Las elecciones presidenciales del próximo 5 de octubre en la primera potencia suramericana y sétima economía global (un PBI de US$ 2190 miles de millones) tiene una relevancia que supera claramente a los electores brasileños (143 millones de una población de algo más de 200 millones según el Tribunal Superior Electoral de ese país). Cualquiera que sea el resultado, éste influirá en la región y en los países emergentes.
Ello dependerá menos del subibaja de la contienda entre la actual Presidenta Dilma Rousseff y la desafiante Marina Silva (que se va resolviendo en favor de la primera a pesar del gran impacto inicial de la segunda) que de la capacidad de la próxima gobernante de extraer al Brasil del embrollo económico y social interno y de la pérdida, por esa potencia, de influencia internacional.
En efecto, hoy Brasil se encuentra técnicamente en recesión (dos trimestres consecutivos de contracción económica), con una expectativa de crecimiento este año de apenas 0.3% (luego de dos correcciones a la baja y de una serie que no remonta el 2.5% desde el 2009 -BM-). Padece además de un fuerte gasto público que ha llevado a un déficit de -3.2% y un sector externo en que la apreciación del real se ha convertido en el problema que sustituyó a la depreciación imputada públicamente por la Presidenta a la volatilidad externa. Mientras tanto, la deuda pública ha crecido constantemente desde el 2010 (de 65% a 69% del PBI) y la inflación sigue alta (alrededor del 6%, aunque dentro de parámetros previstos –Santander-).
En ese marco, las calificadoras de riesgo empiezan a mirar esa economía con ánimos de corrección a la baja (Moody’s ha advertido que podría castigar la calificación de la deuda brasileña que es hoy de Baa2) considerando que el comportamiento brasileño es “atípico” (es decir, incierto) y que su nivel de deuda es mayor al de economías parecidas. Al respecto, sin embargo, prefiere aún esperar. Mientras tanto Standard & Poor’s ya degradó la calificación de la deuda brasileña y Fitch es la única de las tres calificadores que mantiene en perspectiva estable la deuda brasileña.
No son estas buenas noticias para la región. Y menos para el MERCOSUR donde Brasil representa el 73% del PBI de la entidad subregional.
En efecto, si el comercio intrarregional latinoamericano ha sido, entre el 2001 y 2011, de 18% del total (siendo el MERCOSUR el responsable mayor de ese nivel en tanto que el comercio interandino es muchísimo menor), éste ha venido declinando (en contraste con Asia, donde el nivel de intercambios intrarregionales subió ya por encima del 50%).
Peor aún, desde el segundo trimestre del 2013 las contracciones comerciales intrarregionales en la América Latina se han experimentado más fuertemente en las economías más grandes con Brasil y México cayendo -7.3% y Argentina -14.3% (ALADI). Ello ha implicado una caída de las ventas de Argentina a Brasil y de Brasil a Argentina, los socios principales del MERCOSUR (IDEM).
Ello ocurre en un marco de proteccionismo y de intervencionismo en el Brasil (Santander) y en el contexto de una desaceleración importante del sector industrial brasileño que el gobierno pretende disminuir mediante el plan “Brazil Maior” (IDEM).
En este marco, la Presidenta Roussef ha presentado en la Asamblea General de la ONU una imagen distinta en tanto ha priorizado los, efectivamente, muy exitosos avances sociales generados por políticas de inclusión y de transferencias. Éstas han permitiendo al Brasil presentar un cuadro de éxito en el cumplimiento en los Objetivos del Milenio.
Ese avance, sin embargo, es distinto al de las clases medias germinadas por la economía de apertura del Presidente Cardoso y continuada por el Presidente Lula hasta representar hoy más de 50% de la población. Estas clases tienen expectativas que, o son excesivas o no están siendo satisfechas inadecuadamente. Así lo han demostrado las grandes manifestaciones de protesta en el 2013 que se realizaron manera bastante anárquica a partir de un problema menor surgido del incremento de los precios del transporte público.
Hoy esas expectativas pueden haberse concretado en la exigencia de una mejor provisión de servicios de educación, salud y de infraestructura como lo anuncian la Presidenta Rousseff y la Sra. Silva.
De acuerdo a lo explicado por una y otra candidata (y a los contenidos de sus programas de gobierno), las diferencias para afrontar esta problemática no son de forma o énfasis sino de fondo. Mientras la Sra. Rousseff anuncia continuidad en cuyo marco procurará hacer los ajustes económicos que requiere su país, la Sra. Silva anuncia una reforma de la gestión pública cercana a la matriz de su carácter ambientalista: la sustentabilidad.
En su perspectiva, ello demanda un recorte del Estado acompañado de mayor participación en el marco de una economía abierta. El empresariado brasileño se ha volcado con ella confiando más en su alejamiento del PT (partido al que perteneció), en las personas que la apoyan y en el concurso de la inversión privada nacional y extranjera que reclama, que en las seguridades que, hasta la crisis del 2008, brindaba la Sra. Rousseff. Las políticas anticíclicas de la Presidenta son percibidas hoy por el sector privado menos como expansivas que como proteccionistas e intervencionistas y basadas en la inversión pública (que no es considerada sustentable).
La desconfianza que ha despertado la Sra. Rousseff se ha dejado ver en la caída de la bolsa (7.6% en tres días según Bloomberg) y en la devaluación del real no bien se supo que las encuestas habían revertido la tendencia ganadora de la Sra. Silva en segunda vuelta. Ello ha ocurrido, en apariencia, por la campaña de última hora de la Sra. Rousseff que ha inducido el temor en las clases populares a perder las transferencias de dinero y los programas sociales en que aquéllas han basado su percepción de bienestar en los últimos años.
