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  • Alejandro Deustua

Atentado Contra el Estado

22 de junio de 2005



El gobierno regional del Cuzo acaba de imponer su voluntad al gobierno central a propósito de un tema que, como el narcotráfico y la siembra de coca, compete a la seguridad nacional. Frente a la pérdida de autoridad, de la capacidad jurisdiccional y del Estado de Derecho que este hecho representa, ningún atenuante es suficiente. En esta perspectiva resulta inconcebible que el Ejecutivo desee hacer aparecer la negociación entre el Presidente, el Primer Ministro y el presidente del gobierno regional del Cuzco sobre la reducción del ámbito de la ordenanza que liberaliza el cultivo de coca en un valle en lugar de tres, como un resultado aceptable cuyas connotaciones ilegales se aclararían en un “reglamento”. Nada más escanadaloso y alarmante.


Lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido ceder parte de la escasa soberanía nacional frente a reclamaciones ilegales de la organización cocalera que está en marcha en el Përú desde hace tiempo. Al someterse al capricho regional, el Ejecutivo ha mostrado, en conseuencia, una alarmante debilidad que pone en cuestión la viabilidad política del Estado. Ello se expresa en la incapacidad manifiesta del gobierno para imponer el Estadode Derecho y ejercer la autoridad respaldada por el monopolio legítimo de la fuerza como condición de vida para cualquier unidad política en un tema que reclama la aplicación de la ley nacional y de tratados internacionales de similar jerarquía jurídica. Hasta hoy, el Estado peruano establecía los límites legales de los cultivos de coca de acuerdo a las obligaciones nacionales que le corresponden (Devida los había establecida en 9000 has.). Esa función se ejercía, a su vez , en armonía con los tratados internacionales de carácter mutlilateral que clasifican a la coca como un estupefaciente colocado en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes de la ONU de 1961 y cuyo cultivo ilegal debe ser erradicado bajo los términos del la Convención de Viena de 1988. Estos tratados no afectan el cultivo destinado a los usos tradicionales que son admitidos como legales. En el Perú, como es de sobra conocido, la coca ilegal (el 90% de los cultivos) está destinada al narcotráfico. Y éste es un deltito sancionado nacional e internacionalmente en tanto sus agentes violentan, de manera reconocida, la seguridad local y la externa. Cualquier vulneración de estas normas implica desconcimiento del derecho internacional y coloca al Estado que lo permite en situación de constituir una amenaza a la comunidad internacional según los términos que registra la redefinición de la seguridad colectiva interamericana.


Para controlar esa vulneración eventual, la OEA a través de una de sus instituciones –la CICAD- ha intentado sustituir, sin éxito, el régimen de fiscalización que ejerce Estados Unidos. Esta potencia evalúa anualmente el comportamiento de los Estados en esta materia. El incumplimiento de las normas internacionales y de las políticas de cooperación establecidas puede conducir a la sanción. Uno de los extremos de la misma implica la suspensión del acceso del Estado violentador a las fuentes de crédito multilateral. Si el Perú ha manifestado su desacuerdo con este sistema evaluatorio, también ha recononcido al narcotráfico y los elementos que lo conforman como una seria amenaza a la seguridad nacional al margen de la calificación que merezcan los métodos para combatirlo. Es esta amenaza la que el señor Cuaresma acaba de potenciar. Por lo demás, ello ocurre en un contexto en el que los cocaleros bolivianos que pretenden la legalización de cultivos han contribuido a la renuncia forzada de dos Jefes de Estado mediante acciones que, invocando un doble discurso “étnico” y “nacionalista”, ha puesto en peligro la unidad nacional del país hermano. Ese síndrome se ha esparcido sobre el Perú cubriendo a la totalidad de las cuencas cocaleras que cubren de sur a norte nuestra ceja de selva. El presidente regional del Cuzco, el señor Cuaresma, con la venia del Ejecutivo, acaba de potenciar exponencialemte ese factor disociador. Y lo ha hecho buscando un rol político que adquiere grotescamente la fisonomía “indigenista” de los movimientos bolivianos confrontando, con éxito, al gobierno central. El correlato marginal de ese atrevimiento es la ilegitimación del proceso de descentralización. En efecto, un gobierno a tal punto débil sencillamente no puede llevar a cabo un proceso de devolución de poder en un país de tradición centralista sin que ello genere ingobernabilidad adicional. Peor aún, lejos de llamar al orden al señor Cuaresma y al partido oficialista al que pertenece –el FIM-, el Ejecutivo ha preferido mantener la alianza con esa agrupación cuyo jefe ejerce además la representación del Estado peruano en España.. La conjunción de este conjunto de factores permiten afirmar que el Estado peruano ha inaugurado una dimensión de vulnerabilidad interna y externa no vista desde el desafío planteado por Sendero Luminoso. Por tanto, su condición de factor de equilibrio en la subregión andina acaba de ser echada por la borda al tiempo que su inserción externa será cuestionada por los socios estratégicos y económicos. El Ejecutivo debe dar inmediata solución a este problema teniendo en cuenta un hecho adicional: los ciudadanos no vamos a permitir la erosión adicional del Estado peruano, ni su fragmentación ni el cambio pernicioso de su naturaleza.

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