El triunfo de Dilma Rousseff ha sido contundente pero no abrumador en Brasil. Una diferencia de once puntos en las segunda vuelta de las presidenciales (55.05% v 44.95%) da cuenta de lo primero. Pero similares diferencias a favor de la oposición en los Estados del sur brasileño (el escenario geográfico que impulsa la economía y la modernidad en esa potencia emergente) es señal de lo segundo.
Al triunfo de la señora Rousseff debe sumarse la aprobación a la gestión del presidente Inacio Lula da Silva (un extraordinario 81%). Sin embargo el hecho de que 25% de ese total no sea haya transferido a la presidenta electa, muestra un nivel de descontento con el gobierno del oficialista Partido de los Trabajadores que debe tomarse en cuenta. Especialmente si el voto de la tercera en discordia en primera vuelta, Marina Silva, tampoco se trasladó a la señora Rousseff dividiéndose, en apariencia, entre la presidente electa y el opositor José Serra.
Pero ésta es sólo el resultado contable de una elección que también ha reanimado el rol del partido de oposición (el PSDB) para los próximos comicios en los que Lula, según sostiene hoy, no postulará. Por encima de esta evaluación cuantitativa está el clamoroso triunfo de la continuidad en la administración del país si se considera que los programas de Rousseff y de Serra, salvo en política exterior, ha generado en Brasil la apariencia de un consenso de dimensiones soviéticas.
Responsable de este excepcional resultado es ciertamente el éxito económico y la progresiva materialización de la esperanza social logrados por el gobierno de Lula. El primero se constata en crecimiento a tasas asiáticas de un país grande en la periferia de Occidente cuya complejidad se ha expresado históricamente (inclusive durante el “milagro brasileño) en perfomances menores. En efecto, la octava potencia económica del mundo que ocupara el 48% del territorio suramericano y rankea como quinta potencia territorial y sexta demográfica, crecerá este año 7.5%. Con niveles de transparencia y apertura superiores a China e India, esa crecimiento se logrará con un déficit de cuenta corriente de 2.6% y un desempleo de apenas 7.2% según el FMI.
Estos resultados muestran, además, una eficaz y rápida salida de la crisis del 2008. Ésta se sustentó tanto en los buenos fundamentos macroeconómicos con el estímulo económico generado por un paquete de US$ 284.5 mil millones en el 2007 (PAC). A éste ha seguido otro de US$ 541.3 mil millones de marzo de este año (Peter Meyer). Como en el resto de la región, y en el marco de lo acordado inicialmente en el G20, la heterodoxia necesaria en un escenario de emergencia ha servido para mejorar la posición del país.
Aunque, como consecuencia de ello, el gasto creció este año 19% y la inversión en infraestructura se multiplicó, la inflación está bajo control. A ello ha ayudado probablemente la fuerte tendencia a la apreciación del real debida al debilitamiento del dólar, los altos intereses y, últimamente, el control del fuerte ingreso de capitales (que ha obligado al Banco Central a inhibir tributariamente el arribo excesivo de esos flujos). Al respecto, la señora Roussef ha anunciado que no dañará la sustentabilidad económica lo que supone, según algunos, la predisposición a obtener un superávit fiscal de 3% del PBI el próximo año.
De este buen momento no han estado ausentes los beneficios recibidos por el incremento de los precios de los commodities que ha contribuido a que Brasil agregue a sus cualidades actuales, la mayor tasa del promedio de crecimiento exportador de la región en la década 2000-2009 (12%, sólo superado por el Perú con 16.2% según la CEPAL). Esta expansión es complementada por una proyección de recepción de inversión extranjera directa de alrededor de US$ 70 mil millones entre el 2010 y 2012 según la UNCTAD que, aunque menor en términos anuales a la del 2008, continúa casi duplicando a la del resto suramericano y secundando sólo a China entre los países emergentes.
