intensidad de esta amenaza.
Ésta ha cobrado ahora tal magnitud entre quienes comercializan la droga que sus agentes pudieron aterrorizar a una de las mayores metrópolis latinoamericanas, alterar seriamente el orden en otros Estados brasileños, obligar al gobierno del Presidente Lula a convocar un sesión extraordinaria de gabinete (que no pudo evitar que el gobernador paulista declinase la oferta de envío de tropas federales) e inducir a las autoridades policiales a “conversar” con los insurrectos (versión parcialmente negada por la oficialidad mayor) para acabar con el sangriento desorden.
Tamaño asalto a la seguridad pública pudo llevarse a cabo por prisioneros y criminales callejeros bajo el liderazgo de un tal Marcos Williams Camacho, “Marcola”, utilizando como excusa el traslado de 765 líderes criminales de una prisión paulista a otros recintos de seguridad.
Esa organización criminal evidentemente consiguió su objeto: hacer una demostración de fuerza antes que permitir la desorganización de su cúpula. Luego de esto consiguieron lo complementario: televisión para el mundial, visitas “intimas” y reevaluación del trato de especial cautela que las autoridades les brindan por razones de seguridad entre otras pequeñeces.
Pero no es ésta la única mafia que, sustentada en el narcotráfico –y otros delitos conexos-, amenaza a Brasil. Antes el Comando Vermelho confrontó a la fuerza policial de Río de Janeiro en las favelas cariocas donde la autoridad estatal no puede hacer acto de presencia sin el uso de la fuerza.
Si estas organizaciones urbanas y carcelarias tienen una década de vigencia en el Brasil, están asociadas al narcotráfico y plantean un problema de seguridad nacional y ciudadana a la potencia regional, la pregunta elemental que cualquiera puede plantearse es: ¿cómo es cómo es que una potencia emergente no puede controlar sus ciudades? Y asociada a ésta, ¿cómo es que los países productores y consumidores de Suramérica – especialmente, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia- no han tomado adecuadas medidas de respuesta conjunta, por qué no figura este estratégico y concreto compromiso de combate como primera prioridad en las ambiciosas y apresuradas agendas de la Comunidad Suramericana de Naciones y, si las medidas han sido adoptadas, por qué no son adecuadamente difundidas y ejecutadas?.
La respuesta puede radicar en la indisposición diplomática a tratar, en escenarios de gran diseño, temas apremiantes que implican vulnerabilidad, desprestigio e ineficacia en la confrontación de la amenaza. Ello orienta la indisposición estratégica primero e ideológica después a reconocer la gravedad de la misma por los respectivos gobiernos.
Como consecuencia surgen, con extraordinaria facilidad, posiciones como la boliviana que pretenden luchar contra el narcotráfico mientras permiten la ampliación del cultivo de coca ilegal, aparecen disposiciones subregionales que amparan esa medida, insurgen candidaturas que dan cabida a esa perspectiva y persisten posiciones gubernamentales en Estados que prefieren no decir ni hacer mucho sobre la materia.
Lo ocurrido en el Brasil no es una señal de alerta al respecto. Es una clara demostración de que la amenaza es real y presente y que los Estados de la región deben actuar de manera solidaria, de preferencia en un marco de seguridad colectiva, para hacerle frente.
Lo contrario es continuar en la senda de la flexibilización de la respuesta frente a una amenaza letal, extender el infértil debate sobre la naturaleza de la amenaza o dar mero testimonio de su existencia mientras las bases del Estado son corroídas por organizaciones que elevan, cada día, su capacidad de confrontación.
