La denegación por Francia, Italia, España y Portugal del permiso de sobrevuelo del avión que conducía al Presidente de Bolivia constituye un desafío sin precedentes a la relación entre los Estados y al derecho internacional.
Y, en tanto, ha puesto en riesgo la seguridad del Presidente Morales y de quienes lo acompañaban, esa denegación tiene implicancias mayores a la de un comportamiento inamistoso. Sin embargo, ese atropello que debe evaluarse en el ámbito bilateral, difícilmente arriesga el conjunto de la relación entre América Latina y la Unión Europea. Ni en los perores momentos de la Guerra Fría un avión presidencial que lleva a bordo un Jefe de Estado ha sido obligado a un aterrizaje de emergencia (como ahora en Viena) debido a la cancelación, a última hora, de autorizaciones de sobrevuelo que ya habían sido concedidas. Este acto incivilizado violenta el derecho internacional al que adhieren los estados que han perpetrado este atropello. Para empezar, el artículo 42 de la Convención sobre las Misiones Especiales aprobada por la Asamblea General de la ONU (1969) establece que terceros estados por cuyo territorio debe transitar un representante oficial de otro Estado deben conceder la “inviolabilidad y todas las demás inmunidades” a ese representante además de las facilidades necesarias para su retorno.
Por lo demás, el artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) establece que los terceros estados por los que debe atravesar un agente diplomático para ejercer sus funciones deben otorgar a éste “todas las inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso”.
Aunque ésta no es una disposición expresa sobre el tránsito de Jefes de Estado o de aeronaves de Estado (cuyo trato es distinto del que reciben las aeronaves civiles según la OACI) es claro que el Jefe de Estado tiene una categoría superior y asimilable al de un agente diplomático.
En todo caso, el libre tránsito de una aeronave de Estado que transporta un Jefe de Estado es una norma establecida por la costumbre internacional siempre que se cumpla con las disposiciones nacionales pertinentes.
Y éstas establecen que una vez otorgada la autorización específica el tránsito de la aeronave de Estado debe ser franco. La referencia pertinente es la que establecen las Normas de Entrada y Salida de Aeronaves de España. Si, según la versión boliviana, esos permisos habían sido otorgados en función del plan de vuelo, los países que los habían concedido debían cumplir con esa obligación y de ninguna manera cancelar la licencia cuando el avión se aproximaba a su espacio aéreo.
Y si luego Francia y España corrigieron su decisión (Francia adujo que había aclarado una información equivocada –la eventual presencia en el avión boliviano del espía Snowden- mientras España afirmó que nunca prohibió la escala del avión boliviano en las islas Canarias) ello no ocurrió cuando ese avión seguía el plan de vuelo original. Por alguna razón la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Viena donde fue revisada mediante autorización boliviana.
El hecho es tan grave que ha merecido sendos pronunciamientos del Perú, de UNASUR y de los secretarios generales de la OEA y de la ONU. Todos ellos coinciden en que, además, se ha puesto en riesgo la seguridad del Presidente Morales y la de su comitiva y concuerdan en la necesidad de esclarecer los hechos.
En tanto estas expresiones de preocupación se han realizado mediante comunicados oficiales que son de naturaleza pública, los representantes de los estados involucrados deben dar una explicación. De no hacerlo estarían sentando un precedente inadmisible para la normal relación entre países que involucra la seguridad de los Jefes de Estado. De otro lado, el hecho que ha motivado tanto la inconducta de los estados aludidos como la reacción del afectado y de terceros, es la defección de un agente de inteligencia norteamericano y las implicancias globales de lo éste ha puesto en evidencia.
Esta materia involucra el espionaje por Estados Unidos (y por otros estados) de países amigos y hostiles así como la corrupción de los medios globales de comunicación electrónica cuya regulación debe lograrse multilateralmente.
Si la primera potencia presionó a quienes suspendieron la autorización de sobrevuelo en momentos en que los estados presionados calificaban el espionaje electrónico norteamericano de intolerable estamos frente a un caso de doble estándar típico de la conjugación del interés nacional y la razón de Estado.
Pero también nos encontramos frente a una muestra de desconfianza mayúscula de esas potencias en relación al comportamiento del gobierno boliviano.
En efecto, el afán protagónico del Presidente Morales (cuya continua presencia en el exterior está siempre ligada a una gran denuncia o a un gran espectáculo) lo ha llevado a colocar a su país en el centro de una disputa mayor sobre espionaje entre grandes potencias. Si, bajo esas circunstancias y sin que nadie se lo pida, el Presidente Morales expresó en Moscú su disposición a estudiar el asilo de Snowden haciendo política de una hipótesis (la solicitud que eventualmente hiciera ese agente) cuando éste se encuentra en el aeropuerto de esa ciudad, no es irracional suponer que los hoy hipersensibles servicios de inteligencia occidentales hayan considerado como un escenario posible la extracción del agente norteamericano a través de una vía excéntrica.
Ello no justifica la inconducta de los estados que suspendieron la autorización de sobrevuelo al avión que conducía al Presidente boliviano. Pero el contexto de ese hecho es aquí claramente relevante.
De allí que la expresión de protesta por los gobiernos suramericanos hay sido el camino más adecuado. No son pocos los gobiernos de los países que integran el UNASUR que no desean verse envueltos en una discusión colectiva sobre el espionaje electrónico que realizan la primera potencia y otros estados gatillada por Bolivia y los países del ALBA que ven en ello otra oportunidad de denuncia multilateral y antisistémica a propósito de un hecho que el propio gobierno boliviano ha contribuido, de manera indirecta pero ostensible, a generar.
Por lo demás, si las responsabilidades correspondientes deben ser atribuidas a los directamente implicados, éstas no deben extrapolarse al conjunto europeo y latinoamericano por el hecho de que algunos gobernantes consideren que ese hecho es una afrenta al conjunto regional. Si el caso boliviano tiene acá implicancias de seguridad éstas deben evaluarse por cada Estado de acuerdo a su propio interés y ser planteada así a quien corresponda. Pero adelantar una posición colectiva en un escenario sin mayor cohesión no parece apropiado. En este marco, la protesta expresada por los miembros de UNASUR y la solidaridad de éstos con el Presidente Morales es suficiente por ahora. Esperamos que ésta no se limite al ámbito declarativo.