Estos resultados muestran algo más que buena gestión económica. Forman parte también de una elogiada gestión de inclusión social. La interacción entre una buena administración económica y de una adecuada política de cohesión –instrumentada por herramientas exitosas como la Bolsa Familia- ha permitido sacar a 21 millones de brasileños de la pobreza durante el gobierno de Lula.
Ello se ha reflejado en el incremento de la clase media (definida como la que registra ingresos de entre US$$ 655 y US$ 2800) hasta integrar al 50.5% de la población según la Fundación Getulio Vargas. Tal incremento mesocrático, a su vez, ha resultado en un incremento del consumo y confirmando a la demanda interna como la locomotora principal del crecimiento. Esta redistribución del ingreso debe haber impactado en la reducción de la desigualdad del Brasil que, hasta el 2009, era la mayor de la región (0.6 de coeficiente Gini) según la CEPAL. Ese índice, sin embargo, no ha desfavorecido a la señora Rousseff. Reconociendo el esfuerzo hecho por los programas de inclusión, los ciudadanos de los Estados que padecen la mayor desigualdad (los del Norte) han votado por la candidata oficialista. Lo extraordinario del caso consiste en que los fundamentos que permitieron la implementación de estos instrumentos por el gobierno de Lula son los generados por las políticas económicos del gobierno de Cardoso. El Presidente Lula reconoce esta realidad en los hechos (por ello ha practicado la continuidad de las políticas) pero no en el discurso. A pesar del pragmatismo imperante en la línea oficial del Partido de los Trabajadores (donde habita también una izquierda más ortodoxa), esa divergencia entre lo que el gobierno dice y hace muestra la dimensión ideológica que permea la política interna brasileña.
Esta característica de la política interna se ha reflejado en Brasil en la política exterior, contrariando el mito de la neutralidad de la misma. Si fue en este sector en el que el cambio se podría haber impuesto a la continuidad con un eventual triunfo del señor Serra, con la victoria de la señora Roussef el continuismo ha ganado en todos los frentes.
En efecto, en el programa de la presidente electa del Brasil no figuraba nada parecido al gran cambio de política exterior vecinal que sí figuraba, por ejemplo, en el programa del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un beneficiario directo del éxito del presidente anterior (en este caso, de Álvaro Uribe como es el caso de Rousseff respecto de Lula).
Ello indica que Brasil no sólo no perderá el paso de su ascenso como potencia intermedia en la estructura del sistema internacional sino que quizás no buscará mayor aproximación con Estados Unidos (como sí lo proponía Serra a pesar de que, en términos genéricos, la primera potencia no sólo no haya manifestado preocupación por la emergencia brasileña sino que haya promovido con Brasil acuerdos estratégicos en materia de seguridad y energía).
En el intento de potenciar su influencia, es claro que Brasil persistirá en lograr una membresía preferencial en los foros multilaterales predominantes. Y lo hará a través de tres vías: la concreción de la partencia a foros exclusivos (el G20, donde deberá plantear, por ejemplo, los problemas que genera el relajamiento monetario norteamericano y la implicancia de una “guerra cambiaria”), el intento de lograr ya no voz sino voto efectivo en la dirección de organismos multilaterales clásicos (el FMI, que ya ha encaminado la reforma pertinente, y el Consejo de Seguridad, cuyos miembros aún no se han empeñado en la ampliación de sus miembros permanentes) y el liderazgo en negociaciones económicas multilaterales (el caso de las ronda Doha cuyo fracaso, sin embargo, reclamará explicaciones de potencias como la brasileña con fuerte responsabilidad en la situación actual de esa negociación). En la obtención de esa influencia, Brasil quizás incrementará su activismo en escenarios de conflicto que antes prefirió evadir (el caso del Medio Oriente) coordinando acciones con otras potencias emergentes (p.e., el caso de Turquía en Irán) antes que con los involucrados en la gestión mediadora establecida. Ese intento mediador, cuya base de aprendizaje ha sido Suramérica, pasará por el intento de consolidación de una estructura de poder intermedia (p.e. los BRIC y los IBSA) que supere el simple reconocimiento de un fenómeno económico por terceros (como Goldman Sachs). A pesar de los esfuerzos cooperativos en este proceso, la fricción que genera una potencia emergente es inevitable. Las autoridades brasileñas lo saben y las desafiadas también.