Estas afirmaciones forman parte de una muy agresiva campaña del PT orientada a desprestigiar a la Sra. Silva considerándola una especie rara de “neoliberalismo” que, a pesar de su origen humilde y su dedicación ambientalista, la emprendería contra el sostén básico de servicios populares gestionados en los doce años del gobierno del Partido de los Trabajadores.
Si este cambio en la opinión pública refleja una contienda de intereses de clase, ésta se incrementará con la adición de los intereses de las clases medias por recibir mejores servicios del Estado en un contexto de ajuste económico.
The Economist llama equivocadamente al remedio a este problema una corrida al centro en tanto ambas candidatas harán esfuerzos por reorientar la economía que, en última instancia implica moderar el gasto. No es necesariamente así.
En efecto, la Sra. Rousseff pretende mantener el fuerte centralismo de la política monetaria manteniendo al Banco Central sin autonomía y cercano al Ministerio de Hacienda, mientras que la Sra. Silva plantea la independencia de esa entidad rectora. Por lo demás, la Sra. Rousseff se verá tentada a hacer uso de los grandes recursos petroleros (a los que se acaba de incorporar un nuevo y gran yacimiento) para solventar el gasto que estará, según ella, orientado a salud, educación e infraestructura. Ello no ocurriría necesariamente así si se tiene en cuenta el uso político de una parte de los recursos de Petrobrás en que habría incurrido esa gran empresa (asemejándose en ello al turbio estilo PDVSA).
La Sra. Silva pretende, en cambio diversificar la matriz energética brasileña con un énfasis en las energías renovables. Las consecuencias económicas de esa opción no son plenamente populares. Y quizás tampoco lo sean plenamente eficientes en tanto el potencial de los hidrocarburos brasileños se ha multiplicado exponencialmente.
Por lo demás, el discurso de la Sra. Roussef en la última reunión de la Asamblea General de la ONU marca una clara diferencia entre dos alternativas de política exterior. Mientras la Presidenta reiteró que el rol del Brasil en América Latina pasaba por el MERCOSUR, UNASUR y CELAC, la Sra. Silva plantea una mejor inserción de su país. En la región, ésta incluye una fuerte articulación con la Alianza del Pacífico y su proyección al Asia, una mejor relación con Estados Unidos y la Unión Europea y un uso más intenso y adecuado de mecanismos de acceso a los mercados (como lo son los acuerdos de libre comercio). En ello hay una suerte de contienda entre regionalismo y globalismo que permea la campaña.
Estos planteamientos, sin embargo, no ocupan suficientemente la atención de la Sra. Rousseff en momentos en que el comercio intrarregional ha decaído afectando la relación con el principal socio subregional brasileño (Argentina) y el comercio mundial no alcanza el dinamismo que corresponde (el Director General de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, ha dejado en claro que el progresivo estancamiento del acuerdo de Bali sobre facilitación del comercio, países en desarrollo y agricultura puede conducir a la pérdida de los beneficios que ese acuerdo tiene la capacidad de producir además de enterrar la ronda Doha).
En consecuencia, las señoras Rousseff y Silva no se encontrarán en el centro. Lo único que compartirán será una necesidad: reanimar la economía. Pero los instrumentos y enfoques son, al respecto, bien distintos.
El Perú debería sentirse más cómodo con un eventual triunfo de la Sra. Silva. Sin embargo, los requerimientos de integración física que vienen satisfaciendo los proyectos IIRSA tanto en el sur (partiendo de Ilo hacia el Acre) y en el norte (partiendo de Paita hacia el Amazonas) seguirán mejorando la articulación entre ambos países. Si se cumplen los objetivos de esos proyectos, que implican generación de desarrollo continental antes que los muy reales beneficios del transporte bioceánico, entonces las ventajas mutuas serán aún mayores.
Gane quien gane, el énfasis local en el desarrollo de infraestructura y la fuerte presencia de grandes empresas brasileñas en el Perú continuará. Como sucederá en el resto del continente.
Pero esto es sólo parte de la agenda de la política exterior brasileña. Si el resto de la misma se mantiene bajo la tradición impuesta por el Sr. Marco Aurelio García, un nuevo gobierno de la Sra. Rousseff implicará que esa política seguirá siendo excluyentemente regionalista (ámbito en que, además del MERCOSUR, se favorece la relación con Venezuela y, especialmente, con Cuba y que no expresa fuerte simpatía con el regionalismo abierto), maniqueamente confrontacional con ciertos países desarrollados y amigable con ciertos países en desarrollo y regida por un eje integrado por potencias con escasa convergencia de intereses que no sean los sistémicos (los BRICS).
A pesar de que la vinculación brasileña con Venezuela y Cuba no ha sido buena para la región en el sentido de que ha contribuido a su fragmentación a través del ALBA (y que para la Sra. Rousseff no parece presentar problemas), un triunfo del oficialismo podría transformar en rutinaria esa aproximación. En ese caso, los demás Estados del área seguirán invocando, si no preferencias ideológicas, sí “pragmatismo” halados por una presencia del PT en el poder ya no de doce sino dieciséis años.
Tal tendencia, que implica ausencia alternancia en el poder podría comenzar a parecerse a las realidades que generó el PRI en México y el Partido Justicialista en Argentina. Especialmente si a la Sra. Roussef no la sucede una nueva Sra. Silva o un Sr. Neves sino un personaje histórico que ya cumplió su ciclo: el Sr. Lula.
Ello implicaría no sólo el gobierno de un solo partido en el Brasil durante dos décadas sino la confirmación en América del Sur de la tendencia a la reelección por la vía legal (el caso brasileño) o ilegítima (los casos venezolano y boliviano). Si Suramérica padece hoy serios problemas de carácter democrático (empezando por la cuasi-caducidad de los principios originales de la Carta Democrática), en el mediano plazo, ese problema podría agravarse.