En parte por ello Brasil se embarcará en el incremento de su capacidad de poder. Este tendrá un componente militar (cuyo anuncio ya ha sido oficializado mediante la publicación de la estrategia correspondiente y la suscripción de acuerdos estratégicos extra –regionales, del que el logrado con Francia es un ejemplo), otro energético (el desarrollo de largo plazo una capacidad nuclear con fines civiles pero que puede implicar otros usos y, especialmente, su conversión en una potencia mayor en energías renovables y no renovables –la evidencia de estas últimas son los grandes yacimientos petroleros submarinos descubiertos en la cuenca Río-Santos-) y otro tecnológico.
Para ello será vital el crecimiento de empresas públicas eficientes y ligadas a la participación privada (los casos de Petrobrás o Embraer). Ello suscita preocupación en ciertas potencias occidentales en tanto éstas van aparejadas del incremento sustancial del rol del Estado pero también sienta las bases para un renacimiento de la empresa pública en la región.
En el ámbito regional, también habrá continuidad. La presencia de Marco Aurelio García (el asesor de Lula para asuntos latinoamericanos) en el equipo de transición de la presidenta electa marca esa pauta. A la luz de la experiencia reciente puede adelantarse que la organización institucional en la región hará sitio para la influencian de otros polos de poder como el patrocinado por Venezuela. Y también que la atenuación de la fragmentación suramericana dependerá menos de Brasil que de la eventual solución que Estados en conflicto puedan encontrar entre ellos.
Este es el caso de la reaproximación entre Venezuela y Colombia. Pero puede no serlo en otras vecindades, como la peruano-boliviana, debido a la dimensión conflictiva y el entorpecimiento en la generación de confianza que marca el alineamiento boliviano con Venezuela y Cuba (hoy parece bien claro que Bolivia está siguiendo los pasos venezolanos en Irán antes que los peruanos en su buena relación con Occidente).
Esta situación puede cambiar, sin embargo, al calor de un resultado electoral en el Perú o de un requerimiento de política interna como viene ocurriendo en los demás países del área mostrando un cierto relajamiento en la conducción de las políticas exteriores en el área y una creciente arbitrariedad en las mismas derivada de los excesos del presidencialismo.
En este escenario, del que comentamos sólo este par de casos, Brasil podría persistir más en la influencia selectiva en el área que en un liderazgo regional contrariando una premisa nominal de su política exterior: Suramérica es la base de la misma y, por tanto, de su proyección extra-regional. Esta contradicción tiene una fuerte correlación con la arbitrariedad señalada en el párrafo anterior cuya implicancia se agrava en un contexto internacional de cambios sistémicos.
Siendo fundamental para el Perú, la relación con Brasil es también estratégica. Pero ésta se encuentra lejos de los fundamentos que alumbraron formalmente ese tipo “asociación” en el gobierno del Presidente Toledo. La relación del Perú con Suramérica no pasa por el Brasil y la integración económica tampoco a pesar de que, en términos geopolíticos continentales, ésta se fundamental para ambas partes.
Esta última característica ha recibido el fuerte soporte del avance de los proyectos viales IIRSA que, en su orientación bioceánica, benefician a ambos pero favorece más al Brasil que al Perú. El desafío para el gobierno de la señora Rousseff es añadir al lugar común de la necesidad brasileña de energía de los ríos amazónicos, de los puertos peruanos para su proyección al Pacífico y del desarrollo del occidente brasileño, una presencia menos renuente del Brasil en los sectores industrial, tecnológico y financiero peruanos.
